Captura de pantalla de la web de Gobierno Abierto con la consulta caducada.
Captura de pantalla de la web de Gobierno Abierto con la consulta caducada.

En plena polémica por la falta de recursos para atender a los alumnos escolarizados en centros públicos que presentan necesidades socio sanitarias, la Junta ha publicado una consulta caducada para que los profesionales realicen aportaciones a la nueva norma: El procedimiento se publicó el 28 de noviembre, pero el plazo para realizar sugerencias finalizó el 10 noviembre. Pese a ello, de las cuatro propuestas anunciadas, las tres publicadas tienen un voto.

Según figura en el Espacio Web de Participación de la Junta incluido en el Portal de Gobierno Abierto, se ha hecho público un “Procedimiento para la elaboración de una Orden por la que se regulan medidas dirigidas al alumnado escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León que presenta necesidades sanitarias o socio sanitarias” y para ello se ha abierto una “Consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de la normas” cuyo plazo para presentar sugerencias caducó 18 días antes de su publicación como se puede comprobar en la web autonómica.

Este proceso, también ha sido anunciado en el Boletín que el CFIE de Valladolid del día 30 de octubre, que es el canal que se utiliza para hacer llegar la información de interés a los docentes de la Comunidad, aunque en este caso, ya sin posibilidad de participar.

Este error que impide la participación efectiva del profesorado y la ciudadanía en general, coincide en el tiempo con críticas sindicales y del propio Procurador del Común por la falta de personal para atender a este tipo de alumnado. Los sindicatos que conforman el comité de empresa del Personal Laboral de la Junta han puesto en duda la calidad con la que se está gestionando y el Procurador del Común reclama a la Consejería nuevos protocolos y la contratación de “personal de apoyo habilitado” para atender la higiene de los alumnos.

Las organizaciones sindicales que conforman el comité de empresa critican que “para cubrir la falta de contratación y dotación de recursos personales en los centros se están realizando movilidades de la plantilla, manejando al personal y a los alumnos como meras piezas de ajedrez, mermando la calidad y atención en los centros de donde son trasladados (se viste un santo para desvestir otro) y dando una respuesta poco educativa y adecuada para todo el alumnado afectado y para los trabajadores”, indican antes de poner algún ejemplo ‘sangrante’: “Tenemos constancia de que en centros con aulas de inclusión, donde acuden alumnos con necesidades especiales, éstos han tenido que cambiar hasta en siete ocasiones de personal de atención directa, con lo que conlleva para este alumnado el cambio de rutinas”.

La falta de personal también está detrás de una resolución del Procurador del Común relativa al cambio de pañal al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil. En su resolución, concluye, como los sindicatos, que tras este problema real vuelve a estar la falta de personal. En concreto, el Procurador del Común, Tomás Quintana López, reclama que no se retrasen las evaluaciones psicopedagógicas de este tipo de alumnado, que los centros establezcan protocolos de actuación para estas situaciones, ya que entiende que “entre las funciones del profesorado no se incluye el cambio de pañales y vestido de modo habitual” y que para que los citados protocolos propuestos sean efectivos “sería preciso que, para la etapa de Educación Infantil se dispusiera de personal de apoyo habilitado para realizar dicho cometido”.

Propuestas incluidas en la consulta caducada de la Junta.
Propuestas incluidas en la consulta caducada de la Junta.

A pesar de que el plazo para presentar sugerencias en esta consulta que ha hecho pública la Junta caducó 18 días antes de publicarse la convocatoria, en la web de la Junta sí que aparecen 3 de las cuatro propuestas anunciadas sobre la que, se supone, tendrían que producirse las valoraciones. Las tres, todas ellas con un solo voto, proponen “mayor coordinación interadministrativa”; “mejor actuaciones desde todos los ámbito” y “mejora de la evaluación e intervención sanitaria, incluyendo la salud mental”.

Pese a que la reclamación de sindicatos y Procurador del Común es clara, no aparece ninguna propuesta que tenga que ver con la contratación de personal específico para la atención de este alumnado. Tampoco está la propuesta formulada por el propio consejero de Educación, Fernando Rey, para derivar a las Ampas la contratación de estos profesionales si lo considerasen necesario.


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