El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín.
El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín.

Las reacciones a la contundente sentencia del TSJ que anula el catálogo de puestos tipo de la Junta de Castilla y León que ayer adelantó en exclusiva últimoCero no se han hecho esperar. El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, ha comparecido ante los medios para denunciar que tras esta “demoledora” sentencia “la función pública ahora mismo está muerta” y que “sus asesinos” han sido “el procurador y presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que fue consejero y responsable de esta materia entre los años 2001 y 2007; su ‘escudera’ Isabel Alonso, que le sustituyó en el cargo; la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, de 2011 a 2015 y el que lo remató el actual consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que se ha coronado con la Agenda para la población o la ordenación del territorio y que solo se le va a recordar por haber acabado con el Toro de la Vega”.

Según el PSOE, se trata de “una sentencia demoledora que se carga la piedra angular de la función pública ya que esta anulación influye y afecta a la Relación de Puestos de Trabajo, a los  concursos ordinario y abierto y permanente e, incluso, a la oferta de empleo público vendida a bombo y platillo por la Junta y a la carrera profesional y la estabilización de plantilla”.

La sentencia, según recordó José Francisco Martín, declara nulo este catálogo de puestos de trabajo por considerar que se debería haber puesto en marcha como una disposición general y no como un acuerdo, al considerar que no ha incluido informes técnicos para su elaboración.

Martín incidió en que la sentencia declara que el catálogo, además de carecer de cualquier tipo de documento técnico y estudio preparatorio, no explica por qué son 81 puestos de trabajo y no otro número. El catálogo, además, tendría que haber sido una norma y no un acuerdo.

Esta sentencia tiene “un efecto mortal para los empleados públicos que, a partir de ahora, tendrán la espada de Damócles encima porque no sabrán si su puesto existe o no”, mantiene Martín.

Por último, denunció la “cobardía política” de los responsables de la Junta al cesar pocos días antes de conocerse la sentencia a la jefa de los servicios jurídicos, mientras ellos no asumen absolutamente ninguna responsabilidad política.

La Sala que ha atendido la demanda planteada por un grupo de funcionarios de la Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Administración de Castilla y León también ha resuelto otra sobre este mismo caso, presentada por un grupo de letrados de la Comunidad. Faltan por conocerse los fallos de otras demandas en el mismo sentido presentadas por los sindicatos CGT y CESM.

Podemos

También el portavoz de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, se ha pronunciado sobre el fallo judicial. Fernández lamenta que la “incompetencia del PP” haya “provocado una debacle para la función pública, con una sentencia que nuevamente deja en evidencia la calamitosa gestión de la Junta de Castilla y León y que genera una enorme incertidumbre en el empleo público de esta Comunidad”.

Y es que, en palabras del secretario general autonómico de Podemos, Castilla y León, “lleva demasiados años sufriendo los dislates del PP, que se ensaña especialmente con una función pública a la que la Junta denosta constantemente”.

Ante nuevo varapalo judicial, Pablo Fernández exige responsabilidades políticas, a sabiendas de que “la única forma de arreglar el desaguisado provocado por el PP es conseguir un cambio de gobierno en 2019 que cuide y vele por la función pública”, Para lograrlo, Podemos Castilla y León ha solicitado en Las Cortes la comparecencia urgente del Consejero de la Presidencia.


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