Momento en el que un funcionario de la Fiscalía sella la denuncia presentada por Sí se Puede. Foto: SiVa
Momento en el que un funcionario de la Fiscalía sella la denuncia presentada por Sí se Puede. Foto: SiVa

El Grupo Municipal Sí se Puede Valladolid ha presentado hoy miércoles en solitario un escrito de denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por las presuntas irregularidades que podrían existir en el contrato del Portal del Empleado, impulsado por el anterior equipo de Gobierno en el año 2005 y por el que se pagaron cerca de 400.000 euros pese a que nunca funcionó fuera del entorno de pruebas.

La documentación, que han entregado las concejalas Charo Chávez y Gloria Reguero, recoge de manera detallada el desarrollo del proyecto desde el inicio del expediente para la contratación, en septiembre de 2005, pasando por la adjudicación, realizada en diciembre de 2006 a la UTE Ibermática, S.A. y Steria Ibérica, S.A., hasta la actualidad. En este sentido, cabe recordar que Sí se Puede Valladolid ya solicitó sin éxito el pasado mes de febrero en la Comisión Especial de Seguimiento, Vigilancia y Control de la Contratación la remisión del expediente a los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Un detalle que no deja de llamar la atención ya que fue el PSOE el que destapó el asunto y fue el primero en remitirlo a la citada Comisión para que fuera analizado.

“Las dos empresas que en una UTE obtuvieron el contrato tuvieron desde el inicio muchísimas dificultades técnicas para poder implementar este portal. Además, por este contrato se recibió una subvención del Ministerio de Administraciones Públicas por 184.000 euros (…) Nos sorprende que nunca se haya exigido ningún cambio de contrato ni se haya pedido ninguna responsabilidad. No se inició ninguna solución administrativa… Por tanto nos parecía que en el cumplimiento de nuestro compromiso ético al llegar al Ayuntamiento debíamos traerlo y que sea la Fiscalía la que decida qué hay que hacer”, ha explicado a los medios la portavoz de Sí se Puede, Charo Chávez a las puertas de la Audiencia Provincial.

Charo Chávez atiende a los medios tras presentar la denuncia en la Fiscalía. Foto: SíVa
Charo Chávez atiende a los medios tras presentar la denuncia en la Fiscalía. Foto: SíVa

Sí se Puede Valladolid considera inaceptable que se pagaran casi 400.000 euros por este proyecto, que en noviembre de 2009 aún no había concluido su desarrollo y que nunca se terminó debido a las dificultades técnicas alegadas para integrarlo con el sistema de gestión de Recursos Humanos del Ayuntamiento, que era precisamente el objeto del contrato, que por tanto nunca se cumplió, señalando abiertamente a los concejales del PP Jesús Enríquez y Alfredo Blanco, ya dimitido tras su imputación en el caso comfort letters.

Asimismo, según se recoge en el escrito de denuncia, se da la circunstancia de que una de las empresas de la UTE adjudicataria estuvo a cargo del mantenimiento de las aplicaciones en producción del Departamento de Informática del Ayuntamiento hasta octubre de 2005 (momento en el que ya se había iniciado el expediente relativo al Portal del Empleado), lo que hace pensar que conocía con precisión los sistemas del Consistorio y las posibles dificultades que podrían surgir a la hora de poner técnicamente en marcha el proyecto.

Cuatro prórrogas

La cronología de los hechos muestra cómo hasta en cuatro ocasiones se procedió a la concesión de prórrogas a la UTE para tratar de solventar los problemas que se detectaron desde el inicio y que nunca llegaron a solucionarse, situación que tampoco se afrontó ni con la aportación de soluciones administrativas ni cuestionando la continuidad del contrato.

En concreto, el contrato se firmó el 12 de enero de 2007 con una duración de 12 meses e incluía un hardware por valor cercano a 5.280 euros y un software por 384.720 euros (se recibió para su financiación una subvención del Ministerio de Administraciones públicas por importe de 184.000 euros). Nueve meses después, la empresa solicitó una primera prórroga a la que siguieron otras tres por la imposibilidad de afrontar la integración fruto de distintos problemas, entre ellos que desde el inicio nunca se había previsto que el sistema de gestión de recursos humanos del Ayuntamiento no disponía de las funciones e información necesarias para realizar las actividades asignadas al Portal del Empleado.

