Javier León de la Riva, en el banquillo de los acusados, junto a su abogado, en la última sesión del juicio que contra él se ha seguido en la Audiencia. Foto: Gaspar Francés
Javier León de la Riva, en el banquillo de los acusados, junto a su abogado, en la última sesión del juicio que contra él se ha seguido en la Audiencia. Foto: Gaspar Francés

El ex alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, ha usado hoy su alegato final en el juicio que contra él y dos de sus concejales se ha celebrado en la Audiencia Provincial para criticar abiertamente a la Fiscalía y al actual alcalde de la ciudad, Óscar Puente.

De la Riva, por momentos con voz entrecortada al recordar “el calvario” que ha soportado él y su familia, se ha quejado de que “por firmar unas cartas” pueda llegar a ser condenado a 9 años de prisión, una pena superior “a la que han sido condenados los miembros de la tristemente célebre Manada o la que se solicita para un presunto golpe de Estado en Cataluña”. Y además, ha afirmado que el actual alcalde alcanzó un acuerdo con él para que el asunto no llegara a la vía Penal, como sin embargo ha ocurrido finalmente.

“Se han hecho afirmaciones que obviamente no se ajustan a la realidad. Estamos en el tercer día de la vista de este tribunal y espero que sea la última. Espero que sea el fin del tercer año de sufrimiento, del calvario que mi familia y yo estamos pasando respecto a este tema desde que el actual alcalde decidió incumplir un acuerdo al que había llegado conmigo para que se resolviera en la vía administrativa, pero muy especialmente desde que la fiscalía hizo pública su petición, nada menos que de 9 años de cárcel, por la firma de las cartas de conformidad y un número de años de inhabilitación que sería imposible cumplir por razones de la pura biología”, comenzó diciendo el ex alcalde.

“No se le escapará a sus señorías que cuando ayer los telediarios nacionales hablaban de que la fiscalía se ratifica en mantener la petición de 9 años de cárcel para el ex alcalde de Valladolid, lo último que piensa la sociedad era porque había firmado incorrectamente unas cartas. En el clima en que nos movemos, el que la Fiscalía pida una condena superior, a la que se han sido condenados los miembros de la tristemente célebre Manada, o la que solicita la Audiencia Nacional para un presunto golpe de estado en Cataluña, hace pensar en esta pena de telediario que sufrimos los políticos que algo habrá hecho, qué no se habrá llevado, a quién ha beneficiado…”, continuó antes de señalar que: “No ha pasado más que yo desconocía absolutamente las consecuencias y lo que era una carta de conformidad, porque independientemente de que hubiera sido consejero en el año 1987, en aquella época no se conocía qué eran. En el Ayuntamiento nunca se había tramitado ninguna. Mi primer conocimiento fue cuando me llamó el señor Puente a su despacho. En septiembre de 2015. Me dijo que fuera a verle. Me dijo que iba a buscar una solución, que iba a darle una salida administrativa. Después, y están grabados los mensajes que me envía, ante el ‘incordio’ que le produce la oposición, se olvida del pacto que tenía conmigo. Por dos veces llegó a insinuar que retiraría el proceso penal”, ha lamentado el ex alcalde en su alegato.

Su intervención, unida a la del ex concejal de Hacienda, Alfredo Blanco, que también ha hecho uso de su derecho a la última palabra para indicar que en su vida profesional y laboral siempre se ha guiado por el respeto a la Ley y el Derecho, ha servido para dejar visto para sentencia un juicio en el que la Fiscalía y la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento, han mantenido sus peticiones de pena.

La Fiscalía, que solicita una condena global de 9 años de cárcel y 24 años de inhabilitación para Javier León por prevaricación y falsedad y 24 años de inhabilitación para los otros dos concejales, ha armado su informe final partiendo de la base de que los tres acusados “no son completamente legos en la materia” y poniendo de manifiesto que “a cualquiera que le ponen un documento del banco a la firma, lo lee hasta la letra pequeña antes de firmarlo”.

“Los tres eran plenamente conscientes de que lo que se les exigía eran más garantías y para orillar los inconvenientes no consultaron, por más que digan que no lo habían leído”, señaló la fiscal convencida de que cuando se firmaron las cartas de conformidad “se asume el compromiso, de espaldas al Ayuntamiento” y todo por el “prurito del éxito que podría suponer sacar adelante el proyecto del soterramiento”, pese a “ser consciente de que con ello se comprometía la Hacienda local”.

En línea similar se ha expresado el abogado del Ayuntamiento que ejerce la acusación particular. “Las cartas eran una exigencia económica y no tienen un lenguaje bancario ni complicado. Cualquiera puede entender que lo que se firma es un aval con dinero público”, afirmó el letrado, convencido de que una prueba “estrella” para confirmar que el ex alcalde sabía lo que firmaba fueron sus declaraciones a medios de comunicación en la que hasta en cuatro ocasiones “explicó muy bien cómo se había avalado la operación”.

La defensa de Javier León de la Riva, se ha preguntado en su informe si es posible “explicable, jurídicamente correcto, sensato o es una desmesura pedir nueve años de cárcel por una omisión administrativa”. Como argumento exculpatorio también ha planteado que el ex alcalde no tenía que hacer las cosas mal pudiéndolas hacer bien y que la firma de las cartas solo se debió a que no tuvo conciencia de estar moviéndose al margen del ordenamiento jurídico. “¿La prueba estrella es lo que se ha publicado en los periódicos? No es posible cometer un delito y publicitarlo en los medios de comunicación. Eso solo pone de manifiesto la absoluta falta de dolo” ha indicado el letrado antes de acabar preguntándose: “Sin conciencia de pecado ¿qué penitencia se puede poner?”.

En cuanto a los dos concejales que han compartido banquillo, en el caso de Manuel Sánchez, que también ha compartido abogado con De la Riva, ha señalado que fue “imposible que avisara al ex alcalde sobre las comfort letters porque no sabía lo que eran, ni sabía que se iban a firmar y por lo tanto no pudo iniciar ningún trámite para su tramitación”.

El abogado de Alfredo Blanco se ha centrado en la idea de que los documentos firmados por el ex alcalde no tenían que estar informados por su representado en calidad de Concejal de Hacienda, ya que afectaban económicamente a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, que es “independiente” del Ayuntamiento.

Con esta tercera sesión, el juicio contra el ex alcalde de Valladolid y sus dos concejales de Urbanismo y Hacienda ha quedado visto para sentencia.


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