Jueces y fiscales a las puertas de la Audiencia de Valladolid. Foto: @aifosan
Jueces y fiscales a las puertas de la Audiencia de Valladolid. Foto: @aifosan

Más de la mitad de los jueces destinados en los juzgados repartidos por toda la Comunidad han secundado hoy la jornada de huelga convocada por las principales asociaciones de jueces y fiscales (Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales) para reclamar el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial.

Según los datos oficiales facilitados por el TSJCyL, de un total de 306 jueces y magistrados destinados en Castilla y León, 155 han comunicado su decisión de secundar la jornada de paro, es decir, el 50,65%.

En cuanto a las actuaciones judiciales suspendidas, las mismas fuentes señalan que no es posible ofrecer una cifra global, porque algunos juzgados han comunicado la suspensión de todas sus actuaciones sin concretar el número. Los que sí han concretado ese dato suman 91 actuaciones suspendidas.

Por provincias, el número de jueces y magistrados que han comunicado su decisión de secundar la jornada de paro es el siguiente: Ávila 7 de 15; Burgos 34 de 59; León 19 de 55; Palencia 8 de 20; Salamanca 24 de 32; Segovia 14 de 16; Soria 2 de 13; Valladolid 32 de 76; Zamora 15 de 20.

Coincidiendo con esta jornada de huelga Los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia han suscrito hoy la siguiente declaración:

“Ante la convocatoria de una huelga por las asociaciones judiciales y fiscales para este día, los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia quieren expresar lo siguiente:

Nuestra posición institucional como máximos representantes del Poder Judicial en cada Comunidad Autónoma nos impide sumarnos a medidas de presión colectivas en nuestro ámbito profesional.

Las graves carencias que crónicamente sufre la Administración de Justicia, y que los poderes Legislativo y Ejecutivo continúan sin corregir, han desembocado en una situación insostenible, que genera el lógico malestar generalizado de toda la Carrera Judicial y Fiscal.

Por ello, mostramos nuestra solidaridad con las Asociaciones judiciales y fiscales en su intento por mejorar la situación actual y apoyamos las justas y legítimas reivindicaciones así como la mejora de las condiciones profesionales que defienden”.

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