Imagen de archivo de una movilización de funcionarios en Valladolid. Foto: úC
Imagen de archivo de una movilización de funcionarios en Valladolid. Foto: úC

Una de las informaciones que, pese a su teórico carácter público, con más celo guarda el gobierno de la Junta de Castilla y León son los repartos periódicos de gratificaciones extraordinarias entre determinados grupos de funcionarios por trabajos realizados al margen de su jornada habitual de trabajo y que en muchos casos han perdido su supuesto carácter extraordinario para formar parte de los ingresos periódicos y regulares que percibe un reducido grupo de empleados públicos autonómicos: las conocidas bufandas.

Romper el secretismo con el que el Ejecutivo del PP trata unos listados que deberían estar colgados en los tablones de anuncios de las distintas sedes de trabajo de la administración autonómica es el objetivo de una nueva ofensiva sindical. El pleno de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta de la que forman parte todos los sindicatos ha acordado solicitar, consejería por consejería, los listados de las gratificaciones concedidas y, además, la justificación de su concesión.

En sus escritos, remitidos a todos los secretarios de todas las consejerías de la Junta el pasado 16 de enero, los sindicatos solicitan información referida a los años 2015, 2016 y 2017.

Gracias a una pregunta parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista se ha conocido que la Junta destinó al reparto de bufandas más de seis millones de euros, sólo en el año 2015.

Pese a que las distintas centrales sindicales que conforman la Junta de Personal solicitan el envío de la documentación, en las cartas enviadas se conforman con ver los documentos en presencia del propio secretario general de cada una de las Consejerías.


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