Los socialistas Óscar Tapias, Javier Izquierdo, José Francisco Martín y Ander Gil, hoy a las puertas del Tribunal Constitucional.
Los socialistas Óscar Tapias, Javier Izquierdo, José Francisco Martín y Ander Gil, a las puertas del Tribunal Constitucional.

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo promovido por dos Procuradores de las Cortes de Castilla y León contra el acuerdo de la Mesa de 20 de diciembre de 2017, por el que se denegó el amparo solicitado frente a la paralización de las actividades de la Comisión de Investigación sobre la Perla Negra.

La citada Comisión se refería “al procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, sobre la adquisición de terrenos en Portillo para la construcción de un Parque Empresarial y la del edificio Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda, y sobre las oficinas del sector público de Castilla y León, con inclusión de ADE Internacional EXCAL, en ciudades del exterior de España, gestionadas directamente o a través de terceros”.

Esta sentencia se produce apenas unos días después de que haya sido imputada toda la cúpula de la Consejería de Economía por el caso de la Perla Negra, uno de los objetos de esta comisión de investigación.

La sentencia, redactada por el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, declara que se ha vulnerado el derecho de los recurrentes a “ejercer las funciones representativas con los requisitos que señalan las leyes (art. 23.2 CE) en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, a través de sus representantes (art. 23.1 CE)”. Asimismo, se declara la nulidad del Acuerdo de la Mesa de 20 de diciembre de 2017 y se ordena “retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior al de su resolución para que la Mesa dicte un nuevo acuerdo sobre la solicitud presentada que sea respetuosa con el derecho de participación política”.

Los recurrentes denunciaron la paralización o perturbación objetiva de los trabajos de la Comisión de Investigación tras los siguientes hechos: La constitución y composición de la Comisión fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León de 22 de octubre de 2015. En sesión de 10 de febrero de 2016 se aprobó una relación de comparecientes. Dos años después, en febrero de 2018, e incluso en septiembre de 2018, seguía sin determinarse un calendario para la celebración de las correspondientes sesiones de declaración de los comparecientes. Consta en las actuaciones que en este periodo (dos años) los recurrentes en amparo mostraron una actividad incesante con la presentación de diversos escritos solicitando el impulso de la Comisión.

A la vista de estos datos fácticos, la Sala Segunda del Tribunal entiende que “el discurrir de los trabajos de la Comisión se ha traducido en una dinámica que paraliza, perturba, obstruye o cuando menos dilata y demora su finalidad. Y con ello restringe el ejercicio del cargo por parte de los Procuradores miembros de la misma”.

Por tanto, con esa ralentización en los ritmos se ha conseguido “un panorama de restricción de la actividad de la Comisión que da como resultado una perturbación en la ejecución natural de sus tareas, sobre todo, en lo relativo a las comparecencias acordadas años atrás, en 2016, acercándose las fechas del final de la legislatura sin culminación de la investigación y con peligro de frustración del propósito perseguido”.

En consecuencia, “se ha producido objetiva o materialmente una obstaculización impropia e intensa del natural ejercicio del derecho fundamental del art. 23.2 CE”, concluye la sentencia.

Reacción socialista

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, acusó hoy al PP de “vulnerar la Constitución Española” para “tapar su corrupción”, tal y como demuestra la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, que estima el recurso presentado hace ahora un año por los procuradores socialistas José Francisco Martín y Javier Izquierdo.

“Esta sentencia del TC llega en un momento en el que entendemos mejor aún qué era lo que el PP tenía que ocultar”, afirmó, para recordar que el PSOE lleva tiempo denunciando “la corrupción del régimen del PP durante 30 años” y su estrategia de “obstaculización y dilación” que hoy condena el Tribunal Constitucional y que, al no haber antecedentes, crea además jurisprudencia en el alto Tribunal.

Esta sentencia, aclaró, demuestra que el PSOE “tenía razón” en que existía corrupción y refleja que el PP estádispuesto a “utilizar las instituciones” hasta el punto de vulnerar la Constitución para tratar de meterla debajo de la alfombra.

“Es una demostración más de que hay un régimen del PP que está manchado absolutamente de corrupción y que están dispuestos a cualquier cosa para taparla”, remarcó Tudanca. 

“En apenas unos meses, han condenado a quien fuera vicepresidente de esta Comunidad en la trama Gürtel, han imputado a toda la cúpula de la Consejería de Economía y el Tribunal Constitucional les condena por vulnerar la Constitución. ¿No piensan el Sr. Herrera y el Sr. Mañueco decir nada?”.


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