El concejal de Urbanismo y una técnico municipal en la presentación del PGOU a los colegios profesionales.
El concejal de Urbanismo y una técnico municipal en la presentación del PGOU a los colegios profesionales.

Siete colectivos de la ciudad han registrado un escrito dirigido al Concejal de Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Valladolid solicitando la ampliación en un mes a dos meses del nuevo periodo de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid.

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid aprobó el pasado 26 de noviembre el “Informe sobre las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de 24/07/2017” y, tras la revisión correspondiente de toda la documentación, ha decidido la “apertura de una segunda Información pública” que ha comenzado con el preceptivo anuncio público en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) el 4 de diciembre de 2018 siendo el plazo concedido para la participación de personas y colectivos sociales de un mes y finaliza, por tanto, el 4 de enero de 2019.

La Asamblea Ciclista de Valladolid (ASCIVA), la Asociación Cultural Ciudad Sostenible, FACUA-Consumidores en Acción de Castilla y León (FACUA), la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid "Antonio Machado" , la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telecomunicaciones (AVAATE), el sindicato CGT Valladolid y Ecologistas en Acción de Valladolid justifican la petición de la ampliación del plazo de un mes a dos meses en que “en tan corto periodo de tiempo es prácticamente imposible realizar aportaciones fundadas y razonables por parte de organizaciones como las firmantes que están obviamente interesadas en el diseño de la ciudad y de sus barrios”.

Los distintos colectivos entienden que las razones para atender su petición son “obvias”: “El mes de diciembre ha comenzado, justo nada más publicarse el anuncio en el BOP, con el denominado “puente de la Constitución” y continuará con todas las ‘fiestas navideñas’ que dificultan cualquier tipo de trabajo voluntario hasta el 8 de enero.

Junto a los inconvenientes asociados al calendario existen, en segundo lugar, otros de similar importancia y de gran calado que tienen que ver con los cambios experimentados en el Plan y en su documentación tras el estudio de las alegaciones y otras revisiones realizadas de oficio por el propio Ayuntamiento”.

“Ya indicamos en la presentación de nuestras alegaciones en el primer periodo de exposición pública en diciembre de 2017, que la documentación relativa al denominado Plan Rogers no era válida porque se hablaba de ‘asunción parcial de dicho Plan’ sin determinar qué partes se asumían y cuales se modificaban”, señalan las siete organizaciones sociales. En la documentación actual se cambia, creemos que para bien, de criterio y se apuesta por reformular el planeamiento de toda la operación. Lógicamente hace falta más tiempo para estudiar esta nueva documentación que afecta de forma decisiva a la ciudad”, añaden.

“Una importancia similar tienen, en tercer lugar, otros cambios en la documentación que entran de lleno en el tipo de ciudad que queremos configurar. Sirva como ejemplo lo ocurrido con la Memoria Vinculante asociada al Plan. Según recoge el Reglamento de Urbanismo vigente en Castilla y León, se trata del “documento que debe expresar y justificar los objetivos del Plan, sus propuestas de ordenación y demás contenidos normativos y determinaciones que sirvan de fundamento al modelo territorial elegido”. Pues bien, la Memoria Vinculante presentada a la anterior información pública constaba únicamente de 133 páginas, mientras que la expuesta ahora para su estudio tiene 256 páginas y dos capítulos nuevos”, indican los siete colectivos vecinales, sindicales, ecologistas, de ciclistas, de consumidores, de protección de la salud y urbanistas de la ciudad.

“Esperamos que esta solicitud sea atendida con rapidez para dar sentido y tiempo a una participación social efectiva y fundada”, expresan confiando en que su carta al concejal de Urbanismo, Manuel Saravia sea atendida.


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