Junta, CECALE, CCOO y UGT firmaron el pasado 30 de septiembre el acuerdo.
Junta, CECALE, CCOO y UGT firmaron el 30 de septiembre de 2016 el acuerdo para reformar el Serla.

Aunque todavía no es firme, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ha dictado una Sentencia a favor de CGT con la que pone fin al carácter exclusivo y excluyente que se pretendía dar a las conciliaciones laborales celebradas ante el Servicio de Relaciones Laborales – Serla de Castilla y León, formado por los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y por la representación empresarial que ostenta Cecale.

El fallo declara la nulidad parcial de la modificación del III Acuerdo Interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales y determinados aspectos de la negociación colectiva en Castilla y León suscrita el 6 de abril de 2017 (Bocyl de 12-4-17), en concreto de sus art 2.3, 16.1 y 25.1, que quedaran sin efecto, y, por consecuencia, la validez y legalidad de las conciliaciones solicitadas y celebradas ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la respectiva Oficina Territorial de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Catilla y León”.

Con la demanda interpuesta por CGT “se ha logrado que esa exclusividad, que se pretendía no fuera otro hecho consumado más de privatización de un servicio público, salpicado de intereses y beneficios ajenos al interés general”, explica el sindicato antes de apuntar que “desde finales de julio de 2018, las y los trabajadores pueden optar por continuar utilizando la oficina pública de conciliaciones laborales, sin verse obligados a acudir a un organismo extraño y ajeno, que en ocasiones perjudicaba la actividad de otras organizaciones sindicales, al tener que desvelar ante los sindicatos mayoritarios y la patronal las acciones individuales de su afiliación”.

Además, gracias a esta sentencia “se ha conocido que 10 de los 36 conciliadores mediadores designados por las partes (a los que se paga por acto de conciliación), carecen de formación relacionada con las relaciones laborales y 3 de ellos solo ostentan el título de graduado escolar”. Un nivel formativo que CGT considera “cuanto menos insuficiente para poder desarrollar una conciliación laboral”. “Esto es especialmente grave si tenemos en cuenta que los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación ya cuenta con una plantilla de 18 funcionarios, 9 de ellos con titulación superior, que venían haciendo las conciliaciones sin coste adicional alguno. En los presupuestos de Castilla y León para 2018 la Fundación recibe 457.500 €”, recuerda CGT.

Con esta sentencia CGT afirma que “se ha impedido el monopolio y la gestión privada de las conciliaciones laborales individuales de todas y todos los trabajadores de Castilla y León que no quieran someterse a este sistema creado para un beneficio que no es el interés general”.

Junta, CECALE, CCOO y UGT firmaron el 30 de septiembre de 2016 el acuerdo para poner en marcha el nuevo SERLA para permitir la resolución extrajudicial de conflictos individuales de naturaleza laboral que no conllevaran exclusivamente una reclamación económica. Según denunció entonces el Colegio Oficial de Graduados Sociales en Valladolid, supuso en la práctica un derroche de 3 millones de euros. “Se estima que tal cambio nos va a costar a los contribuyentes en torno a los tres millones de euros que se van a repartirse entre organizaciones sindicales y patronales por su inestimable labor de nombrar arbitrariamente entre su personal de confianza a quienes ejerzan como mediadores conciliadores”, denunciaron entonces los Graduados Sociales.


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