Un vecino protesta contra la Ordenanza Municipal en presencia de un agente de la Policía Municipal. Foto: Jorge Ovelleiro
Un vecino protesta contra la Ordenanza Municipal en presencia de un agente de la Policía Municipal. Foto: Jorge Ovelleiro

A raíz de la polémica suscitada por la identificación y conducción a comisaría de varias activistas que colocaban carteles en la vía pública llamando a movilización en la huelga general feminista del pasado 8 de marzo, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se comprometió a trasladar a la Policía Municipal una instrucción para que la interpretación de la norma municipal no menoscabase el derecho a la libertad de expresión.

La ‘circular interpretativa’, firmada el 11 de abril por el director del Área de Seguridad y Movilidad y el propio concejal, Luis Vélez, a la que ha tenido acceso últimoCero, deja claro que “la fijación de carteles en bienes de titularidad municipal con propaganda de carácter social, ideológico, vecinal, político o en general que contengan mensajes sin ánimo de lucro (no los de carácter comercial o mercantil o que promuevan de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones) se puede realizar libremente sin autorización al prevalecer la libertad de expresión”.

La interpretación, además, incluye como condicionantes que esa colocación de carteles “no produzca daños o deterioros” en las superficies donde se coloquen, que su pegada no comporte “riesgo para la seguridad o salubridad pública” y que “no se realice en monumentos ni en bienes de carácter histórico, monumental o de singular valor arquitectónico”.

La claridad de la ‘circular interpretativa’, en la que se recuerda la sentencia de 8 de octubre de 2013 dictada por la Sala de lo Contencioso de Valladolid del TSJ de Castilla y León que se pronuncia en el mismo sentido, no parece que esté surtiendo demasiado efecto, ya que la Policía Municipal de Valladolid sigue proponiendo sanciones por la pegada de carteles, pero no basándose en la Ordenanza municipal cuya interpretación ha dejado clara el equipo de Gobierno, sino en la Ley Mordaza estatal, sobre la que el Ayuntamiento no puede decir nada.

Este es el caso del último incidente registrado en la ciudad a cuenta de la colocación de carteles. El pasado 28 de abril, el agente de la Policía Municipal de Valladolid destinado como ‘policía de barrio’ en San Pedro Regalado (número 8825) acabó denunciando al presidente de la Asociación Vecinal San Pedro regalado-Los Viveros, Jesús Blanco, por pegar en las paredes de las calles del barrio una cartel anunciando una paella para celebrar las fiestas del barrio el próximo día 12 de mayo.

“Estaba pegando los carteles de esta actividad ‘subversiva’ que es hacer barrio compartiendo una paella con 200 vecinos. El policía me vio y no dijo nada. Luego varios vecinos me avisaron de que él mismo se estaba encargando de quitar los carteles que acabábamos de poner -siempre en las paredes de ladrillo con cinta de carrocero- y le pedí explicaciones. No le hizo falta ni pedirme el DNI, yo mismo se lo di antes de indicarle que era yo el que ponía los carteles y que podía denunciarme, pero no quitar los carteles, que eso, en todo caso, debería ser competencia de los trabajadores del servicio de limpieza… En ese momento se bajó del coche y quitó otro cartel delante de mis narices. Al final me denunció y me acabó diciendo que si seguía la próxima sería por desobediencia”, explica Blanco, indicando que la denuncia del Policía Municipal que puede conllevar una multa de hasta 600 euros, “es en aplicación de la Ley Mordaza”.

Fuentes municipales consultadas por últimoCero reconocen que, pese a la clara intencionalidad de la ‘circular interpretativa’ dictada por el concejal de Seguridad, pese a su clara intención, resulta poco o nada eficaz, ya que está en manos de los propios agentes el proponer sanciones en base a la Ordenanza municipal (en la que sí que estaría vigente esa línea interpretativa) o la Ley Mordaza estatal, con la que “el Ayuntamiento no tiene nada que decir”.

Aunque el Grupo Municipal Ciudadanos cuestiona la legalidad de esta ‘Circular interpretativa’ y ha solicitado un informe jurídico a la Secretaría General del Consistorio para “conocer la legalidad de la instrucción firmada por el Concejal socialista responsable del Área” para “regular la pegada de carteles sin autorización en la ciudad”, fuentes del equipo de Gobierno que anuncian que no se opondrán a la petición de ese informe, se muestran “absolutamente confiados” en su legalidad.

Otra cosa muy distinta, a la vista de los últimos acontecimientos, es que finalmente resulte efectiva.


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