Terrenos donde están ubicados los nuevos talleres de Renfe. Foto: últimoCero
Terrenos donde están ubicados los nuevos talleres de Renfe. Foto: últimoCero

La sección primera de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite el recurso de casación interpuesto por Ecologistas en Acción contra la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en la denominada Área Homogénea 5 "Páramo de San Isidro", situada al Sur de la ciudad entre las Rondas, donde está prevista la construcción de hasta 4.600 nuevas viviendas como compensación a los propietarios del suelo por la cesión de los terrenos del Nuevo Complejo Ferroviario de Valladolid.

El Supremo, que condena en costas al colectivo ecologista (2.000 euros a la Junta y 1.000 euros al Ayuntamiento) avala así la decisión del TSJ de Castilla y León, que ya se pronunció a favor del desarrollo de esta área Homogénea en concreto, aunque no así en el resto de las proyectadas en la época del alcalde del PP Javier León de la Riva, todas ellas anuladas.

En este caso, el TSJ entendió en su día que no se ha incurrido en desviación de poder porque el principal motivo por el que resultó anulada la Orden FOM/1840/2008, de 6 de octubre, en virtud de la sentencia de 14 de febrero de 2013, fue la ausencia de la necesaria Evaluación de Impacto Ambiental previa a la aprobación definitiva de la Modificación por ella operada, situación que en el presente supuesto no concurre, pues se ha efectuado esa evaluación.

Además, en segundo término, el otro motivo de anulación fundamentado en la sentencia citada hacía referencia a que no se justificaba en la Memoria de aquella MPGOU, que es donde ha de establecerse, la necesidad de ampliar el suelo urbanizable delimitado del Plan General con un nuevo sector de uso predominantemente residencial para atender necesidades que lo justifiquen, algo aquí no sucede  porque sí se aprecia la motivación necesaria: en la ciudad de Valladolid se está desarrollando la denominada “Operación ferroviaria” que, con el objetivo final de lograr la transformación e integración de la red arterial ferroviaria y de llevar a cabo la operación urbanística que para la ciudad dicha transformación conlleva, implica la realización de una serie de actuaciones coordinadas y conjuntas para el desarrollo de las obras derivadas de la Red Arterial Ferroviaria (R.A.F.) de Valladolid, mediante Convenio suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid con fecha 6 de noviembre de 2002, que recoge entre sus estipulaciones la obligación del Ayuntamiento de Valladolid de aportar libres de cargas los terrenos necesarios para la construcción del Nuevo Complejo Ferroviario (NCF) en la variante Este.

Señala además que las obras de los nuevos Talleres en el Complejo Ferroviario, amparadas por el correspondiente Proyecto aprobado por el Ministerio de Fomento y tramitado de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sectorial ferroviaria, se encuentran prácticamente ejecutadas, estando previsto el traslado de los actuales talleres a los nuevos en el Área Homogénea 5 a lo largo de este año (año en el que se redacta la memoria).

Para Ecologistas en Acción, ese fallo supuso una “pirueta legal” dos de los tres magistrados de la Sala dijeron ese fallo lo contrario de lo declarado por ellos mismos “hace ahora cuatro años”, cuando por sentencia de 14 de febrero de 2013 concluyeron que "resulta que no son necesarias esas 4.610 nuevas viviendas, pues según el informe del Ayuntamiento de Valladolid de 1 de octubre de 2010, emitido en el periodo de prueba del proceso, desde el año 2005 hasta el año 2009 se han otorgado 470 licencias de obra nueva de uso residencial, para un total de 9.273 viviendas, siendo el número de licencias de 75 para 1.919 viviendas en el año 2008, y de 46 licencias para 506 viviendas en el año 2009, lo que pone de manifiesto la caída de la demanda de nuevas viviendas que se alega por la parte recurrente".

Ecologistas en Acción siempre ha defendido que la forma de actuar sobre esos terrenos no debe ser el desarrollo de un Área Homogénea como ahora avala el Supremo. En opinión de los ecologistas, “Ayuntamiento de Valladolid y Ministerio de Fomento deberían consolidar la situación legal del Nuevo Complejo Ferroviario procediendo a expropiar los terrenos sobre los que se asienta, por su valor actual como suelo rural”. "La especulación inmobiliaria nunca debería ser un método para financiar las infraestructuras de interés general", declara Ecologistas en Acción, en referencia tanto al Nuevo Complejo Ferroviario como al abandonado soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad.


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