Imagen de archivo de una movilización de funcionarios en Valladolid. Foto: úC
Imagen de archivo de una movilización de funcionarios en Valladolid. Foto: úC

La discusión sobre si faltan o sobran empleados públicos que se puede escuchar en la cola frente a cualquier mostrador de la administración cuando ésta no avanza al ritmo deseado, se puede zanjar con datos. Los que recoge de forma semestral el boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas que radiografía la composición y distribución de empleados públicos, no solo de las distintas administraciones, sino también de las universidades.

Atendiendo a estos datos, en todo el país 2.553.505 trabajadores están en nómina de alguna administración. De ellos, un total de 162.742 lo hacen en Castilla y León, en su mayor parte (84.480) dentro de la estructura de la Junta de Castilla y León, mientras que 34.794 lo hacen en la administración pública estatal, otros 34.603 en las distintas administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) y 8.847 forman parte de las plantillas de las distintas universidades.

Por provincias, Valladolid, con 34.615 empleados públicos es la que más empleo público recoge, seguida por León con 29.287 y por Salamanca (23.620) y Burgos (22.259). En el extremo opuesto se sitúa Soria, con ‘solo’ 7.929 y Ávila y Zamora, con casi idéntico número (11.066 y 11.112, respectivamente).

De los 162.742 empleados públicos de la Comunidad, la mayoría son mujeres (90.937) frente a 71.805 hombres, una proporción que se mantiene en todas las provincias, pero que es desigual si se tiene en cuenta el tipo de administración para la que se presta el servicio. Mientras que en la administración local la mayoría de empleados públicos con hombres (53,86%), como ocurre también en las universidades (50,71%) en la administración autonómica ocurre lo contrario: el 70,92% de los empleados públicos son mujeres.

De los 34.794 empleados públicos que trabajan en las administración estatal en Castilla y León, 11.148 lo hacen para los ministerios y organizaciones autónomas dependientes del Estado, solo 310 en agencias estatales, 9.088 para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 8.841 en el Ejército y 3.723 para la administración de Justicia. Sólo en la Administración de Justicia es más elevada la presencia femenina que la masculina (2.528 frente a 1.195).

En cuanto a los empelados públicos dependientes de la Junta de Castilla y León, la mayoría trabajan en instituciones sanitarias (33.973) y educativas (30.689), mientras que las estructuras de las distintas consejerías de la Junta y sus respectivos organismos autónomos alcanzan la cifra de 19.836.

Según la información que maneja el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, en términos globales, en el último semestre, la Administración Pública Estatal ha sido la única en que ha descendido el número de efectivos, con 2.664 menos (-0,52%), pero aumentaron en las CCAA, 16.030 más (1,23%) y en las entidades locales, 5.123 más (0,90%).

De los 2.553.505 empleados públicos del conjunto de las Administraciones Públicas, el 57,84% es funcionario, mientras que el personal laboral representa el 23,57% y el resto de personal el 18,59%. El 44,26% de los empleados públicos en España son hombres y el 55,74% son mujeres.

Como dato general, la evolución anual, más amplia que la comparación semestral anterior, registra un ligero repunte del empleo público (1,35%), fundamentalmente, debido al crecimiento en CCAA (1,13%) y Entidades Locales (1,29%). Hay que tener en cuenta que la evolución de las CCAA es la que más influye en las cifras globales ya que representan el 50% del empleo público total. El empleo público en la Administración Estatal, en cambio, se ha reducido un -2,05%. La tendencia de crecimiento moderado en el empleo público se mantiene desde el año 2016 y es el efecto lógico de los incrementos en la tasa de reposición regulados en las Leyes del PGE desde el año 2015, según el Ministerio.


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