El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, en un momento de su intervención en el pleno ante la atenta mirada del alcalde, Óscar Puente. Foto: Gaspar Francés
El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, en un momento de su intervención en el pleno ante la atenta mirada del alcalde, Óscar Puente. Foto: Gaspar Francés

Ni el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ni el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, han rechazado hoy de plano plantear una revisión del convenio ferroviario para retomar la idea del soterramiento en el pleno celebrado esta mañana en el Ayuntamiento.

Tanto PP como Ciudadanos han planteado, a raíz del cambio de Gobierno, que el Ayuntamiento retome ahora la idea ya descartada del soterramiento, ya que el PSOE estará ahora al frente del 75% de la sociedad Valladolid Alta Velocidad. La respuesta dada por el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, no ha sido todo lo tajante que cabía esperar y, al ser preguntado por la portavoz del Ciudadanos, Pilar Vicente, se ha mostrado dispuesto a “hablar de todo” en la próxima reunión, aunque partiendo de dos premisas: el respeto a los compromisos ya adquiridos y que cualquier modificación que se produzca sea adoptada “por consenso” y tenga vocación de ser estable en el tiempo.

El PP ha obtenido del alcalde de Valladolid la misma respuesta cuando ha planteado esta misma cuestión en forma de ruego. Óscar Puente ha hecho suyas las declaraciones de su concejal de Urbanismo y para nada a puesto sobre la mesa un no rotundo a un posible replanteamiento de la operación urbanística relacionada con las vías del tren.

En el centro, Carlos Fernández, concejal del PP. Foto: Gaspar Francés
En el centro, Carlos Fernández, concejal del PP. Foto: Gaspar Francés

Este ha sido uno de los temas más significativos de cuantos se han tratado en el pleno ordinario de junio que, al contrario que en otras ocasiones ‘solo’ ha durado 4 horas y media, después de que, tras la expulsión del portavoz del PP en la sesión anterior por sus constantes interrupciones y quejas, se haya decidido acotar y respetar los tiempos de intervención de cada concejal.

La sesión ha estado marcada por las prisas que ahora le han entrado a la oposición por incrementar el nivel de exigencia municipal ante el cambio de gobierno a nivel estatal. Y aunque se han respetado las formas, el pleno no ha estado exento de dureza, reproches y ácidas intervenciones a cuenta del cambio político producido como consecuencia de la moción de censura que ha tumbado el gobierno del PP y a la postre el liderazgo de M. Rajoy.

Mesa presidencial del pleno. Foto: Gaspar Francés
Mesa presidencial del pleno. Foto: Gaspar Francés

El pleno ha comenzado con acuerdo al respaldar todos los grupos una moción corporativa para demandar mejoras en el Servicio AVANT Valladolid-Madrid, atendiendo las demandas expresadas en el propio salón de plenos del representante de la asociación de usuarios, José Luis Árias, que fue el primero en resaltar el valor del acuerdo entre partidos distintos esté quien esté al frente del gobierno central.

Pilar Vicente, portavoz de Ciudadanos. Foto: Gaspar Francés
Pilar Vicente, portavoz de Ciudadanos. Foto: Gaspar Francés

No ha salido adelante la moción presentada por Ciudadanos para la mejora y el fomento del servicio municipal de bicicletas. Su portavoz, Pilar Vicente, que habló de número de usuarios estancado, contó con el respaldo del PP, pero no así del resto de grupos, que le recordaron que el contrato suscrito con la empresa que gestiona el servicio se suscribió por 10 años. “No es lógico hacer contratos tan largos. Si la empresa cumple no lo podemos rescindir”, reconoció la concejala de Medio Ambiente María Sánchez, mientras que el concejal de Seguridad, Luis Vélez, reconocía también que las cláusulas del contrato impiden implantar el servicio de bicis eléctricas para subir al barrio de Parquesol.

Asumiendo las enmiendas planteadas por el PP, salió adelante una moción presentada por Sí Se Puede para elaborar un plan de modernización del Ayuntamiento de Valladolid y para la adaptación de sus procedimientos de tramitación administrativa a las nuevas tecnologías.

