Imagen de un lobo abatido.
Imagen de un lobo abatido.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha paralizado la caza del lobo en la Comunidad. Ha dado la razón a ASCEL y ha aplicado la medida cautelar solicitada por el colectivo conservacionista: suspende la Resolución de 29 de julio de 2016 dictada por la Dirección General del Medio Natural, por la que se aprobaba el plan de aprovechamientos comarcales de lobo en terrenos cinegéticos situados al norte del Río Duero en Castilla y León, para las temporadas 2016/2017, 2017/2018 y 2018/2019.

El auto del TSJ, correspondiente a un Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por ASCEL en junio de 2017, paraliza esos “aprovechamientos cinegéticos” de lobos en las temporadas 2016/2017, 2017/2018, que ya no tendría efecto, pero también para la temporada 2018/2019, lo que “supone un precedente porque por primera vez una medida como esta tendrá efecto real en la población de lobos, evitando la muerte de individuos”.

Una de las motivaciones indicadas en el auto es que la resolución discutida se basa en disposiciones normativas anteriores, previamente anuladas por la misma sala del TSJ. En concreto: El Decreto 32/2015, de 30 de abril, por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre; El Decreto 14/2016, por el que se aprueba el Plan de Conservación y Gestión del Lobo en Castilla y León; La Orden FYM/609/2016, de 28 de junio, por la que se aprueba la Orden Anual de Caza y el Plan de aprovechamientos comarcales para la temporada 2015/2016.

ASCEL recalca que “es importante señalar que el TSJ basa la anulación en un mismo presupuesto: no cabe considerar al lobo como especie cinegética, porque para ello debe quedar demostrado que se garantiza el estatus de la población, y su distribución geográfica, algo que no ha hecho la Junta de Castilla y León”.

El Tribunal considera también que esos “aprovechamientos comarcales” pueden ocasionar perjuicios de difícil reparación.

Según el colectivo “la Justicia pone una vez más en evidencia la pésima gestión de los actuales responsables de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, incapaces de sacar adelante cualquier normativa ambiental”. “Por eso desde ASCEL solicitamos la dimisión del Consejero como responsable político de tantos desmanes, o bien su cese por parte del Presidente de la Junta de Castilla y León”, indica en el comunicado difundido para valorar este pronunciamiento judicial.


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