Quinidio Martínez, portavoz de Pladepu. Foto: úC
Quinidio Martínez, portavoz de Pladepu. Foto: úC

La portavoz del Gobierno Autonómico, Milagros Marcos, asegura que la sentencia del TSJ que anula el Catálogo de Puestos Tipo en la Junta “no paraliza nada”, pero lo cierto es que “cuestiona toda la política de función pública de la Junta”. Así lo entienden los funcionarios de la Junta de Castilla y León integrados en la Plataforma en Defensa de lo Público (Pladepu) que, no sólo piden a la Junta que no recurra el fallo, sino que exigen la dimisión del consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez por ser “padre y madre” de esta normativa fallida.

El catálogo de puestos tipo es la “pieza angular” sobre la que se asienta la política funcionarial de la Junta y su anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León supone un verdadero varapalo para el Gobierno del PP que ya ha atendido y fallado a favor de funcionarios de la Escala de Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Administración de Castilla y León y también de un grupo de grupo de letrados de la propia Junta en el mismo sentido. Está pendiente aún de conocerse el resultado de las demandas planteadas, en el mismo sentido, por dos sindicatos: CGT y CESM.

“La Junta lo que debería hacer un acto de contrición y no recurrir este fallo del TSJ”, sostiene el portavoz de Pladepu, Quinidio Martínez, apuntando la incongruencia que supondría ordenar a los letrados de la Junta que han demandado y ganado a la Junta que fueran ellos lo que presentaran un recurso.

Pero el portavoz de Pladepu va más allá y sostiene que la repercusión de este demoledor pronunciamiento del TSJ también debe afectar a las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) recién aprobadas por la Junta. “Por coherencia también se deben anular las RPT aprobadas porque todas ellas están justificadas y ‘cuelgan’ del catálogo de puestos tipo”, entiende Martínez.

Pero hay más. Al anularse el Catálogo y cuestionarse así las RPT aprobadas, para Pladepu también es necesario que “se deje sin efecto el concurso abierto” de funcionarios. “No puede entenderse que, tras anularse el catálogo se mantengan las RPT y el concurso abierto porque algunos de esos puestos a los que se refiere la ordenación o al que aspiran algunos funcionarios ni siquiera existen”, sostienen los portavoces de Pladepu advirtiendo que la Junta puede verse desbordada por la presentación masiva de recursos que a buen seguro acabará perdiendo y tendrá que hacer frente a las costas con el dinero de todos.

Como resumen, los integrantes de Pladepu exigen la dimisión del consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez por ser “padre y madre” de este desaguisado “en el se han perdido 5 años en lugar de abordar otras cuestiones necesarias y que estaban pendientes”.

Aunque la portavoz de la Junta, Milagros Marcos ha asegurado para justificar al Gobierno del PP que la iniciativa contó con el apoyo «unánime» de los representantes de los empleados públicos, «que es con los que hay que consensuar estas normas», se le olvidó explicar que este catálogo de puestos tipo anulado “se negoció en la mesa general de la función pública y no en la mesa sectorial de negociación de funcionarios, que es donde debería negociarse este asunto”. “Este grave hecho”, según Pladepu supuso en su día “una usurpación de los derechos de los funcionarios, ya que en esa mesa general no está representada el sentir de los funcionarios en las últimas elecciones sindicales de 2016”. “La mesa general abarca cuestiones referentes a todos los empleados: Personal Laboral y Funcionario, pero además, del Personal Docente y del Estatutario (que tienen sus propias elecciones y sus órganos de representación). Por ejemplo, en esta “negociación”, la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES) ha aprobado el CPT que no debiera ser de su competencia; mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) no ha podido participar siendo la segunda fuerza votada por el personal funcionario de la Junta de Castilla y León”, explican.

Fuentes sindicales consultadas por últimoCero, sin embargo, aclaran que las grandes centrales acabaron dando su sí al catálogo de puestos tipo que planteó la Junta porque “fue una condición impuesta por el consejero de Presidencia para poder abrir el concurso abierto y permanente que se venía demandando sin éxito desde hacía años”.


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