La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, brinda con agua el día en que se aprobó la recuperación pública del servicio.
La concejala de Medio Ambiente, María Sánchez, brinda con agua el día en que se aprobó la recuperación pública del servicio.

El agua que sale del grifo sabe igual, pero lo cierto es que le sienta mucho mejor… al bolsillo de todos los vallisoletanos que hoy celebran que hace un año, el servicio de abastecimiento y depuración de aguas de la ciudad, dejó de estar gestionado por una empresa privada.

Este primer aniversario ha estado marcado por la “normalidad”, sin que se haya tenido que hacer frente a ninguna de las catástrofes vaticinadas por la oposición de PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento y lo más importante, con el aval judicial que ha supuesto el archivo de todas las denuncias interpuestas por el propio Gobierno español y la antigua concesionaria a la que el PP entregó el servicio a cambio de un canon anual que nunca acabó de reinvertirse en el mantenimiento de la red en su totalidad.

El goteo de fallos judiciales favorables confirma que el proceso emprendido por el Ayuntamiento de Valladolid para recuperar la gestión del servicio público de abastecimiento de agua está bien encauzado.

Un recurso de la anterior concesionaria fue rechazado alegando que “el Ayuntamiento de Valladolid, en el momento de tramitar y aprobar definitivamente el Presupuesto General Consolidado para el ejercicio 2017, no estaba obligado legalmente a incorporar al mismo el estado de gastos e ingresos de la nueva entidad, siendo materialmente imposible que estuviera aprobado el 7 de febrero de 2017 porque empezó a funcionar a partir del 18 de enero de 2017.

Pero a esta, hay que sumar otras cuatro decisiones judiciales previas, dos de las cuales rechazaron la petición de medidas cautelares que paralizaran el proceso antes de julio de 2017, una tercera, la dictada a raíz del recurso interpuesto por el Ministerio de Hacienda y una cuarta del juzgado de lo contencioso-administrativo, de abril de 2018, que avaló el proceso de municipalización del agua que devolvió a manos del Ayuntamiento vallisoletano el servicio en julio de 2017.

Solo un pronunciamiento judicial (uno de seis) estima una cuestión formal, como es que no estaban correctamente regulados el concepto de devengo y el período impositivo. “Es una cuestión formal puesto que en absoluto afecta ni al fondo del proceso de recuperación de la gestión directa del agua, ni al pago realizado por la ciudadanía, ya que las tarifas se mantuvieron sin modificaciones y conforme a las que establece la Junta de Castilla y León”, explica la concejala de Medio Ambiente, María Sánchez.

“Cambiar el modo de gestión de un servicio debería ser una cosa rutinaria. Con su complejidad técnica, claro, pero la gestión pública de los recursos públicos debería ser la norma, no la excepción. Si esto no es así, y hay tanto revuelo, es porque hay intereses privados afectados. Porque hay empresas que dejan de ganar dinero y legítimamente defienden sus intereses. Una de las razones para este cambio de gestión fue el entender que los beneficios que se generen a partir de recursos públicos como el agua se reinviertan en beneficio público, como está ocurriendo ahora con AquaVall” , indica Sánchez.

La marcha económica de la entidad, según la concejala y presidenta del Consejo de Administración de la nueva empresa pública, “es excelente, se van cumpliendo razonablemente las previsiones y se está comenzando a subsanar el déficit de inversión acumulado durante 20 años y que ha hecho que tengamos una red anticuada, reventones frecuentes, etc. En los próximos años, el grueso del beneficio va a ir destinado a eso: cuando el dinero que pagamos por el agua no hay que repartirlo a bolsillos privados nos queda mucho más para mejorar la red y, por lo tanto, la ciudad sale ganando”, indica Sánchez.

Y una prueba de ello es que el último consejo de administración celebrado en el seno de Aquavall ha servido para aprobar una importante partida económica para mejorar el servicio que se presta y las redes que durante años fueron ‘olvidadas’. En total, 32,6 millones de euros que se destinarán a la contratación del servicio de conservación, reparación y reforma tanto de las infraestructuras viarias, como de abastecimiento y saneamiento de competencia y titularidad municipal; Una contratación conjunta de este servicio va a permitir alcanzar de forma más eficiente una coordinación entre los servicios de urbanismo y los de Aquavall.

Además, también se ha aprobado iniciar el expediente de contratación del servicio de instalación, puesta en marcha, autorización de uso y mantenimiento de la aplicación informática de gestión y recaudación, con el tiempo suficiente para completar el trámite y cubrir el servicio cuando termine la vigencia del actual en julio de 2019. Este nuevo contrato supone una mejora y ampliación de las funcionalidades del actual, el cual se contrató por un periodo de 2 años con la posibilidad de una prórroga de un año. “Cabe recordar que el actual contrato se realizó como solución de transición para garantizar la recaudación de la tasa en los primeros meses de funcionamiento de la EPEL, ya que la anterior concesionaria no colaboró en la migración de datos. En el futuro convivirán los dos programas durante, al menos 4 meses, para afianzar el traslado de datos”, explica la concejala de Medio Ambiente, mientras el PP y Ciudadanos parecen seguir ‘a lo suyo’, apuntando que esta nueva contratación para el desarrollo de una nueva aplicación solo es un “derroche” que “demuestra el proceso de improvisación de la gestión pública del agua en Valladolid”.

“Se está demostrando que por parte del gobierno tripartito y su precipitación por gestionar algo que ya era público, solo va a acabar trayendo problemas a los vallisoletanos”, sostiene el PP, sin hacer referencia en ningún momento al déficit de 15 millones en el mantenimiento de la red que se produjo durante sus 20 años de gobierno en la ciudad.

“Cuando un día lejano pasemos a otras responsabilidades dejaremos una red de abastecimiento como debe ser, y no como nos la hemos encontrado. Estamos convencidos de que hemos hecho lo correcto”, dijo el alcalde Óscar Puente hace un año al asumir de nuevo el servicio para que la gestión fuese 100% pública.

Un año después, parece que los datos le dan la razón. Solo en los primeros cuatro meses de gestión 100% ya se observó un descenso de los gastos por los contratos licitados en una cifra de 1.314.517 euros al final del ejercicio.

Además, tras la municipalización del servicio, el Consejo de Administración ha aprobado el convenio colectivo del personal de la Entidad Pública Local Aquavall que implica una subida salarial para los trabajadores de la entidad, que tenían congelados sus salarios desde el año 2012.

Solo los supersticiosos y los integrantes de los partidos de la oposición puede que no encuentren hoy motivos para celebrar este primer cumpleaños y brindar con agua 100% pública en Valladolid, que aunque sabe igual y cuesta lo mismo, le sienta mucho mejor a los bolsillos de trabajadores y contribuyentes.


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