Un momento de una sesión de la Comisión de Investigación.
Un momento de una sesión de la Comisión de Investigación.

Un vecino ha conseguido a título particular lo que lleva meses reclamando sin éxito la Comisión de Investigación sobre la Sociedad Valladolid Alta Velocidad: que el Ministerio de Fomento les haga entrega de las videoactas de la sesión celebrada por la Sociedad en septiembre de 2016.

Al menos, esto es lo que indica la resolución dictada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo al que se dirigió José Manuel Conde Guerra, solicitando no solo las citadas actas, sino también una copia del plan de viabilidad de la Sociedad.

“A juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, atendiendo a la generalidad de la información contenida en la documentación solicitada, su conocimiento no compromete ninguno de los intereses alegados y que son objeto de protección por los límites en los que se argumenta la denegación de la información. En consecuencia, la Mercantil Valladolid Alta Velocidad 2003 debe facilitar al Reclamante el contenido de dichas audio actas, sin que sea de aplicación a nuestro juicio el límite del artículo 15 de la LTAIBG”, concluye el organismo respecto de las actas, aunque no así sobre el plan de viabilidad.

Sobre ese acta en concreto, el Consejo de Transparencia entiende: “Estamos ante un secreto comercial, dado que lo solicitado es un factor determinante para su competitividad y su rendimiento asociado a la innovación en el mercado y, por tanto, para la rentabilidad de sus inversiones, que constituye la motivación subyacente a la investigación y el desarrollo en las empresas, en los términos en que se ha pronunciado la reciente Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016. Por ello, se observa que dar la información puede ocasionar perjuicios comerciales en términos de competitividad para esta empresa del sector de los ferrocarriles españoles, que opera en un mercado altamente competitivo, especialmente en relación con otros medios de transporte, como el autobús o el avión. Teniendo en cuenta el daño, previsible y no hipotético, que puede ocasionarse con el acceso, este Consejo de Transparencia no observa en este caso concreto, un interés superior que justificase el acceso a la información solicitada. En consecuencia, la Reclamación debe ser desestimada en este apartado concreto, al ser de aplicación el límite del artículo 14.1. h) de la LTAIBG”.

La resolución de la Comisión de Transparencia fija un plazo de siete días para que la Sociedad Valladolid Alta Velocidad haga llegar la documentación al vecino reclamante, así como una copia a sus oficinas en las que se acredite esa entrega.

A pesar de que, según fuentes de la Comisión de Investigación el contenido de las audioactas a la que ahora tendrá acceso este vecino ya está “transcrito” en otros documentos, José Manuel Conde está convencido de que “servirán para determinar qué instituciones y qué representantes públicos fueron los que realmente se opusieron a la operación del soterramiento”.

Las actas solicitadas a través de la Comisión de Transparencia también han sido solicitadas, hasta ahora sin éxito, por la Comisión de Investigación que a nivel municipal está analizando el funcionamiento de la Sociedad Alta Velocidad para encontrar responsabilidades políticas al fracaso del soterramiento.

No hay comentarios