Parcela de Cáritas. Foto: Carlos Arranz
Parcela de Cáritas. Foto: Carlos Arranz

A pesar del pronunciamiento de distintos tribunales, la revisión del PGOU devuelve al suelo de la polémica parcela de Cáritas la calificación anulada por el TSJ y amplía su edificabilidad. Así lo entienden los siete colectivos que han presentado alegaciones complementarias a las ya registradas el pasado 4 de diciembre, como anunciaron antes de que concluyera el plazo.

Los siete colectivos que suscriben el documento al que ha tenido acceso últimoCero (Ciudad Sostenible, ASCIVA, Facua, Federación Vecinal, AVAATE, CGT y Ecologistas en Acción) recuerdan que “se anuló el Instrumento de Planeamiento que consideró los suelos de interés como urbanos consolidados y dio luz verde al aparcamiento privado de 400 plazas que se construyó”, y que “a pesar de carecer de cobertura legal permanece en la actualidad en funcionamiento con plena tolerancia municipal y un sustancial aprovechamiento privado”. “Ahora, la Revisión repite la jugada en los mismos términos que lo anulado, y con agravantes, sin justificar, ni motivar ninguno de los cambios producidos, lo que resulta ineludible dadas las “pringosas” circunstancias que rodean a estos suelos, a sus propietarios y promotores, y a la propia Administración Municipal, como se manifiesta en sus antecedentes judiciales”, señalan.

“¿Por qué el ámbito ha perdido su categorización como suelo urbano no consolidado, sustrayendo a la comunidad la participación en las plusvalías que genera la actuación urbanística, y que ya denunciaron los tribunales? ¿Por qué se incrementan las alturas permitidas, de 5 a 7 plantas, cuando, además, en el entorno próximo las alturas comunes son 4? ¿Por qué ahora el 25% del suelo no se destina a espacios libres públicos? ¿Por qué se incrementa la edificabilidad lucrativa prevista de 9.262,55 metros cuadrados (Dato Proyecto normalización 2008) a los 17.330,59 metros cuadrados que propone la Revisión del Plan?”, se preguntan los colectivos alegantes que piden “la calificación de todo el ámbito como dotación urbanística pública y en todo caso la categorización del suelo como no consolidado con las condiciones de edificabilidad lucrativa, alturas y reservas de espacios libres públicos del plan que se revisa”.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó en marzo de 2015 su sentencia de 8 de abril de 2010 y declaró nulo de pleno derecho el acuerdo del Ayuntamiento de Valladolid por el que aprobó definitivamente el Estudio del ARU 7 “Cáritas”, promovido por el cura Lino Collazos del Castillo, en representación de la Fundación “Emilio Álvarez Gallego.

El Tribunal también falló que había de remitirse testimonio de la sentencia al Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, que tramitaba las diligencias previas 3632/2008 (Caso PGOU), “que guardan relación con lo aquí resuelto, por si, como ya se dijo en la sentencia de 8 de abril de 2010, esa alteración de los planos a los que se ha hecho referencia pudiera ser constitutiva de infracción penal”.

Según el fallo, el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Valladolid y dicha Fundación el 27 de diciembre de 2012, aportado a los autos, “no impide la declaración de nulidad del Estudio de Detalle de que se trata –que es lo pretendido en la demanda y por el Ministerio Fiscal- pues las dotaciones y cesiones exigibles legalmente han de establecerse en el propio instrumento de planeamiento urbanístico, como se exige en la legislación urbanística a la que antes se ha hecho referencia, en este caso en el Estudio de Detalle litigioso y no por convenio, que tampoco lo modifica por el procedimiento legalmente establecido”

La sala insistió en que el estudio de detalle “es contrario a la legislación urbanística que cita por no haberse cedido “1.395 metros cuadrados para espacios libres de uso público”.

Aparcamientos

El escrito de alegaciones complementarias de los colectivos también aborda lo que denominan “muy lucrativos aparcamientos subterráneos privados de la Iglesia y Parkosa y la falta de regulación del subsuelo”.

En este apartado, tras plantear distintos interrogantes (¿qué pasa con los aparcamientos subterráneos privados como los ejecutados por Parkosa en este mismo ámbito de Caritas -400 plazas- o en el Seminario -860 plazas a un precio inicial de 35.000€/plaza-, o el subterráneo del colegio de San José -110 plazas-, no vinculados a viviendas o grandes superficies comerciales?, ¿acaso no tienen un aprovechamiento lucrativo y privativo realmente sustancioso? ) plantean la necesidad de que su regulación y el cómputo de su edificabilidad.

Consideran que es necesario “ordenar urbanísticamente el subsuelo” para “garantizar que el susceptible de aprovechamiento privado se someta a las servidumbres administrativas necesarias para la prestación de servicios públicos o de interés público”.

Seminario

Las alegaciones también hacen referencia al suelo del Seminario Diocesano: “No alcanzamos a comprender por qué esa área de 5 Ha- ni más ni menos- se mantiene como suelo urbano consolidado, y no se categoriza directamente en la Revisión como no consolidado, para la obtención de dotaciones urbanísticas públicas al servicio del Barrio de la Rondilla”.

Sobre la red de tuberías de fibrocemento y los tejados de este material los colectivos consideran que sería necesario que se realizara un mapa con la ubicación de las conducciones de fibrocemento, como se ha realizado en otros PGOUs, así como un plan de sustitución para no esperar al final de la vida útil de las tuberías y evitar su anticipada descomposición y riesgos para la salud.

Feria de Muestras

En cuanto a la ordenación propuesta para la Feria de Muestras, consideran “acertada la nueva calificación del suelo, que pasa de sistema general a dotación estructurante, pues la titularidad es de un consorcio público privado, y por tanto no puede incluirse entre los sistemas generales, que deben ser necesariamente y totalmente públicos”. Sin embargo, “en la ordenación establecida no queda claro qué se mantiene de las edificaciones existentes, y qué no, en concreto, parece lógico pensar que se mantendrá el edificio de la Cámara de Comercio y el Auditorio, pero no se especifica ni en los planos ni en la normativa”.

Los colectivo también lamentan que no aclare tampoco “si los espacios de tránsito peatonal previstos en la ordenación se van a poder utilizar, puesto que aunque las calles interiores propuestas figuran como espacio privado de uso público, no se especifica el uso público de los pasajes bajo los edificios”. “En cualquier caso, dichos pasajes, muy largos, con quiebros y no demasiado anchos, no se ajustarían a las recomendaciones del propio plan para los espacios peatonales ni a las indicaciones de la evaluación de impacto de género, generando espacios peligrosos y por tanto poco apetecibles para el tránsito peatonal. No parece por tanto que vayan a cumplir la finalidad con que se diseñan, que es hacer permeable el recinto”, señalan.

“Toda la operación parece "hecha a medida". Buena prueba de ello es el importante incremento de edificabilidad, que viene determinada por el sólido capaz y el número de plantas de cada una de las áreas uniformes establecidas, con aumento de la ocupación y la posibilidad de construir dos edificios de uso terciario y 12 plantas en la zona sur, especificando incluso para uno de ellos que debe destinarse a hotel en su mayor parte”, resumen convencidos de que la solución propuesta para abrir la parcela e incorporarla a la vida cotidiana de la ciudad no va a lograr ese objetivo.

Los colectivos que presentan este nuevo documento quieren que este nuevo paquete de alegaciones se sume al ya presentado y en el que se incluían 46 asuntos concretos.


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