La viceconsejera de Función Pública, Marta López y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en una imagen de archivo. Foto: JCyL
La viceconsejera de Función Pública, Marta López y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, en una imagen de archivo. Foto: JCyL

La Asociación de Laborales Indefinidos de Castilla y León (ALICYL) denuncia que la propuesta de Oferta de Empleo Público para 2018 que la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta, ha presentado a las organizaciones sindicales pone en peligro casi 2.000 puestos de trabajo que vienen desempeñando empleados públicos desde hace más de 15 años con contrato de trabajo indefinido o de interinidad. Casi del 80% de las plazas que se incluyen en la Oferta Pública de Empleo están realmente “enmascarando un ERE de la Junta de Castilla y León en toda regla”, denuncian.

Los portavoces de la Asociación de Laborales Indefinidos de Castilla y León, integrada actualmente por más de 300 empleados públicos, quieren denunciar “el despropósito del Partido Popular con esta Oferta de Empleo Público en la que, de aplicarse, podría suponer el despido de más de 300 trabajadores laborales indefinidos y estables” que se ofertarían en esta Oferta de Empleo Público “engañosa y ficticia”.

La oferta, que la Junta ha modificado desde su planteamiento inicial, se debate hoy en la Mesa General de Funcionarios, tras haberse desconvocado el Consejo de Función Pública previsto inicialmente para que los sindicatos se pronunciaran sobre la propuesta.

Según los laborales, de ejecutarse esta Oferta de Empleo Público, habría que despedir a más de 300 trabajadores indefinidos para contratar a otros y “este cambalache les costaría a los ciudadanos cerca de 8 millones de euros para pagar indemnizaciones por despido.

Según los cálculos realizados por ALICYL, a partir de la información facilitada por Función Pública a los sindicatos, las 1.313 plazas propuestas de personal funcionario de carrera para incluir en la OEP 2018, 1.077 corresponderían a puestos de trabajo que ya están siendo desempeñados desde hace más de 10, 15 o incluso 20 años por personal interino o laboral indefinido, por lo que sólo 236 plazas serían una ampliación real de personal al servicio de la Administración.

Asimismo, de las 1.223 plazas de personal laboral incluidas en la OEP 2018, solamente 316 plazas corresponderían a una ampliación de personal efectivo, mientras que las 907 restantes, corresponden a puestos de trabajo que ya están siendo desempeñados por personal laboral temporal o indefinido.

De una oferta de 2.536 plazas de personal funcionario y laboral, casi 2.000 son puestos de trabajo ya desempeñados por trabajadores con dilatada experiencia y antigüedad de 10, 15 o incluso 20 años desempeñando adecuadamente sus funciones, explican antes de calcular en 28 millones de euros el coste de este ERE camuflado.

Los trabajadores Indefinidos de la Junta de Castilla y León tildan esta maniobra de “campaña de maquillaje del Partido Popular” ante las próximas Elecciones Autonómicas y Municipales. A juicio de la Asociación de Laborales Indefinidos, la Junta de Castilla y León ante la situación económica actual, entraría en contradicción con el principio de austeridad y de contención de gasto público marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La Asociación de Indefinidos de Castilla y León hace un llamamiento a la Junta de Castilla y León y a los sindicatos presentes en esa Mesa General de Negociación para que “no se lleve a cabo algo que a todas luces no va a generar más que conflictos y movilizaciones y, lo más importante, un ahorro de millones de euros que se pueden invertir, por ejemplo, en aumentar plazas de nueva creación reales”. “No debe consentirse que se gaste dinero en despedir trabajadores cualificados y que se invierta en una mejora real de empleo público”, advierten.


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