El presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco. Foto: PPCyL
El presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco. Foto: PPCyL

La Plataforma de funcionarios en Defensa de lo Público Pladepu considera un “engaño mayúsculo” el anuncio de implantación de la carrera profesional para todos los funcionarios formulado por el PP. “Mañueco ha tenido la ocurrencia de ofrecernos "ahora" la carrera profesional, que ya recoge la Ley de Función Pública desde 2005, pero que el PP no ha querido aplicar en estos últimos 13 años. Carrera profesional que aprovecha además para hacerla extensible a trabajadores del sector privado de la enseñanza. Una auténtica vergüenza”, afirman sin tapujos.

Los funcionarios han hecho esta valoración sin conocer los mensajes de Whatsapp que en la sesión del Pleno de las Cortes desveló el procurador socialista José Francisco Martín, presuntamente difundidos por responsables del propio PP, en relación a la carrera profesional: “Objetivo: nos quitamos de encima las reivindicaciones de los veterinarios y, a su vez, la proposición de ley del resto de grupos políticos de las Cortes, mediante una propuesta que extiende las pretensiones de los sanitarios a todo el personal de la Junta, pero redactada en términos legales muy ambiguos y poco claros y, sobre de difícil o imposible cumplimiento. Mejoramos la oferta del resto de grupos políticos de cara a las elecciones y, de pasado desactivamos las reivindicaciones de los veterinarios, ya que dudo que sigan pidiendo la carrera profesional y el concurso-oposición solo para ellos, cuando la Junta lo propone para todo el personal, dado que quedarían francamente mal”, se apunta textualmente en los mensajes desvelados por el PSOE y cuya autoría no reconoce el PP.

Mensajes al margen, según Pladepu, en la propuesta del PP sobre la carrera profesional el “engaño es mayúsculo”, porque “se propone para estudiarlo el 2020, y porque lo cuantifica en 75 millones, cuando resulta que si se aplica con los aumentos retributivos que concedieron en el SACYL hasta la "congelación" del 2012, el montante total se aproximaría a los 200 millones (salvo que el candidato-promesa Mañueco piense hacer dos nuevas categorías de empleados públicos, una los del SACYL y dos para el resto)”, explican con sorna.

Por otro lado a los funcionarios les sorprende el momento, “casualmente cuando nos acercamos a las elecciones…”. “De cualquier modo, los empleados de Castilla y León percibimos un 20% menos de ingresos de media en comparación con el resto de administraciones autonómicas e incluso con la central, desarbolando la leyenda que siempre aducen los recentralizadores para acabar con las comunidades autónomas: diferentes estudios comparativos demuestran que la Junta de Castilla y León está entre las administraciones que peor retribuye a sus trabajadores”, afirman.

Además de estos aspectos, los funcionarios agrupados en esta plataforma indican que “el aumento retributivo de la carrera profesional va supeditado a una valoración de las funciones desempeñadas que dista mucho de ser objetiva, dada la facilidad que tiene la Junta de Castilla y León de asignar ciertas decisiones a personal de libre designación, es decir la gente de confianza del partido y sus clientelas”.

Pladepu, además, considera grave que a través de las disposiciones adicionales y finales se cuele de nuevo “por la puerta de atrás lamentables medidas que en este caso nada tienen que ver con la carrera profesional”. Es el caso del reconocimiento a los veterinarios como profesionales de la prestación de la salud, “lo cual en realidad esconde un paquete de privilegios creados expresamente para este cuerpo, un gremio especialmente mimado por la Junta”, consideran.

También critican que los procesos selectivos de estabilización de empleo temporal se convoquen por concurso-oposición con un valor de 40% y 60% respectivamente. “Desde nuestro punto de vista, no sólo se va a convertir, por enésima vez, en un coladero de personal que entrará con muchos menos esfuerzos que el personal que aprobó su oposición libre, sino que también taponará a los miles de jóvenes que han salido en los últimos 10 años de nuestras universidades al no poder competir en igualdad con el personal que ha acumulado antigüedad en la Administración (una “gran medida” para luchar contra la despoblación) y destrozará las posibilidades de promoción de los que ya están tras las pírricas convocatorias de promociones internas”, valoran.


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