Diseño de la macrourbanización proyectada en Aldeamayor de San Martín.
Diseño de la macrourbanización proyectada en Aldeamayor de San Martín.

La aprobación definitiva de la “disparatada” Ciudad del Bienestar y la Salud que Metrovacesa impulsa en Aldeamayor de San Martín para desarrollar un complejo inmobiliario con 1.440 viviendas y 26.000 plazas asistenciales supuestamente destinadas al "turismo sanitario" nacional e internacional, tendrá que sortear, no solo la oposición frontal de Ecologistas en Acción, de parte de la corporación municipal del municipio y el informe técnico del arquitecto municipal, sino también un demoledor informe del Jefe de Urbanismo de la Diputación Provincial en que carga sin ambages contra el desarrollo urbanístico de una “ciudad fantástica” sin “interés púbico”.

El proyecto, que ya recibió el visto bueno municipal en un pleno celebrado el 26 de julio y que formaciones como CI-CCD pretenden que sea declarado nulo, solo debe pasar ahora el filtro de la Comisión Territorial de Urbanismo en una tramitación excepcionalmente rápida que ha generado aún más sospechas sobre este proyecto puramente especulativo. Para Ecologistas en Acción “esta inusitada celeridad no tiene más sentido que procurar una rápida aprobación del proyecto, con "agosticidad", para llegar a concluir el proceso antes del próximo 19 de octubre, fecha en la que los terrenos actualmente urbanizables pasarían a suelo rústico de no aprobarse el plan, en cumplimiento de la Ley de Urbanismo de Castilla y León”.

Finalmente, la Comisión Territorial de Urbanismo, tras aplazar la reunión prevista inicialmente par el 2 de agosto, tendrá que fijar fecha en septiembre para celebrar una nueva reunión. Y será entonces cuando se analice el demoledor informe contrario al desarrollo del proyecto emitido por la Institución Provincial, gobernada por el PP, el mismo partido que Gobierna en la Junta y de quien depende la Comisión Territorial de Urbanismo.

El informe al que ha tenido acceso últimoCero es concluyente: “Como conclusión, la Modificación Puntual del Plan General de Aldeamayor que se analiza no constituye, a juicio de quien informa, sino un ejercicio de planeamiento que en modo alguno acredita con el rigor y la credibilidad debidos (es decir, sin inventar ciudades fantásticas de ninguna clase, respecto a las cuales Aldeamayor no constituye centro de referencia para ningún instrumento de ordenación del territorio o de planeamiento supramunicipal vigentes), la conveniencia y el interés público exigidos por el artículo 169.3.b.1 del Reglamento de Urbanismo. Y que propone clasificar como suelo urbanizable un paquete de terrenos tan innecesarios, tan carentes de justificación y tan huérfanos de encaje legal hoy como el día en que el Tribunal Superior de Justicia decretó la anulación del Plan Parcial Camino de Santa María. En estas circunstancias, lo razonable sería poner fin cuanto antes al procedimiento de la Modificación puesto en marcha por la iniciativa de los propietarios”, concluye el demoledor informe.

Para el técnico que elabora el informe, en la información que usa la promotora para defender su proyecto “no existe ni un solo dato susceptible de demostrar que en Aldeamayor se necesite el nuevo sector de suelo residencial que se propone, porque ni existe necesidad de más suelo para viviendas, ni se acredita que haya debido desecharse ninguna iniciativa para promover dotaciones privadas como esas que ahora se pretenden favorecer”, sentencia el Jefe de Urbanismo en un informe en el que también valora que la modificación propuesta, en caso de que finalmente salga adelante, está “abocada con toda seguridad a mismo final que tuvo el Plan Parcial Camino de Santa María, si nadie (e propio Ayuntamiento de Aldemayor primero, que es quien mejor conoce las necesidades y las expectativas reales del municipio y la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo en segundo término) ponen antes remedio”.

El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, preside la Comisión de Ética Pública de la que forma parte Tomas Nevado-Batalla Moreno, a la derecha. Foto: JCyL
El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, preside la Comisión de Ética Pública de la que forma parte Tomas Nevado-Batalla Moreno, a la derecha. Foto: JCyL

No es esta la única cuestión que llama poderosamente la atención en la tramitación de este proyecto. Al margen de que algunos de los concejales de la corporación de Aldeamayor, alcalde incluido, tienen intereses particulares en esta aprobación (familiares directos tienen terrenos en propiedad, aunque representen un escaso porcentaje de las 300 hectáreas que se pretende recalificar), también resulta especialmente llamativo que el informe con el que Metrovacesa defiende su proyecto “especulativo” haya sido redactado por el profesor de la Universidad de Salamanca Tomas Nevado-Batalla Moreno, ex-Consejero de Administraciones Públicas del anterior Gobierno del PP en Extremadura y que desde noviembre de 2017, gracias al consejero de la Presidencia y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago Juárez, forma parte de la Comisión de Ética Pública de la Administración autonómica. Entre las funciones de esa Comisión, según la propia Junta se encuentra elaborar la propuesta del Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos, así como resolver las consultas que se planteen sobre la aplicación del Código, plantear recomendaciones a los altos cargos, realizar un informe anual sobre el cumplimento del Código, así como incoar y resolver los procedimientos sancionadores que se tramiten por posibles infracciones administrativas.

En los primeros días del próximo mes de septiembre está previsto que se convoque una nueva reunión de la Comisión Territorial de Urbanismo para analizar la posible aprobación definitiva de este proyecto que tanto interés parecen tener en impulsar solo parte de la corporación municipal de Aldeamayor con su alcalde socialista a la cabeza y Metrovacesa, la empresa que ha contratado los servicios del profesor universitario Tomas Nevado-Batalla Moreno, que desde noviembre del año pasado forma parte de la Comisión de Ética Pública de la Administración autonómica de Castilla y León.


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