El empresario de la construcción detenido, José Luis Ulibarri. Foto: C.A.
El empresario de la construcción detenido, José Luis Ulibarri. Foto: C.A.

Cuando en 2013 últimoCero publicó un extenso reportaje titulado “Ulibarri, el esquilmador de medios con métodos mafiosos” el constructor metido a empresario de medios de comunicación ya estaba imputado en la trama Gürtel, pero –casi- nadie se hizo eco de su contenido. Cinco años después, ese artículo, ha sido tomado por no pocos como referencia para poder explicar quién es José Luis Ulibarri Cormenzana, el cabecilla de la trama corrupta que se ha destapado gracias a la operación Enredadera, nombre con el que la UDEF ha bautizado una intervención que ha acabado con el otrora ‘todopoderoso’ empresario en prisión y salpicando a altos cargos de la Junta de Castilla y León de un PP supuestamente renovado, además de varios cargos públicos, alcaldes y concejales, de partidos como Ciudadanos y alguno más del PSOE, sin que falten en el cesto empresarios y funcionarios públicos.

“Supuestamente los ayuntamientos realizaban contrataciones irregulares de ese tipo de materiales relacionados con la seguridad vial y servicios en las que los policías locales hacían de intermediarios entre las empresas y los consistorios, y presuntamente se cobraban comisiones”, se ha publicado.

Dicen los botánicos que “una enredadera es una planta trepadora cuya estrategia es particularmente exitosa en climas cálidos, donde la competencia por el sol es muy alta y abundan los soportes”. Y así es precisamente cómo durante años ha funcionado esta presunta trama de adjudicación irregular de contratos, pagos de mordidas y corrupción de cargos públicos que ha cangrenado durante años el funcionamiento de la administración autonómica. El clima perfecto, entre otras, se ha dado en Castilla y León, una Comunidad gobernada por el PP desde hace más de un cuarto de siglo, y con multitud de ‘soportes’ clientelares y temerosos de que periódicos, radios y televisiones en poder del verdadero ‘jefe’ acabaran propalando cualquier tipo de información con el objetivo de enterrar carreras políticas consolidadas o en ciernes.

Y eso es, precisamente, lo que ha desvelado el levantamiento del secreto del sumario ‘Enredadera’ que ha permitido conocer el contenido de las grabaciones telefónicas efectuadas a Ulibarri, sus más estrechos colaboradores, sus hombres de paja, trabajadores a sueldo y los políticos a los que se llega a comparar con ‘empleados’ del constructor.

Mientras que en los medios controlados por ‘el jefe’, en las escasas informaciones sesgadas donde se ha recogido algo de información sobre esta trama corrupta había que buscar en el staff el nombre de José Luis Ulibarri, el principal imputado (ya en prisión), otros como eldiario.es, ileon.com o el plural, entre otros, sí han dado cuenta del escándalo diseccionando pormenorizadamente y por entregas el contenido de los 8.000 folios del sumario. Incluso el periódico más viejo de la Comunidad, que llegó a formar parte del accionariado de la tele privada que se sostiene con fondos públicos en Castilla y León y que Ulibarri comparte con otro empresario de la construcción, este ya condenado, Antonio Miguel Méndez Pozo, se ha subido al carro y ha aportado algunas de las más jugosas informaciones del caso.

A principios de julio estalló el escándalo al desvelarse la operación policial. Pocos días después, eldiario.es informaba de que el alcalde de León, Antonio Silván, ex consejero de la Junta, apuesta personal fallida del actual presidente, Juan Vicente Herrera, para sucederle y flamante miembro de la nueva dirección del supuesto renovado PP de Pablo Casado, había hecho de correveidile de Ulibarri en un proceso de adjudicación. Le informaba en directo por teléfono de los pormenores de la mesa de contratación. Ulibarri, no duda en indicar al que otros implicados llaman “empleado”, que lo arregle.

