La activista Nina Infante acusada de dar una supuesta patada a un agente, sujeta la pancarta bajo la cual se ve que calza sandalias. Foto: Jorge Ovelleiro
La activista Nina Infante acusada de dar una supuesta patada a un agente, sujeta la pancarta bajo la cual se ve que calza sandalias. Foto: Jorge Ovelleiro

“Se siguen valorando las alegaciones presentadas”. Esta es la respuesta que se obtiene cuando se pregunta a fuentes oficiales de la Subdelegación de Gobierno sobre el estado de tramitación de la multa de 600 euros impuesta a la ex concejala y conocida activista feminista de Valladolid, Nina Infante por haber arengado a las masas y propinado una supuesta patada a un policía en el transcurso de una manifestación para protestar contra la excarcelación de los integrantes de la Manada. Ella y varios testigos presenciales niegan el relato policial. Las fotos que publicó ese día últimoCero demuestran que Infante calzaba unas sandalias totalmente descubiertas…

En el expediente 1804/2018 que lleva la firma de la subdelegada del Gobierno socialista Helena Caballero, se recoge en el apartado de hechos que el 22 de junio de 2018 a las 20,30 horas el dispositivo policial se colocó a la puerta de los juzgados “con objeto de impedir pintadas en su fachada y permitir el paso de las personas que no participan en la manifestación, puesto que la acera opuesta estaba totalmente ocupada por los manifestantes”. “En un momento dado, la denunciada lanza una patada sobre un agente de policía, arengando al resto de manifestantes a ocupar la acera, motivo por el cual los agentes, al acabar el acto, identifican a la denunciada para levantar la correspondiente acta de denuncia”, se indica textualmente en el acuerdo de iniciación de expediente que concluye con una propuesta de sanción de 601 euros en aplicación de la Ley Mordaza.

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El escrito de alegaciones presentado por Nina Infante es contundente: “No es cierto ninguno de los hechos que se me imputan: ni lancé una patada sobre ningún agente de policía ni arengué al resto de los manifestantes a ocupar la acera. El primero de esos hechos es absurdo, habida cuenta de mis condiciones físicas, además de imposible porque lo impedía la pancarta que junto con otras personas sujetaba con las manos y que llegaba hasta el suelo. El segundo, simplemente no es cierto. Es verdad que yo era una de las personas que portaba la pancarta, pero no tuve ninguna intervención destacada ni relevante en la manifestación y no pronuncié ninguna arenga”.

La conocida activista vallisoletana también apunta en sus alegaciones que la denuncia no está firmada por el mismo agente que la identificó, ya finalizada la protesta en la que no se registró ningún incidente. “Finalizada la manifestación y cuando ya había abandonado la calle Angustias fui interceptada por tres policías, a los que pedí que se identificaran y ninguno de ellos era el titular del carnet profesional no 73.643”.

últimoCero fue testigo del forcejeo entre manifestantes y agentes de policía empeñados en no dejar subir a la acera de la puerta de los juzgados de la calle Angustias a las mujeres que portaban una de las pancartas. Las fotos publicadas aquel día muestran cómo se sucedieron los hechos sin que en ningún momento se apreciase ningún tipo de agresión de los manifestantes a los agentes. Las imágenes también muestran las sandalias veraniegas que dejan el pie al descubierto y que ese día calzaba la persona denunciada por haber propinado una supuesta patada a un agente.

 

El pasado mes de septiembre, la Coordinadora de Mujeres, tras tener conocimiento de la sanción impuesta a Infante, consideró que esta multa en aplicación de la Ley Mordaza, “supone lesionar la libertad de manifestación de las personas en general y de las mujeres en particular”.

Desde Izquierda Unida de Castilla y León han expresa su solidaridad con la activista Nina Infante y su repulsa por la multa de 600 euros por “arengar a subirse a una acera” y por intentar; supuestamente, agredir a un agente. “Este tipo de situaciones nos retrotraen a épocas pasadas que teníamos ya superadas” ha declarado José Sarrión, coordinador de IUCyL, “desde que la ley mordaza devaluó el estado de derecho, han sido muchas las arbitrariedades que han llevado a personas inocentes a sufrir condenas, tanto económicas como de cárcel, en aplicación de esta ley represiva”, pidiendo su derogación inmediata.

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