El alcalde, Óscar Puente y el concejal de Hacienda, Antonio Gato, presentan la oferta pública de empleo.
El alcalde, Óscar Puente y el concejal de Hacienda, Antonio Gato.

La Audiencia ha fijado una fecha límite para que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, abra un expediente sancionador al concejal de Hacienda, Antonio Gato, por haber firmado el contrato de su cuñada. Según el pronunciamiento del tribunal, el alcalde tiene hasta el próximo 7 de enero para dar cumplimiento a la resolución dictada en su día por el Procurador del Común en el que se le pide “dictar resolución motivada sobre la solicitud de incoación de procedimiento sancionador contra un Concejal, por infracción del deber de abstención (…), expresando a partir de las informaciones previas practicadas los motivos que fundamenten su denegación, siempre que resulte acreditada la inexistencia de indicios de infracción administrativa”.

Con este pronunciamiento la Audiencia revoca el sobreseimiento de la denuncia presentada por el portavoz del PP, José Antonio Martínez Bermejo, contra el alcalde por presunta prevaricación al no haber expedientado a Gato tras conocer que había firmado el contrato de su cuñada para que trabajara en el Ayuntamiento, como desveló en exclusiva últimoCero seis meses después de que se produjera la contratación.

La Audiencia, que deja claro que “no existe hasta este momento, resolución administrativa relativa a la incoación de procedimiento sancionador”, también reprocha la forma de proceder del Ayuntamiento, que encargó informes sobre “las actuaciones llevadas a cabo en el citado proceso selectivo. Informe sobre la participación del Concejal Delegado de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica en dicho proceso...”, lo cual implica, según el tribunal “un desenfoque de la cuestión de fondo planteada, por interesarse a partir de dicho Decreto de iniciación una serie de informes que en absoluto tenían que ver con la pureza en la contratación del afín, a través de tan manido Decreto 424/16 del concreto Concejal, obviándose consecuentemente cualquier referencia al fondo de lo reiteradamente solicitado: la no apertura de procedimiento sancionador respecto a dicho Concejal, en base a la legislación específica a la que tan reiteradamente nos estamos refiriendo”.

En su denuncia original, los concejales del PP se preguntan los motivos por los cuales Puente no ha querido expedientar a Antonio Gato como ha propuesto el Procurador del Común en una resolución que atendía la queja de los populares: “La respuesta es sencilla: consideramos que la apertura del expediente pudiera conllevar de forma altamente probable con la imposición de sanción al señor Gato Casado, a la sazón concejal de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica. Esta sanción supondría el cese de una persona de la máxima confianza política del señor Puente Santiago, además de un importante descrédito y desgaste político del Gobierno Municipal”.

Para el PP este es un caso evidente de prevaricación por omisión.


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