La respuesta del alcalde de León, Antonio Silván, llegó días después de la publicación de sus sonrojantes conversaciones con Ulibarri. En una rueda de prensa limitada a 5 preguntas, el alcalde, sobre el que sobrevuela ya una moción de censura, se limitó a indicar como defensa que “habla con todo el mundo”, sin aclarar por qué, en el caso de Ulibarri, le fue transmitiendo en directo un proceso de adjudicación.

Mientras el diario.es daba cuenta de las conversaciones con el alcalde, elplural.com apuntaba al actual consejero de Fomento Juan Carlos Suárez Quiñones, juez de profesión, en otra conversación no menos escandalosa con Ulibarri. En esta ocasión era el propio consejero el que ofrecía al empresario que se hiciera con la obra de una carretera adjudicada a otra empresa en concurso de acreedores. “Yo soy la Administración”, llega a decir en esa llamada Quiñones a Ulibarri.

El consejero, a través de los medios oficiales de la Junta de Castilla y León, ha distribuido una grabación entre los medios de comunicación en la que niega haber realizado nada ilegal, restando importancia a su forma de proceder como intermediario. Para él lo importante era que la obra no se paralizara y para ello no dudó en hacer esa gestión con Ulibarri. El consejero ha pedido comparecer en las Cortes para dar una explicación. Antes de esas declaraciones 'empaquetadas', eldiario.es contactó con él y llegó a decir: "Llamé a Ulibarri porque se quejaba de pocas adjudicaciones".

Pese a la implicación de Silván, procurador en Cortes además de alcalde de León y la de Suárez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, ni el presidente de la Junta, Juan Vicente Hererra ni el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han abierto aún la boca para pronunciarse sobre este asunto que pone en cuestión la estrecha relación mantenida por el Ejecutivo autonómico durante años con el empresario ya encarcelado.

El Norte de Castilla, que en los últimos días ha publicado informaciones relevantes del caso, como los detalles de la detención y traslado a prisión de Ulibarri o el registro de su casa en el que se encontraron más de 60.000 euros en metálico en una especie de habitación acorazada, habla hoy de más de 30 nombres propios relacionados con la red.

Y en ese listado aparecen nombres no solo de los estrechos colaboradores y socios de Ulibarri, sino el de concejales, alcaldes y asesores de otros partidos. Es el caso de Juan Carlos Fernández, Diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo por Ciudadanos o el de Sadat Maraña, personal de confianza de la Diputación Provincial de León a cargo del grupo político Ciudadanos o el de Enrique Busto, alcalde de Hospital del Órbigo que fue elegido bajo las siglas del PSOE, partido que ya ha abandonado.

Además de estos nombres y otros más vinculados a la esfera de la política local de Castilla y León, también han aparecido otros de relevancia nacional. Así, el periodista Manuel Campo Vidal, también resulta salpicado. En una conversación telefónica pregunta a los hombres de Ulibarri por la justificación de que en sus cuentas hayan aparecido 100.000 euros. Un ejemplo más del modus operandi de la trama.

La mayor operación policial anticorrupción llevada a cabo en la provincia de León ya tiene protagonistas, implicados y salpicados. Se abre ahora la senda de un largo recorrido judicial cuyas repercusiones políticas están por dilucidar más allá de las renuncias o bajas de militancia solicitadas por algunos de los alcaldes y concejales señalados.

Los partidos de la oposición ya han pedido la cabeza de los dos altos cargos del PP salpicados: Antonio Silván y Juan Carlos Suárez Quiñones, así como la revisión de todos los contratos suscritos por la Junta con las empresas vinculadas a Ulibarri.

La Enredadera que con tanto mimo parece que se regó por parte de las administraciones locales, provinciales y Autonómicas durante años, tiene ahora sus raíces fuera del tiesto y, por ahora, no se sabe hasta dónde llegan ni de dónde siguen chupando.


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