Orosia Castán (Verdad y Justicia), Juan Carlos García Funes (Foro por la Memoria), Natalia del Barrio (Podemos) y Alejandro Moral (IU), hoy en las Cortes.
Orosia Castán (Verdad y Justicia), Juan Carlos García Funes (Foro por la Memoria), Natalia del Barrio (Podemos) y Alejandro Moral (IU), hoy en las Cortes.

El Foro por la Memoria de Castilla y León rechaza “el fondo y la forma” del anteproyecto de decreto de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León que pretende aprobar la Junta de Castilla y León.

Así se pone de manifiesto en el escrito con aportaciones dirigidas a la Consejería de Presidencia que hoy han registrado en las Cortes de Castilla y León tras haber mantenido una reunión con la procuradora de Podemos, Natalia del Barrio y el representante de IU, Alejandro Moral.

Según el Foro, integrado por el Foro por la Memoria de Zamora, Foro por la Memoria de Segovia, Foro del Valle del Tiétar y Vera, Verdad y Justicia Valladolid y Farinatos por la Memoria, todas ellas integradas en la Federación Estatal de Foros por la Memoria, la norma que impulsa la Junta nace limitada “por haber convocado a un limitado número de asociaciones a la reunión previa a su anuncio y por la paralizada gestión de un mesa de trabajo con las Cortes que aún no ha mantenido conversaciones con asociaciones de la mayoría de las provincias de la comunidad”.

“Nuestra principal propuesta es clara: la retirada de este proyecto de Decreto para tramitarlo como un anteproyecto de Ley, en línea con otras Comunidades Autónomas que han aprobado sus respectivas leyes en materia de Memoria”, reclaman antes de apuntar que las actuaciones de la Junta deben tener como punto de referencia la Carta de Vicálvaro, en la que 88 colectivos de memoria histórica de todo el Estado español expresaron sus reivindicaciones.

Según el Foro, “el Decreto pretende dar algunas soluciones a problemas relativos a las fosas comunes del franquismo, una solución como la que se ha venido aportando hasta ahora, en línea con lo recogido por la Ley de Memoria de 2007, es decir, utilizando mecanismos ajenos a la Justicia, mediante el sistema de privatización y servicios funerarios externalizados, con la diferencia de que ahora se le proporcionaría una suficiente dotación económica, frente a lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en los últimos cuatro años”. “En esa línea de continuismo con los gobiernos de Rodríguez Zapatero se mueve el acuerdo de gobierno firmado el 23 de febrero entre PSOE y Cs, consistente en revitalizar la Ley de Memoria de 2007 “incorporando la dotación presupuestaria que en su caso sea necesaria”. “Para nuestros colectivos, esta es una salida inaceptable. Las fosas comunes del franquismo no son sólo un asunto familiar, sino pruebas materiales de crímenes de lesa humanidad (el tipo penal aplicable sería la desaparición forzada, por tanto, delito permanente e imprescriptible), y como tal deben ser tratadas, es decir, que todas y cada una de las exhumaciones deben ser judicializadas. Todo lo que no se haga en ese sentido es apuntalar la impunidad franquista, favorecer el silencio y la injusticia, y a la postre, certificar el triunfo final del franquismo sobre sus víctimas y sobre la sociedad”, indican.

Los colectivos también hacen hincapié en el tema de las sentencias franquistas que “siguen siendo firmes y legales, es otro elemento que difícilmente podrá incluirse en un Proyecto de Decreto con consecuencias satisfactorias”. “Con la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), algunos juristas interpretan que se abre una puerta para dar una solución a la vigencia de las sentencias represivas del franquismo. Según estos juristas se han establecido mecanismos para que el órgano judicial competente, la Sala de lo Militar del Supremo, pueda revisar las sentencias de manera individualizada”, valoran indicando que “esto sería un camino erróneo hacia la solución del problema, por cuanto implicaría el reconocimiento de la legalidad del conjunto de la legislación represiva franquista y sus sentencias, y además porque centenares de miles de ellas quedarían sin revisar, puesto que muchos de los represaliados carecen de familias o estas pueden no tener interés alguno en iniciar el procedimiento”. “El único camino justo, por tanto, es la anulación por el parlamento de todas las sentencias franquistas, tal y como se hizo, por ejemplo, con las sentencias nacionalsocialistas por la República Federal Alemana en 1998 y 2002”, consideran.

En resumen, el Foro entiende que son muchas las cuestiones que, no solamente quedan al margen del Decreto, sino que, conciernen directamente al mismo pero que “no están encaminadas al cumplimiento al derecho a la Justicia para las Víctimas del Franquismo, en líneas con las recomendaciones realizadas por la ONU al Estado español y en los parámetros que la justicia internacional aplica ante delitos que no prescriben”.

“Un decreto que nace ausente de debate entre las diferentes fuerzas políticas y las diferentes asociaciones memorialistas de la región no puede augurar un prometedor futuro a quien dice pretender amparar en origen”, sostienen.

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