Megane fabricado en la factoría de Palencia. Foto: Renault
Megane fabricado en la factoría de Palencia. Foto: Renault

Más de 1.000 eventuales que podrían convertirse en fijos serán las primeras víctimas del fin del tercer turno en las factorías de Renault en Palencia y Valladolid que hoy ha confirmado a los sindicatos la multinacional francesa a la representación de los trabajadores.

Mientras sindicatos como CCOO indican que esta decisión, con la que aseguran están “disconformes”, les ha pillado “por sorpresa” y lamentan que esta medida no se ponga en marcha “de forma paulatina y escalonada sin crear la alarma social que se ha formado con esta decisión tan impactante para la plantilla de Renault y para la sociedad de Castilla y León”, otros, como CGT no dudan en hablar de la “crónica de una muerte anunciada”, cuando no directamente de “paripé”, como es el caso de los TU.

Lo cierto es que, según ha comunicado la propia empresa, la factoría de Palencia pasará a producir en dos turnos a partir del próximo 23 de julio (950 trabajadores afectados). Mientras que en la factoría de Valladolid finalizaría la producción en tres turnos el próximo 13 de agosto (400 trabajadores despedidos).

La supresión de este tercer turno, que la empressa justifica por la bajada de ventas entre 8% y 11% de los modelos Captur, Megane y Kadjar, se produce cuando la multinacional presume de que la cuota de mercado del grupo ha aumentado hasta un 4%, con más de 3’7 millones de vehículos vendidos en 2017 y es la 2ª marca en ventas de Europa.

Pero además también se solapa con victorias judiciales relevantes: Tanto los juzgados como la Inspección de Trabajo, continúan argumentando que los contratos de duración determinada (eventuales) en Renault, deberían ser indefinidos. “En las últimas semanas hemos recibido varias sentencias que obligan a la empresa a readmitir, en diferentes factorías, a personas a las que se les había realizado un contrato eventual que debería haber sido indefinido. De todas formas, la presión por parte de la empresa es tan fuerte que tan sólo un porcentaje mínimo de personas se está atreviendo a denunciar”, explican fuentes de CGT.

Este sindicato ya ha anunciado en la reunión de hoy que no apoyará que se destruya “un solo puesto de trabajo”, más aún cuando se sabe que sus contratos “están en fraude de Ley y deberían ser indefinidos”.

“Nos preguntamos si estos son los frutos del III Plan Industrial que tantos empleos iba a propiciar y que lo único que ha supuesto ha sido un retroceso en nuestros derechos. También señalamos como culpables de esta situación a la Junta de Castilla y León y a las administraciones públicas estatales y autonómicas que, pese a las innumerables subvenciones que han otorgado a Renault y a otras grandes empresas, son incapaces de crear empleo digno, estable y de calidad. Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más población pierde y este tipo de multinacionales no solo no ayudan a solucionar el problema, sino que lo agravan con el beneplácito de la Administración Pública; esta, conocedora de las contrataciones en fraude de ley, se dedica a mirar para otro lado mientras cede ante el chantaje de las empresas. Mientras tanto, la única alternativa que nos queda, es acudir a los juzgados; el diálogo con la empresa sobre esta cuestión, es inútil”, denuncia CGT.

Trabajadores Unidos también ha criticado el contenido de esta primera reunión: “Todos sabemos que estas “reuniones consulta” son un paripé y que no hay nada que consultar puesto que está mas que decidido y será un hecho la eliminación de estos 1.500 empleos mas los daños colaterales de aquellos que pertenecen a empresas externas que trabajan para este turno. La realidad es que esta masacre laboral, no es más que la antesala del próximo plan industrial que ya se está comenzando a cocinar y en el cual somos los trabajadores los que saldremos perdiendo como siempre, siendo aún más precarizados y lo peor que será con el apoyo de sindicatos cómplices de ello. No nos dejemos engañar”.

Los TU, también han aprovechado la reunión para “pedir explicaciones sobre dónde están los 50 millones que la Junta de Castilla y León ‘donó’ a Renault para la creación de empleo, empleo que ahora quieren eliminar”.

“Hemos propuesto al Comité Intercentros en pleno, exigir la eliminación de horas extras, de prolongaciones de jornadas, de sábados para cubrir las “necesidades” de la empresa, en un momento en el que nos están diciendo que se prescinden de tal cantidad de empleo en las factorías. Proponemos también la reducción de jornada y por supuesto, todos los sindicatos se unan con nosotros el compromiso claro y con datos específicos de estabilizar los empleos indefinidos”, expone Trabajadores Unidos.

Por su parte, en la reunión mantenida hoy que tendrá continuación el próximo 7 de junio, CCOO ha exigido el cumplimiento de Plan Industrial 2017-2020, “que la dirección de la empresa ha asegurado que cumplirá en todos los términos pactados”, según indica el propio sindicato en un comunicado. “También hemos planteado que los contratos eventuales no se rescindan ante de su fecha de finalización y se eliminen las prolongaciones de jornada y las horas extras en todas las factorías. Hemos pedido que la reasignación de las trabajadoras y trabajadores en los turnos se hagan de acuerdo a sus preferencias para poder compatibilizar la vida laboral y familiar y que todos los eventuales que tengan que salir sean recuperados por Renault en cuanto sea posible”, llegan a indicar dando por hecho que la multinacional acabará ejecutando sus planes según lo previsto.

Al margen de las reacciones sindicales, IU-Equo ha solicitado la comparecencia ante el pleno de las Cortes de Castilla y León de la Consejera de Economía, Pilar del Olmo. “Durante estos días hemos asistido a un intento por parte de la Junta de Castilla y León de minimizar el problema” declara José Sarrión “si se ejecuta el plan que hoy ha comunicado la empresa a los trabajadores, sería otro mazazo más a la ya precaria situación del tejido industrial en esta comunidad”. “Es por eso por lo que hemos solicitado a la Consejera de Economía, Pilar del Olmo, que comparezca y que dé explicaciones ante el pleno de las Cortes. Consideramos este asunto de la máxima gravedad y por ello queremos saber si la Junta de Castilla y León va a hacer algo o, como en el caso de Nissan, va a resignarse a lo que decidan desde los consejos de administración de las empresas” ha expuesto Sarrión.


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