El ex concejal de Urbanismo del PP, García de Coca, en primer término, en la sesión del juicio por el caso PGOU celebrada hoy. Foto: Gaspar Francés
El ex concejal de Urbanismo del PP, García de Coca, en primer término, en la sesión del juicio por el caso PGOU celebrada hoy. Foto: Gaspar Francés

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valladolid ha archivado la causa contra 10 de los 14 imputados en el caso PGOU y solo mantiene la imputación contra la antigua cúpula de la Concejalía de Urbanismo en la época del PP: el ex concejal Antonio García de Coca y los funcionarios, Luis Álvarez Aller, Modesto Mezquita y José Luis Cerezo Bada.

Así lo ha dado a conocer el tribunal esta misma mañana al notificar a las partes un auto en el que decreta el sobreseimiento libre y el archivo de la causa respecto de Gonzalo Jolín Garijo, Ramón Herrero Merino, María del Pilar López Mazariegos, Francisco Capellán Barbado, José Ángel Astorga Ruiz, José Luis González Torres, Eduardo Javier González Torres, José Luis Mayordomo Martínez, Antonio Roberto Pastrana González y Lino Collazos del Castillo.

De esta forma, solo los funcionarios que actuaron de forma presuntamente irregular y no los que presuntamente se beneficiaron de ello, acabarán sentados en el banquillo de los acusados en el denominado Caso PGOU tras más de una década de larga instrucción judicial.

En su auto, la Sala ha considerado que la cuestión de las prescripciones debía de ser analizada y resuelta de manera autónoma, separada e independiente, y revestir la forma de Auto”, para que “sólo cuando la decisión que aquí se adopte adquiera firmeza” se pueda “proceder a la resolución del resto de las cuestiones previas planteadas por las partes, todo ello previo al comienzo de la celebración del Juicio Oral”.

Según se hace constar en el auto, “en relación con todos aquellos acusados a los que se les acusa de falsificación en documento oficial, ya sea como autor o como inductor, ha de partirse de que los hechos que se les imputan se enmarcan en la actuación desarrollada por las personas que en el año 2003 conformaban la Concejalía de Urbanismo de la ciudad de Valladolid, así como el Área de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras (algunas de las cuales también están acusadas en este procedimiento), y muy concretamente a la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para el año 2003 (Expediente Municipal 3/2002), manipulación que afectó a determinados artículos y planos, actuación que se desarrolló (según las acusaciones) a lo largo del año 2003, y aunque los cambios presuntamente ilegales en el planeamiento urbanístico ya se habían producido con anterioridad, en los escritos de calificación se considera como un momento clave de la consumación del delito de falsedad en documento oficial el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Valladolid de 15 de diciembre de 2003, en el que, sin someter a la aprobación el contenido de la documentación, se acordó remitir la misma a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de la Orden 1084/2003, de dicha Consejería”.

La sala, mantiene la a acusación contra los tres funcionarios y el ex concejal de Urbanismo, Antonio García de Coca. Sobre este último señala que su defensa no ha alegado la prescripción” y por lo tanto “no considera pertinente efectuar explicación alguna al respecto, dado que no aprecia que los hechos delictivos a él imputados estén prescritos, por las mismas razones que no estima que estén prescritos los hechos imputados a los últimos tres acusados indicados (los funcionarios Aller, Mezquita y Cerezo), incluidos en este Fundamento”.

En su auto el tribunal deja claro que “lo que aquí se resuelve no cabe considerar que entre en contradicción con lo resuelto por la Sección 2ª de esta Audiencia Provincial en su Auto de fecha 5 de junio de 2015 (folios 8218 y siguientes) sobre la posible prescripción de los delitos que entonces se estaban investigando”. “Cuando la Sección 2ª dictó su resolución la causa estaba en fase de investigación o de instrucción y todavía no se habían individualizado las conductas, ni se había hecho atribución concreta de hechos a cada uno de los acusados, ni se había procedido a la acusación por parte de las acusaciones, que es donde se ha concretado definitivamente el objeto del proceso, las personas contra las que se dirige el proceso, y los hechos concretos que se les atribuían a cada uno de ellos”, razona.

“En este momento esta Sala sí dispone de tales escritos de acusación, con la correspondiente concreción de la pretensión procesal, y es por ello que ahora sí contamos con los datos precisos para resolver sobre la prescripción de los delitos ya objeto de acusación”, se indica en el auto dado a conocer hoy.


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