Macho Alfa con manchas de sangre en el hocico. Foto: Arturo de Frías Marqués
Macho Alfa con manchas de sangre en el hocico. Foto: Arturo de Frías Marqués

El TSJ de Castilla y León ha anulado el Plan de Gestión del Lobo por omitir en su tramitación informes técnicos y económicos que, de haber podido ser tenidos en cuenta, podrían haber cambiado algunos aspectos de la norma.

Este varapalo judicial (promovido por la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico), que no es firme, ha sido interpretado por el Consejero de Medio Ambiente, Carlos Suárez Quiñones, como un puro error formal que puede ser solventado sin que eso afecte a la aprobación de cupos para abatir lobos en la Comunidad.

Según el fallo, de la tramitación seguida por la Junta no puede entenderse como emitidos los preceptivos informes del Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León.

“Al haberse omitido dictámenes preceptivos en el procedimiento de elaboración del Reglamento impugnado, debe considerarse que el Decreto recurrido se encuentra incurso en el supuesto de nulidad de pleno derecho (…) al haberse prescindido de un elemento esencial en el procedimiento de aprobación de tal Decreto, por lo que procede declarar su nulidad”, indica el fallo.

La sentencia también apunta que “efectuado el análisis precedente se ha de decir que en los términos en que se han reproducido los informes precedentemente aludidos, del contenido de dichos informes deriva que no se cumplen los requisitos exigidos para la válida existencia del estudio económico que es requerido en la norma transcrita, ya que solo se ha hecho referencia a que no existen gastos superiores a los ya consignados, pero no se conocen cuáles sean tales gastos, ni los sistemas de financiación empleados para subvencionar los mismos, que es lo requerido en el reiterado precepto transcrito, para así poder entender que existen todos los elementos necesarios que justifican las determinaciones de la norma impugnada”.

“Por todo ello, ha de entenderse que existe también la causa de nulidad relativa a la omisión del estudio económico requerido en el precepto referido”, explica el fallo.

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