La portavoz de Sí se Puede, Charo Chávez. Foto: Gaspar Francés
La portavoz de Sí se Puede, Charo Chávez. Foto: Gaspar Francés

Finalmente la moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos.

Más debate provocó la moción conjunta de los grupos municipales Valladolid Toma la Palabra y Sí Se Puede Valladolid para la retirada de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un Proyecto Paneuropeo de Pensiones Individuales (PEPP) que estuvo precedida de una intervención a cargo de Fernando González actuando como portavoz de la Asamblea en Defensa del Sistema Público de Pensiones.

González, que dio las gracias “especialmente a Valladolid Toma la Palabra”, centró su intervención en la idea de que “las movilizaciones están dando sus frutos”. Tras reiterar su petición de una pensión mínima de 1.084 € al mes, el portavoz del colectivo no dudó en reclamar que se “aproveche” el cambio de escenario político para rectificar. “Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden”, remachó al final de su discurso.

Público asistente en la tribuna del público. Foto: Gaspar Francés
Público asistente en la tribuna del público. Foto: Gaspar Francés

Para el concejal no adscrito, Jesús Presencio, la moción presentada “no incide en la verdadera solución de fondo” y para la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, “se debe debatir en un espacio más amplio”, señalando para ello el Pacto de Toledo.

La portavoz de Sí se Puede se refirió al Proyecto Paneuropeo de Pensiones Individuales como “una engañifa” de las entidades financieras. “¿Qué nos preocupa más, el capital o las personas?” se preguntó para acabar denunciando que la aprobación de este plan “no es una decisión inocente”.

El portavoz del PSOE, Pedro herrero, indicó que “la UE no tiene competencias para diseñar cómo debe ser nuestro sistema de pensiones”. “Hay que garantizar las pensiones y no jugar al casino con ellas. Queremos consagrar las pensiones como un derecho fundamental y no mercantilizarlas”, dijo el portavoz socialista, que defendió “la opción personal de los planes de pensiones, pero no dentro del sistema público”.

El concejal del PP Carlos Fernández, no dudó en usar su intervención para cargar contra el equipo de Gobierno porque ahora que “toman el cielo por asalto, La Moncloa”, ya no exigen al Gobierno sino a la UE”.

Se refirió a los concejales de Valladolid Toma la Palabra como “los herederos ideológicos de los asaltantes del Palacio de Invierno”, acusándoles de tener una concepción “estalinista”. Fernández vistió su discurso a favor de los planes privados de pensiones con la defensa a ultranza de “la libertad individual”.

Alberto Bustos, de Valladolid Toma la Palabra. Foto: Gaspar Francés
Alberto Bustos, de Valladolid Toma la Palabra. Foto: Gaspar Francés

La respuesta que obtuvo del concejal de Valladolid Toma la Palabra fue contundente: “No criticamos que quien quiera y pueda se haga un plan de pensiones privado, pero sí que eso reste fondos públicos en forma de desgravación. No sé si soy heredero del asalto a los Palacios de Invierno, pero sí sé gracias a una reciente sentencia que usted es heredero de los que asaltan las arcas públicas”.

En la réplica la portavoz de Ciudadanos también intentó sembrar cizaña: “Respetemos la libertad individual. Con dinero uno se puede comprar un chalé o un plan de pensiones”, dijo con intención, aunque sin efecto.

El portavoz del PSOE, Pedro Herrro habla con el concejal de Hacienda durante el pleno. Foto: Gaspar Francés
El portavoz del PSOE, Pedro Herrro habla con el concejal de Hacienda durante el pleno. Foto: Gaspar Francés

Finalmente, y tras una llamada al orden del alcalde al público asistente para que guardara silencio y no discutieran entre ellos, Puente intervino para aclarar que sus planes de pensiones no son para “completar una pensión pública”, sino para garantizársela, ya que mientras trabajó como abogado cotizó a una mutua privada.

La moción salió adelante con 15 votos a favor, 12 en contra y una abstención.

