Movilización de los funcionarios de Justicia en Valladolid.
Movilización de los funcionarios de Justicia en Valladolid.

Los funcionarios de la administración de Justicia se ha concentrado este jueves en Valladolid, a las 12:00 horas, ante los centros de trabajo de Justicia, para exigir que se cumpla el principio de igualdad “a igual trabajo, igual salario”, reclamando la equiparación salarial de los funcionarios de Justicia de Castilla y León, respecto a los trabajadores de Justicia de otras comunidades con las competencias asumidas, y en defensa de la mejora de las condiciones laborales. En Valladolid, el número de funcionarios de Justicia suman unos 650.

Los funcionarios de Justicia de Castilla y León, que dependen directamente del Ministerio de Justicia, son los que menos cobran de toda España “por hacer el mismo trabajo que funcionarios de otras comunidades autónomas, que llegan a cobrar entre 380 y 570 € mensuales menos que sus compañeros de País Vasco, o entre 319 y 333 € menos que los de Navarra”, explica CSIF en un comunicado.

Según CSIF, sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, e integrante de la plataforma constituida junto con CCOO UGT y STAJ para la equiparación de los salarios, la clave de la diferenciación salarial está en el complemento específico, que es más elevado sin excepción en todas las comunidades que han asumido las transferencias en materia de Justicia. Por ello, se han presentado más de 10.000 firmas de los funcionarios de Justicia, sin que haya habido respuesta por parte del Ministerio.

"Pero no sólo se trata de ese complemento, recientemente se han presentado un conjunto de enmiendas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que suponen un nuevo atentado a los derechos de los funcionarios de Justicia entre otros. Por ejemplo, se pretende modificar su centro de destino actual, permitiendo que se les pueda cambiar al antojo de los responsables dentro del ámbito municipal”, apunta CSIF.

Según el sindicato "es la enésima piedra en el camino que se pone a los funcionarios de la Administración de Justicia, remarca el sindicato independiente, que ven en el día a día como diversos compromisos y proyectos, como el de suprimir el papel en favor del formato digital, es un fiasco". CSIF "lamenta y alerta" de que, “como conclusión, la Justicia se ahoga en una absoluta falta de medios personales y materiales, lo que requiere la queja y la protesta de los funcionarios, que son afectados por la situación. Pero no sólo, ya que jueces y fiscales también han iniciado un calendario de movilizaciones para reclamar un mejor funcionamiento de la Justicia”.

A pesar de la presentación de las 10.000 firmas al ministro de Justicia, solicitando la apertura de una mesa de negociación; y después de 3 meses de presentarse una tabla reivindicativa pormenorizada, el Ministerio sigue dando la callada por respuesta “a las justas reivindicaciones de los funcionarios de Justicia del ámbito del Ministerio”.

CSIF denuncia que el Ministerio sigue sin cumplir con los acuerdos de 2015, “al tiempo que crea juzgados sin medios, imponiendo un modelo de oficina judicial y fiscal rígido, y derrochando el dinero en una tecnología que no sirve para ayudar, sino para ahogar aún más a los órganos judiciales y fiscales”.

La esperada y reclamada mesa de negociación tiene que acabar con la “grave discriminación” salarial que sufren los funcionarios de Justicia del ámbito ministerial; así como la recuperación del complemento de violencia sobre la mujer, y el establecimiento de complementos en otros órganos especializados, insiste CSIF. También están pendientes las retribuciones y revisiones de normativa por las guardias y la insularidad.

Para terminar, “lejos de atender estas justas reivindicaciones”, CSIF afirma que el Ministerio de Justicia lanza “el penúltimo ataque frontal contra las condiciones laborales de sus funcionarios, y lo hace a espaldas de la mesa de negociación, apadrinando la presentación por el Grupo parlamentario Popular de unas enmiendas a la LOPJ, que afectan seriamente a los centros de destino, la movilidad forzosa y la atribución arbitraria de funciones sin remuneración”. En definitiva, CSIF concluye que el Ministerio de Justicia vulnera el derecho a la negociación colectiva, no convoca la mesa de negociación, no cumple los acuerdos que firma, o es incapaz de llevar a buen puerto la reforma del Registro Civil.

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