Cartel en euna manifestación contra la violencia machista. Foto: Gaspar Francés
Cartel en euna manifestación contra la violencia machista. Foto: Gaspar Francés

La sección primera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado la incapacidad permanente a una víctima de una agresión sexual por las secuelas psicológicas que sufre. El tribunal ha rechazado el recurso presentado por el Instituto y la Tesorería general de la Seguridad Social.

En su fallo, el tribunal coincide con la sentencia que ya dio la razón a la víctima de la agresión sexual, que presenta un cuadro completo de Trastorno por estrés postraumático agudo, que pasado el tiempo dio lugar a un Trastorno de estrés postraumático crónico, que produce "interferencia significativa" en su vida personal, social y familiar. La información de que el autor de la agresión ha sido puesto en libertad ha provocado una nueva acentuación de la sintomatología postraumática, con las consiguientes conductas de ansiedad generalizada, hipervigilancia, evitación, escape y sintomatología vegetativa”.

El TSJ, en su sentencia, comparte que este cuadro médico “determina una limitación funcional que le impide llevar a cabo cualquier actividad laboral de forma eficiente y conforme a los mínimos requerimientos que son imprescindibles en cualquier profesión”. “Consideramos, asimismo, que la ansiedad postraumática que sufre la recurrida se presenta tanto en trabajos de exigencia física como en los sedentarios por cuanto no se trata de una afección física sino psíquica; por otra parte, aunque compartiésemos con el recurrente que ni el trabajo agrario, ni otras labores sedentarias suponen estrés personal, la conclusión sería la misma porque la afección psíquica que sufre la recurrida no está relacionada con su trabajo habitual sino con la agresión sexual que padeció en el año 1997. Por último, señalaremos que las variables a las que se refiere el recurrente (antigüedad, evolución, gravedad, severidad de la clínica y dificultad para el abordaje) conducen a la incapacidad permanente absoluta declarada en la sentencia impugnada”.

Según los “indiscutidos” hechos probados, “la recurrida lleva padeciendo este calvario psíquico desde el año 1997, sometida a tratamiento continuo, con una clínica que produce una "interferencia significativa" en su vida personal, social y familiar y con acentuación de la sintomatología como consecuencia de la puesta en libertad de su agresor”.

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