La viceconsejera de Función Pública, Marta López y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Foto: JCyL
La viceconsejera de Función Pública, Marta López y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Foto: JCyL

La respuesta que el Consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez ha dado a los representantes sindicales de los funcionarios que por unanimidad solicitaron el cese de la Viceconsejera de Función Pública, Marta López, por negarse a facilitar información relativa a la situación concreta de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Castilla y León, ha provocado una respuesta inmediata.

El Consejero respondió a la petición de cese asegurando que “nunca” aceptaría su dimisión, ni aunque ella misma se lo pidiese, y calificó sin ambages de “rotundamente falsas” las acusaciones de la Junta de Personal de Servicios Centrales de la Junta.

La reacción sindical de nuevo ha vuelto a ser unánime para ‘tapar la boca’ y retar al consejero a “que pida perdón” o demuestre que no son ciertos los incumplimientos denunciados y que como ya adelantó últimoCero, se han traducido ya en una resolución firme y la tramitación de cuatro expedientes mas por el Comisionado de la Transparencia por denegar información a la que los representantes de los trabajadores de la Junta tienen derecho. El acuerdo, según fuentes sindicales, se adoptó en un pleno extraordinario de la Junta celebrado este mismo martes con un único punto del orden del día: Medidas a tomar ante las declaraciones del consejero de Presidencia sobre la petición de cese de la viceconsejera de Función Pública.

Los sindicatos que componen la Junta de Personal quieren recordar al Consejero que el pasado 7 de mayo, el Comisionado de Transparencia le dio 15 días para que cumpliera la resolución 127/2017 de 17 de noviembre y entregue de forma completa la Relación de Puestos de Trabajo de los Funcionarios de la Junta de Castilla y León.

También denuncian que no solo se salta al Comisionado de la Transparencia, sino que incumple las Resoluciones (no vinculantes) del Procurador del Común: el pasado 7 de agosto, el defensor del pueblo instaba a la Consejería de Presidencia a que “a la mayor brevedad posible” convocase los Concursos de Traslados de los Funcionarios que no se producen desde hace 4 años, pero 9 meses después, nada se sabe del cumplimiento de esta resolución.

Los sindicatos explicitan otros 4 ejemplos que sirven para desmentir al consejero. En todos ellos existe un expediente abierto por el Comisionado de la Transparencia por denegar información. Se trata de peticiones que tienen que ver con los datos necesarios para poder conocer a qué puestos de libre designación se les aplica el decreto de jornada de los funcionarios; el documento final o el último borrador existente donde se especifiquen las funciones laborales de las futuras RPT’s de los funcionarios de los servicios centrales; el listado de funcionarios que cobraron gratificaciones extraordinarias (‘bufandas’) y por qué durante los años 2015, 2016 y 2017 o, por último, la memoria económico financiera donde se justifica el precio de la tasa para la autorización o reconocimiento de compatibilidad con actividades públicas o privadas al personal afectado por el Reglamento de Incompatibilidades.

Además de los expedientes abiertos por negar estas informaciones concretas, públicas y que afectan a los funcionarios, los sindicatos también apuntan otras solicitudes de información que aún no han sido atendidas por el Consejero de la Presidencia al que recuerdan que una cosa son las mesas de negociación con los sindicatos y otra muy distinta atender el derecho a la información de los representantes de los trabajadores que él dirige.


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