José Antonio Martínez Bermejo, portavoz del PP. Foto: Gaspar Francés
José Antonio Martínez Bermejo, portavoz del PP. Foto: Gaspar Francés

La moción del grupo municipal Popular para potenciar el vehículo eléctrico, otros vehículos limpios y el transporte sostenible en Valladolid fue sustituida por otra del PSOE, que sí que contó con respaldo suficiente para ser aprobada. En el debate, el portavoz del PP, José Antonio Martínez Bermejo, quiso que se retiraran las acusaciones de “postureo” vertidas por Sí se Puede y acabó usando su intervención para intentar provocar al concejal de Hacienda “usted solo consensúa temas familiares” (en una referencia al contrato que firmó a su cuñada) y al propio alcalde: “El anterior alcalde se desplaza en coche eléctrico que se ha comprado. Usted usa el del Ayuntamiento”, le afeó.

Puente respondió indicando que el coche eléctrico que usa en sus desplazamientos es “cedido por Renault” y no le cuesta un euro al Ayuntamiento.

Tampoco salió adelante una moción del grupo municipal Popular para facilitar a los contribuyentes la devolución del importe de las autoliquidaciones no prescritas en concepto de plusvalías, ante situaciones de inexistencia de incremento de valor de los inmuebles transmitidos, y el reconocimiento de la no sujeción al impuesto en dichos supuestos, prácticamente idéntica a la ya presentada por Ciudadanos hace seis meses.

El concejal del PP Jesús Enríquez denunció en este punto que gracias al “catastrazo” del primer año de legislatura “se ha incrementado el valor de las viviendas que es el responsable de este atraco al contribuyente”.

Sí que se aprobó, sin el debate esperado en las filas del PP, una oportunista moción de apoyo a las víctimas ante el anuncio del final de ETA.

Jesús Presencio y Pilar Vicente. Foto: Gaspar Francés
Jesús Presencio y Pilar Vicente. Foto: Gaspar Francés

También salió adelante una moción del concejal no adscrito Jesús Presencio, para la retransmisión de las sesiones plenarias del Ayuntamiento de Valladolid con intérprete de lengua de signos. El coste de la medida ronda los 35.000 euros para lo que se precisará una modificación presupuestaria.

Ya en el apartado de los asuntos dictaminados por la Comisión de Gobierno, Hacienda, Función Pública y Promoción económica, se aprobaron con la abstención de PP y Ciudadanos las inversiones financieramente sostenibles (se rechazaron todas las alegaciones vecinales presentadas).

Martínez Bermejo, en una intervención. Foto: Gaspar Francés
Martínez Bermejo, en una intervención. Foto: Gaspar Francés

También se aprobaron dos expedientes de modificación de créditos de la Fundación Municipal de Cultura actual. En este punto, la concejala del PP Mercedes Cantalapiedra aprovechó para criticar el aumento de 200.000 euros en el presupuesto municipal para las fiestas de septiembre y la firma de convenios “con colectivos de extrema izquierda” que programan actuaciones como la de “Tangana”. En cuanto al otro crédito, para redactar el proyecto que de uso a distintos espacios municipales, Cantalapiedra acusaron a la concejala Ana Redondo de estar “podemizando la cultura de la ciudad”.

También salieron adelante en el pleno todos los asuntos dictaminados por la Comisión de Urbanismo y la aprobación inicial del Reglamento Regulador de los Centros para Personas Mayores.

Al margen de las preguntas y ruegos relacionados con el proyecto ferroviario, el portavoz del PP preguntó por el estado de proyecto de la Ciudad de la Justicia, criticando que no se haya puesto suelo a disposición del Ministerio. Llegó a cifrar en 20 millones el coste de la posible expropiación del colegio El Salvador y el concejal de Urbanismo respondió que la operación tendrá “coste cero” para el Ayuntamiento.

El pleno finalizó en torno a las 13,20 horas, mientras un Cristo seguía presidiendo el salón y el alcalde ofrecía sus disculpas al PP por no haber introducido en el orden del día la pregunta que en el anterior pleno no pudo formular el portavoz del PP, por haber sido expulsado de la sesión.

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