Javier León de la Riva, Alfredo Blanco y manuel Sánchez, hoy al abandonar el palacio de Justicia tras la segunda sesión del juicio que contra ellos se celebra en la Audiencia. Foto: Gaspar Francés
Javier León de la Riva, Alfredo Blanco y manuel Sánchez, hoy al abandonar el palacio de Justicia tras la segunda sesión del juicio que contra ellos se celebra en la Audiencia. Foto: Gaspar Francés

Ni a la Fiscalía ni al abogado del Ayuntamiento que ejerce la acusación particular le han convencido las excusas del anterior alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, para tratar de eludir su responsabilidad en la firma de tres comfort letter con las que se avaló económicamente la operación fallida del soterramiento sin haber solicitado los preceptivos informes. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular han elevado a definitivas sus peticiones de penas por prevaricación y falsedad documental no solo para Javier León, sino también para sus concejales de Urbanismo, Manuel Sánchez y Hacienda, Alfredo Blanco, con los que está compartiendo banquillo en el juicio que contra los tres se sigue en la Audiencia Provincial.

Para Javier León de la Riva el Ministerio Público solicita una condena global de 9 años de cárcel y 24 años de inhabilitación. Para los ex concejales la petición, por tres delitos de prevaricación, se eleva hasta los 24 años de inhabilitación.

Según se hace constar en el escrito de acusación de la Fiscalía, “los tres acusados, dos de los cuáles (Francisco Javier León de la Riva, y Alfredo Blanco Montero) (...) dieron su voto favorable a la suscripción de la línea de crédito, con las condiciones impuestas por el consorcio bancario, de las que eran conocedores, a pesar de ser conscientes de las consecuencias que, para la Corporación podían derivarse de la entidad de la garantía económica que se estaba asumiendo, como de los anteriores créditos y, en su condición de alcalde-presidente y concejales de Hacienda, y de Movilidad y Planificación, respectivamente, actuaron una vez más a espaldas de los órganos municipales competentes”, al no haber solicitado para la firma de las tres cartas de conformidad que se discuten ninguno de los informes preceptivos.

Por su parte, los mismos servicios jurídicos municipales que dirigió durante 20 años son los que ahora piden para el ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, solicitan para él una pena de 3 años de cárcel y 9 de inhabilitación. Para sus concejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco el Ayuntamiento de Valladolid mantiene una petición de condenas de inhabilitación por espacio de siete años como presuntos autores de un delito de prevaricación pasiva o por omisión.

El alcalde Óscar Puente y abogado del Ayuntamiento, a su llegada a la sede de la Audiencia. Foto: últimoCero
El alcalde Óscar Puente y abogado del Ayuntamiento, a su llegada a la sede de la Audiencia. Foto: últimoCero

En la sesión del juicio celebrada hoy en la Audiencia ha comparecido como testigo el actual alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que fue quien decidió denunciar este caso “para salvaguardar el erario público” siguiendo la recomendación del servicios jurídicos del Ayuntamiento.

El interrogatorio al actual alcalde se ha centrado, por parte de las acusaciones, en dejar claro que el ex alcalde no pidió ningún tipo de informe sobre las cartas de conformidad (comfort letters) que tampoco llegaron a ser aprobadas por el pleno.

El alcalde, que dejó claro que al llegar al Ayuntamiento no había ni rastro de la documentación referida a las comfort letters, también ha aclarado, a preguntas de las defensas, que aún no se ha calculado el coste económico que la firma irregular de esos avales ha supuesto hasta el momento para el Ayuntamiento.

Aunque no se ha tenido que pagar la deuda que se contraía en esos documentos firmados por el ex alcalde, Puente reconoció que tiene “dudas” de que esto no llegue a ocurrir ya que “no están conjurados todos los peligros”.

Al margen de las horas de trabajo que ha supuesto este caso no solo a los servicios jurídicos municipales, sino al propio alcalde, Puente indicó que el mayor coste que ha tenido para la ciudad la firma de esas comfort letters ha sido cuando se ha tenido que negociar un nuevo convenio para enterrar definitivamente el proyecto fallido del soterramiento: “Esa deuda de 100 millones ha pesado de forma decisiva en la negociación”. “Ahora hay un nuevo convenio pero a la ciudad no le sale gratis. No pagamos los 100 millones de deuda que le corresponderían al Ayuntamiento, pero Fomento impone condiciones de recuperación prioritaria con la venta de suelo”, explicó el alcalde, señalando que la venta de ese suelo antes era para financiare el soterramiento y ahora para pagar la deuda que ya ha sido saldada por Fomento, que ha adelantado el dinero.

También han prestado declaración como testigos el anterior Interventor municipal, Jesús Velázquez Rodríguez, a quien Javier León de la Riva no solicitó ningún informe sobre la materia, el actual secretario general del Ayuntamiento, Valentín Merino, que tampoco supo nada de las comfort letters suscritas y el actual interventor, Rafael Salgado, que confirmó su desconocimiento de la firma de los documentos y aseguró que estos, dado su carácter ‘fuerte’, tienen condición de avales. A preguntas de la defensa de Alfredo Blanco, Salgado abundó que la tramitación de estas cartas de conformidad debería haberlas hecho la Concejalía de Hacienda, aunque haya casos en los que no se haya hecho así.

Por último también compareció la directora de la oficina presupuestaria del Ayuntamiento, Nuria Herrero, que indicó que “la Concejalía de Hacienda debió de informar sobre las comfort letters para ver si se cumplían el equilibrio financiero municipal y la regla de gasto”.

El juicio quedará mañana visto para sentencia con la lectura de los informes finales de las partes y la concesión de la palabra a los acusados por si quisieran hacer uso de ella.


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