Fue el 30 de octubre de 2009 cuando el Área de Hacienda y Función Pública del Ayuntamiento pidió a las áreas implicadas que adoptaran las medidas necesarias para cumplir con el plazo de justificación de la subvención y fue finalmente el 4 de noviembre cuando se gestionó. La documentación se acompañó en ese momento de un informe de aceptación del proyecto en el que se apuntaba que la efectividad total se alcanzaría cuando se migraran los datos a una nueva versión del programa de gestión del personal, y con un Informe de aceptación de la parte técnica que desvelaba que el Portal del Empleado estaba en ese momento operativo en el entorno de pruebas y que las tareas pendientes habrían de realizarse cuando arrancara en real. Es decir, se condiciona la aceptación del proyecto al compromiso de la empresa de realizar trabajos futuros que nunca se han realizado, entre ellos la implementación real de la aplicación, la definición de la base de datos y la formación de los trabajadores municipales.

La cronología de los acontecimientos en torno al desarrollo del Portal del Empleado pone de manifiesto que los problemas se detectaron en la fase inicial del proyecto y que, dos años y medio después y tras varios intentos por solventarlos técnicamente, aún no se habían solucionado ni desde esa perspectiva ni desde la administrativa: el relato de los hechos no muestra que se llevaran a cabo acciones para modificar, resolver o extinguir el contrato a pesar de los reiterados avisos de que no se podría dar cumplimiento a los requisitos exigidos.

Reacción del PP

El PP municipal considera que el grupo municipal de Sí se Puede Valladolid, “ha comenzado su campaña electoral”, presentando ante la Fiscalía una denuncia que consideran “infundada” contra varios miembros del Partido Popular. “Utiliza como excusa el Portal del Empleado. Un programa informático contratado hace más de 11 años por el Ayuntamiento de Valladolid y que ha sido analizado durante el último año por la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control de la Contratación, acreditando que se adjudicó legalmente sin apreciarse ningún tipo de irregularidad”.

El concejal del PP, Jesús Enríquez. Foto: Gaspar Francés
El concejal del PP, Jesús Imagen de archivo de Enríquez, en el centro, que habla con Alfredo Blanco en un pleno. Foto: Gaspar Francés

El PP recuerda que entre las actuaciones realizadas en el seno de la citada comisión figura un informe del Vicesecretario General del ayuntamiento que dice textualmente: “Tampoco se ha señalado la posible incursión en alguna irregularidad en la tramitación del expediente de contratación en cuestión, de la que puedan deducirse indicios de responsabilidades administrativas y/o penales para alguno de los intervinientes en la tramitación del mismo (…)”.

El PP insiste en que “incluso, la petición de responsabilidades políticas formulada por Sí se Puede fue rechazada por el resto de los grupos políticos que componen la comisión de vigilancia de la contratación, como la propia formación ha reconocido”. Además, indica el PP que “se da la paradoja de que ningún grupo político ha pedido a lo largo de los 12 meses que ha durado el análisis de este contrato ninguna explicación a los responsables políticos que se han ido sucediendo en las áreas en las que se encuadran el departamento de personal, responsable de poner en marcha el programa durante los últimos 9 años, y el departamento de tecnologías que debía colaborar a instancias del departamento de personal”.

A juicio de los populares, este es “un hecho especialmente llamativo, si tenemos en cuenta que en el actual mandato corporativo, tampoco se ha puesto en funcionamiento el Portal del Empleado, circunstancia que afecta a la actual Concejalía de Hacienda y Función Pública y a la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes donde se concentran las competencias en informática”.

Cortina de humo

Para los populares esta actitud obedece a una estrategia de “cortina de humo, queriendo utilizar y empañar un contrato que se inició hace más de 10 años y que se contrató legalmente, para ocultar las irregularidades contractuales de su actual gestión”.

“El tripartito municipal con su rodillo está impidiendo que lleguen a la comisión de control de la contratación varios expedientes solicitados por el Grupo Popular, que contienen indicios de irregularidades (algunas flagrantes), tales como: La contratación de servicios turísticos, incumpliendo la normativa autonómica; Numerosos expedientes de convalidación y reconocimiento extrajudicial de deudas en diversos organismo municipales (en especial de las Fundaciones de Cultura y de Deportes); Se niegan a exhibir expedientes de la contratación de parientes y compañeros de partido, que han entrado a trabajar en el ayuntamiento bajo su gobierno; Contrato de mantenimiento de sistemas de seguridad (alarmas), de los centros dependientes de Participación Ciudadana. Contrato de la reforma de la pista Polideportiva de Ribera de Castilla; Patrocinio del evento denominado “Ciudad imaginada”, incumpliendo la instrucción municipal y el abuso de los contrato menores para eludir una mayor concurrencia, denunciado el pasado verano por la Intervención General del Ayuntamiento”.


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