Un visitante observa con detalle uno de los planos.
Un vecino observa con detalle planos del PGOU en una exposición.

La Federación Vecinal Antonio Machado, que confiesa que “ha recibido como un jarro de agua fría la decisión de la Audiencia Provincial de considerar prescrito el supuesto delito cometido por los empresarios beneficiados por las modificaciones del PGOU”, justifica la no presentación de recurso como sí ha hecho la Fiscalía en que “sólo va a servir para retrasar aún más la resolución de un juicio que ya ha se ha demorado demasiado”.

Así lo apunta en un comunicado difundido hoy en el que reconocen que para mantener su criterio, contrario al de la Fiscalía, también ha pesado “el considerar que la ampliación del periodo de prescripción a 10 años, por ejemplo, supondría mantener la imputación de sólo uno de los diez empresarios imputados inicialmente”.

“La renuncia a dicho recurso no está motivada en un cambio de criterio sobre la legalidad o no de las acciones que se juzgan, y que ahora se consideran prescritas. Seguimos teniendo claro que ningún técnico o político va a aventurarse a modificar artículos, planos, acuerdos de Pleno… sin intervención de las personas supuestamente beneficiarias de estos cambalaches. Pero creemos que la presentación de recursos sólo va a servir para retrasar aún más la resolución de un juicio que ya ha se ha demorado demasiado. Más de diez años, nada menos, desde la primera denuncia, en la que además no se tuvo en cuenta a los verdaderos beneficiarios del desaguisado (los empresarios no fueron imputados hasta que esta Federación consiguió reunir el dinero necesario para personarse como acusación particular y lo solicitó). Este retraso ha favorecido la prescripción del posible delito precisamente de quienes han logrado pingües beneficios gracias a lo que en su momento se consideraron “errores materiales””, explican.

La Federación concluye con una reflexión sobre cómo casos como éste deterioran la imagen de la Justicia entre los vecinos: “Alguien modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y los que se han beneficiado se van “de rositas”, porque sus supuestos delitos han prescrito. No porque sean inocentes, que eso ni siquiera se ha debatido hasta el momento. Al final, la ciudadanía de a pié ya no sabemos si lo que ha prescrito es la injusticia, el delito, o la propia Justicia. La falta de transparencia, lo retorcido del lenguaje, y finalmente lo desconcertante de actuaciones judiciales como la que nos ocupa provocan una desconfianza en la Justicia que nos preocupa enormemente. En este caso, y en general, si hay culpables, deben tener su merecido; por el bien de todos, incluso de la propia Justicia”.


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