Carmen Ámez, responsable de Servicios Públicos de UGT, durante la rueda de prensa.
Carmen Ámez, responsable de Servicios Públicos de UGT, durante la rueda de prensa.

El Procurador del Común ha dictado una resolución en la que reclama a la Consejería de Presidencia que elabore “con carácter de urgencia” un “informe motivado a cerca del encaje de las preguntas formuladas en el ejercicio tipo test de la prueba oposición” para cubrir 384 plazas de personal laboral a la que se presentaron más de 18.800 aspirantes y que ha sido “paralizada” ante la avalancha de reclamaciones recibidas.

Así lo ha desvelado hoy el sindicato UGT, que haciéndose eco de más de 100 denuncias de los aspirantes sobre el excesivo nivel de algunas preguntas, la falta de tiempo para contestarlas y el trato desigual recibido por los participantes dependiendo del aula donde realizaron el examen, trasladó también sus dudas al Procurador del Común.

El informe urgente que solicita el Procurador del Común debe motivar “el encaje de las preguntas formuladas en el examen” para determinar que se cumpla la normativa que establece que “los procesos de selección deben cuidar especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados”.

Además, el Procurador del Común reclama una “supervisión de la denuncia de los aspirantes relativa a la utilización de criterios distintos por parte de los responsables de las aulas respecto a la posibilidad de los aspirantes de confeccionar una segunda hoja de respuestas a fin de rectificar los errores cometidos”. “En caso de que tal circunstancia pudiera ser acreditada, se requiere que realicen las actuaciones oportunas a fin de anular la prueba por vulneración del principio constitucional de igualdad en el acceso al empleo público”, advierte.

En su resolución el Procurador apunta que en principio, con carácter general, “un considerable número de preguntas no parecen formar parte de los contenidos básicos que deberían ser exigidos a los aspirantes”.

El alto comisionado deja claro que para poder elaborar su resolución solo se ha podido basar en las denuncias y recursos de alzada interpuestos por los aspirantes, ya que la Consejería de la Presidencia ha rechazado remitirle la documentación que le había sido solicitada.

Para UGT, esta resolución “abre una puerta” para que solvente este conflicto que, por ahora, ha provocado la paralización del proceso selectivo a raíz de los más de 100 recursos presentados. Antes del próximo día 15 de septiembre confían en mantener una reunión con la Consejería de Presidencia para tratar de desbloquear el conflicto que mantiene sin corregir los exámenes de más de 18.800 aspirantes que habían visto una oportunidad de empleo en la primera convocatoria de este tipo que la Junta saca desde el año 2008.


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