Movilización de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio hoy en Valladolid. Foto: UGT
Movilización de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio en Valladolid. Foto: UGT

La exigencia de ‘condiciones de trabajo dignas’ ha protagonizado hoy la primera jornada de huelga en el servicio de Ayuda a Domicilio de Castilla y León, cuyas trabajadoras se han movilizado hoy en la Plaza Mayor de Valladolid.

Las trabajadoras se han visto “obligadas” a hacer huelga después de agotar todas las vías para alcanzar un posible acuerdo en la negociación del Convenio colectivo del sector y ante la “deriva de la privatización del servicio y su gestión por empresas privadas”, consecuencia de "la degradación del servicio y de los derechos laborales".

Las consecuencias laborales de estos dos procesos ha traído consigo nefastas consecuencias. “Quienes prestamos este servicio durante décadas, no tenemos garantizado el empleo. El recorte de horas ha supuesto Expedientes de Regulación de Empleo camuflados con varios despidos, reducciones de jornadas y mayor flexibilidad horaria. Nuestro tercer convenio regional de ayuda a domicilio finalizo el pasado 31 de diciembre de 2016, después de haber sido renegociado para los años 2013, 2014, 2015 y 2016 solamente en tablas salariales, por lo tanto llevamos sin negociar los diferentes artículos del convenio desde el 2009. Entendemos que es tiempo de recuperar la sustracción de los derechos laborales perdidos en los años anteriores y ha llegado el momento de negociar un convenio digno para los trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio con subida salarial de un 2% desde enero de 2018 en base al Acuerdo nacional firmado entre sindicatos y patronal que nos permitiría recuperar la pérdida del poder adquisitivo y con el reconocimiento del 100% del tiempo de trabajo en los periodos de traslado de un hogar a otro, tanto para la zona rural como urbana”. defienden.

Después de año y medio de negociación con las asociaciones empresariales recuerdan que están “en el mismo punto de partida”. “El desinterés de la Gerencia de Servicios Sociales, la irresponsabilidad de los entes locales y la voracidad empresarial de quienes gestionan el servicio de ayuda a domicilio, están degradando el servicio y los derechos laborales y además, están permitido que las Empresas gestoras del servicio dispongan de las trabajadoras a demanda”, denuncian.

“Somos profesionales y una figura clave en un sistema de atención que incluye diferentes problemáticas de las familias, estamos acreditadas y lo normal es que nuestro esfuerzo se refleje en las condiciones laborales y retributivas del IV Convenio Regional del Sector. Las empresas mayoritarias que se sientan en la mesa de negociación (CLECE, VALORIZA, SERALIA, AZVASE) son las mismas que hoy nos ofrecen “limosnas” para valorar nuestro trabajo. Tenemos una gran cruz en el sector que incluye la precariedad en la contratación a tiempo parcial de manera que la mayoría de las trabajadoras no llegan a los 400€. Somos profesionales dotadas de especiales capacidades para moverse con sutiliza y sensibilidad, con la mira puesta en las personas. Somos pocas las trabajadoras que tenemos jornada completa de 36 horas con un salario estipulado en 873€ y esto indica que somos pocas las que podemos acceder a la situación de jubilación ordinaria, siendo la anticipada un mecanismo muy extendido en la plantilla por la imposibilidad que supone realizar este trabajo con determinada edad, y por el deterioro físico que sufrimos debido a la carga de trabajo y a las inexistentes medidas preventivas adoptadas por las empresas”, denuncian.

UGT y CCOO, en un comunicado conjunto entienden que “ha llegado el momento de dar un golpe encima de la mesa” para que las administraciones y empresas “entiendan que las auxiliares del SAD, somos profesionales que acudimos diariamente a multitud de hogares en pueblos y ciudades y por tanto en igualdad de condiciones tenemos derechos a un convenio digno que está dando respuesta a multiplicidad de situaciones de atención de la vida diaria de las personas”. “La respuesta de algunas empresas para designar servicios mínimos, es un claro boicot al derecho a huelga, una actitud intolerable que demuestra la falta de garantía de los derechos laborales”, critican los sindicatos, que anuncian que mantendrán el pulso hasta conseguir las condiciones de trabajo que se merecen estas trabajadoras.

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