Firma del Pacto fiscal entre PSOE, Podemos, IU, CCOO y UGT esta tarde en las Cortes de Castilla y León.
Firma del Pacto fiscal entre PSOE, Podemos, IU, CCOO y UGT esta tarde en las Cortes de Castilla y León.

Los partidos de izquierdas (PSOE, Podemos e IU) y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) han firmado hoy en las Cortes un Pacto Fiscal con el que pretenden recaudar 2.000 millones más en Castilla y León.

“Proponemos una reforma tributaria que acerque a nuestro país y a nuestra región a la media de Europa en materia de ingresos fiscales con respecto al PIB, para hacer de nuestro sistema fiscal un instrumento útil para la distribución de la riqueza y la lucha contra la desigualdad, recorriendo el camino inverso del que se ha realizado en los últimos años, en el que hemos visto un continuado adelgazamiento del Estado reduciendo los recursos y las políticas públicas", sostienen.

Las organizaciones firmantes defienden “una reforma fiscal en profundidad que permita impulsar un nuevo modelo que, basado en los principios de que quien más tenga, más gane, o más herede, contribuya en mayor medida al sostenimiento de las arcas públicas, logre objetivos fundamentales compartidos por la inmensa mayoría de la población”.

Mediante esta iniciativa, pretenden dotar a Castilla y León de un marco estable y consensuado en política fiscal, que “garantice que la Junta de Castilla y León y las administraciones locales, dispongan de recursos suficientes para llevar a cabo las políticas necesarias para que en Castilla y León se pueda vivir mejor cada día y se puedan ir acortando paulatinamente las desigualdades sociales existentes”. “Alcanzar este consenso antes de las próximas elecciones autonómicas garantiza que el Gobierno saliente de las mismas disponga del respaldo social y político necesario para afrontar un nuevo mandato con garantías”.

Los partidos y sindicatos firmantes sostienen que la perspectiva de aprobación por el Estado de un nuevo modelo de financiación autonómica, lejos de hacerles sentir optimistas, “ofrece serias dudas respecto de que dicho nuevo modelo comporte para Castilla y León un incremento sustancial y suficiente de sus recursos económicos con los que poder hacer frente a los retos”. “Nuestra economía no se encuentra, ni mucho menos, entre las punteras del país, y los intereses sociopolíticos existentes en la actualidad condicionan la aprobación del nuevo modelo de financiación, de forma que las necesidades de nuestra Comunidad puedan verse de nuevo ignoradas. En esta situación, somos conscientes de que, en nuestro caso, el crecimiento de la economía por sí mismo no es suficiente para obtener los recursos económicos necesarios, por lo que necesitaremos otra política fiscal, tanto a nivel estatal como autonómico”, reconocen.

Este marco estable y consensuado de política fiscal se concreta en los siguientes puntos:

IRPF: Castilla y León, tras Madrid, es la comunidad autónoma que menos grava a las rentas más altas en el conjunto de España. Una política fiscal injusta que renuncia a la progresividad y que ha mermado las arcas públicas de nuestra Comunidad. Por ello creemos necesario establecer tarifas más elevadas en los niveles más altos de renta con un mayor número de tramos.

También es necesaria una detallada revisión de todo tipo de deducciones y bonificaciones, sustituyéndolas siempre que sea factible por ayudas directas, vinculadas a características personales y al nivel de renta de los contribuyentes, ya que numerosos estudios de organismos internacionales demuestran que las transferencias sociales suelen tener un impacto mayor en la reducción de las desigualdades que los beneficios fiscales.

Consideramos necesario que a nivel nacional se iguale, a partir de un determinado nivel de renta, el tratamiento de la base del ahorro a la del trabajo.

Sucesiones y donaciones: La mayoría de los problemas que se producen actualmente en el ISD derivan de la “competencia a la baja” en la que han incurrido algunas comunidades autónomas, aumentando drásticamente el mínimo exento, las bonificaciones y las deducciones que solo han conseguido una reducción recaudatoria, deteriorando así sus ingresos y beneficiando solo a las rentas más altas. Por ello, abogamos por el establecimiento de niveles exentos inferiores, armonizados en el conjunto del Estado, que impidan que una espiral de competencia a la baja termine con la práctica desaparición del impuesto.

En Castilla y León hay que dotar al impuesto de una mayor progresividad, de tal forma que los herederos con menor patrimonio preexistente y mayor grado de consanguineidad tengan cuotas tributarias más reducidas, mientras que los patrimonios más elevados tengan una carga adecuada a su renta y sus bienes.

Patrimonio: Al igual que con el impuesto de Sucesiones la mayoría de los problemas que se producen actualmente en el Impuesto de Patrimonio derivan de la “competencia a la baja” en la que han incurrido algunas comunidades autónomas, reduciendo drásticamente el tipo impositivo.

Debe determinarse un mínimo exento menor, que sea homogéneo en todo el territorio nacional, evitando el dumping fiscal entre Comunidades que tendrían capacidad normativa en el tipo de gravamen y en deducciones o bonificaciones vinculadas a circunstancias personales.

En Castilla y León debemos modificar la regulación legal de la parte autonómica de manera que se establezca una nueva tabla del impuesto más progresiva con tipos más elevados para los patrimonios más altos.

 

Transmisiones y actos jurídicos documentados: En este caso consideramos necesario un aumento del gravamen en la adquisición de elementos suntuarios, manteniendo los tipos reducidos que estén vinculados al desarrollo de actividades económicas y empresariales o referidas a la vivienda habitual, siempre con limitaciones en función del importe y/o el nivel de renta.

Juego: En relación a este tributo, consideramos que existe un amplio recorrido en Castilla y León para subir los tipos actuales, y que deberían eliminarse las bonificaciones existentes.

Tributos propios: La recaudación regional por impuestos propios sobre el total de ingresos tributarios representa solo un 1,3%, frente al 2,2% de la media de las Comunidades Autónomas. Proponemos por lo tanto establecer nuevas figuras impositivas que graven nuevos hechos imponibles, en particular los referidos a fiscalidad verde y otros hechos imponibles como impuestos medioambientales. También se podrían introducir tributos que graven la pérdida por la Comunidad de todo tipo de recursos productivos y la tenencia de activos no productivos, en especial por personas jurídicas.

Lucha contra el fraude: Según la Comisión Europea, en el conjunto de los países que forman la UE se pierden cada año un billón de euros como consecuencia de las artimañas fiscales utilizadas por grandes compañías y grandes fortunas para eludir impuestos. Al menos se deberían duplicar los medios personales y materiales dedicados a la inspección tributaria en Castilla y León y exigir a la AEAT la cesión de uso de sus bases informáticas para la gestión de los tributos cedidos y propios.

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