Antiguas yeseras de Hornillos de Cerrato.
Antiguas yeseras de Hornillos de Cerrato.

Ecologistas en Acción denuncia que la Proposición de Ley (PL) presentada por el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León para modificar la Ley de Urbanismo, pretendiendo considerar como usos autorizables las actividades extractivas no energéticas en cualquier suelo rústico con protección (agropecuaria, cultural o natural), da alas a la "burbuja minera", que junto a la explotación porcina industrial esta relevando a la especulación  inmobiliaria como principal amenaza para los pueblos y el medio ambiente de Castilla y León.

Según el colectivo, “fiel a su tradición depredadora y corrupta, las élites regionales del Partido Popular alientan el expolio de los pueblos de Castilla y León, favoreciendo la apropiación de sus recursos naturales por empresas locales o multinacionales extranjeras interesadas en extraer a bajo coste minerales y rocas industriales del subsuelo regional”. “La finalidad real de la modificación de la Ley de Urbanismo que promueve el Grupo Popular en las Cortes es como él reconoce desbloquear proyectos mineros especulativos objeto de oposición en toda Castilla y León”, entiende Ecologistas.

“El PP no persigue combatir la despoblación del medio rural, sino al contrario vaciarlo para allanar el desembarco de multinacionales mineras como la australiana Berkeley en Salamanca, la francesa Roullier en Soria, la alemana Hanson en Valladolid, la canadiense Almonty en Zamora o los consorcios internacionales que intentan la reapertura de las minas del Bierzo (León) que motivan la PL, para las que el acceso fácil a derechos mineros es un activo en los mercados financieros internacionales, independientemente de que el yacimiento en cuestión se acabe explotando o no. En otros casos como las minas de feldespato de Ávila o las innumerables canteras de caliza y pizarra de León los beneficiarios serían empresas locales vinculadas, en muchos casos, a dirigentes provinciales del Partido Popular. Un último proyecto en Otero de Herreros (Segovia) es promovido por el propio Gobierno regional”, denuncia Ecologistas en Acción.

Estas empresas actúan en general en zonas poco pobladas beneficiándose de los derechos que les atribuye la franquista Ley de Minas, por lo que las restricciones de la normativa ambiental y urbanística son un obstáculo que hay que remover. Hay que destacar que la minería supone una aportación económica y laboral marginal dentro de Castilla y León (360 millones de facturación y 4.000 empleos), que apenas deja beneficios en las áreas donde opera, legando en cambio territorios esquilmados con un altísimo impacto ambiental, paisajístico y social, indica Ecologistas.

La Junta de Castilla y León ya fijó su posición extremadamente favorable a la actividad extractiva en su Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León (2017-2020), aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 24 de agosto de 2017. En relación con el objetivo entonces expresado de "reconfigurar el modelo administrativo de manera que contribuya al logro de  mejoras en el ámbito minero", se explica la modificación de la Ley de  Urbanismo de Castilla y León ahora pretendida por el Grupo Parlamentario Popular.

Ecologistas en Acción señala que la pretensión de permitir la actividad extractiva en cualquier suelo rústico con protección “es contraria al principio de desarrollo territorial y urbano sostenible formulado por la ley estatal de suelo, que exige la preservación de los valores del suelo rural, entre ellos los naturales, culturales y paisajísticos que amenazaría la PL del Grupo Popular”. La organización ambiental estima que dicha proposición de ley es también contraria al derecho a un medio ambiente adecuado tutelado por el artículo 45 de la Constitución.

Ecologistas recuerda que la Ley de Urbanismo de Castilla y León ya señala una categoría de suelo rústico de actividades extractivas, constituido por los terrenos que el planeamiento estime necesario reservar para tal finalidad, de manera que la modificación pretendida “carece de sentido ya que la normativa urbanística vigente prevé un suelo específico para las actividades extractivas que hace incongruente la autorización de las mismas en cualquier suelo rústico con protección”.

En opinión de la asociación ambiental, “el Partido Popular agita el espantajo del "ecologismo radical" para esconder de manera desvergonzada la oportunidad de nuevos negocios que ve en un posible "boom" de la minería no energética, ahora que está de capa caída la especulación inmobiliaria,  fuente tradicional de las comisiones ilegales. Por ello, Ecologistas en Acción combatirá junto a las plataformas vecinales afectadas y otros sectores perjudicados cualquier propuesta desreguladora en esta materia del Grupo Popular o la Junta de Castilla y León”.

Los problemas que ocasiona la minería son analizados en la propuesta de modificación de la Ley estatal de Minas que Ecologistas en Acción ha hecho pública hoy en Madrid, tras presentarla formalmente al actual gobierno y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. En esencia, se propone una norma que: valore el dominio público como un bien común que no debe quedar al servicio del beneficio privado de especuladores o multinacionales; proteja la diversidad y los recursos geológicos como un valor no renovable; impida que su extracción pueda producir impactos territoriales, urbanísticos y ambientales; tribute en caso de ser autorizado con más razón que otros usos de dominio público renovables; y se planifique por las administraciones competentes.

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