Pancarta desplegada en la concentración. FOTO: Gaspar Francés
Pancarta desplegada en la concentración. FOTO: Gaspar Francés

La Plataforma por las Libertades de Valladolid ha denunciado esta tarde en Valladolid un nuevo caso de uso represivo de la Ley Mordaza. Un miembro de la Asamblea, perteneciente a la asociación Parados en Movimiento ha sido sancionado con una multa de 601 € por “colocar carteles en fachadas de edificios en las que no está permitida dicha colocación”, a pesar de que fue denunciado por “su negativa a identificarse ante un policía municipal de paisano y con el rostro semi-tapado”.

Así lo ha confirmado un Juzgado de lo Contencioso de Valladolid que ha dictado sentencia confirmando la sanción impuesta en aplicación de la Ley Mordaza por colocar carteles y no por negarse a ser identificado: “Al compañero de la Plataforma no se le sanciona por poner carteles, sino porque se negó a identificarse, según manifestación de la policía municipal que le notifica la sanción en su domicilio y con su D. N. I., por lo tanto, sí que se identificó”, entiende el colectivo.

La denuncia original de la policía por negarse a la identificación tiene su origen en una actividad de la Plataforma por las Libertades para protestar contra la Ordenanza Mordaza Municipal que finalmente fue aprobada por el actual consistorio, “siguiendo la línea represora del anterior consistorio”.

“Cuando iniciaron la colocación de los carteles, se acercaron unas personas de paisano que resultaron ser policías municipales”. “A un compañero que se encontraba a la altura del kiosco que existe en la Plaza de la Cruz Verde, una de estas personas de paisano con un gorro y con parte de la cara oculta con una especie de bufanda (braga) se abalanzó sobre él, agarrándole fuertemente por la mano con la que llevaba un carro de la compra y sin su permiso procedió a abrir el carro, comprobando que dentro del mismo llevaba carteles y pegamento, conminándole para que le entregara el carro y los objetos que llevaba dentro, a lo que se negó puesto que no existía ninguna razón para que le quitaran ni el carro ni los objetos que llevaba dentro, en concreto los carteles informativos dirigidos a los ciudadanos de Valladolid sobre la limitación a la libertad de expresión y de manifestación en la que incurre la ordenanza mordaza”, explicó el colectivo tras el incidente registrado el 16 de diciembre de 2017.

Isabel de la "Plataforma por las libertades" leyendo el comunicado. FOTO: GASPAR FRANCÉS

La Plataforma por las Libertades entendió entonces que que “la actuación del policía municipal de paisano retirando los carteles que llevaba el compañero era irregular pues vulnera el artículo 20 de la Constitución Española que en su apartado 1. a) reconoce y protege los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y asimismo, el apartado 5, dispone que sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial, por lo que la retirada de los carteles que llevaba el expedientado con información contra de la ordenanza mordaza, sin previa autorización judicial, por parte de los policías, fue anticonstitucional”. El juzgado, sin embargo, ha ratificado la sanción impuesta.

“La Ley Mordaza es injusta y desde luego nada democrática. Se le pone una multa de 601 euros a un parado que percibe una ayuda de subsistencia que viene a constituir el equivalente a un mes y medio de sus ingresos de subsistencia. La Ley Mordaza eleva a la categoría de prueba absoluta la declaración de unos policías que iban de paisano, que en ningún momento afirman que se hayan identificado, prevaleciendo sobre la palabra del ciudadano de a pie y de los testigos, lo que implica una limitación grave al principio de igualdad y de tutela judicial efectiva”, valora la Plataforma por las Libertades.

También quisieron aludir a la escalada de represión a cualquier libertad, por parte del Estado español."Queremos solidarizarnos con las gentes que han ocupado un pueblito en Guadalajara llamado Fraguas, expropiado por el ICONA en 1968 y utilizado por el Ejército como zona de maniobras en los 90 y a los que les piden más de 2 años de carcel por reconstruir 3 casa, varios caminos y huertas en el pueblo, con las piketeras enjuiciadas en Gijón por la huelga del pasado año del 8-M, en el que relizaron un pikete en Mango y por lo que les piden 12.000 euros por lesiones y por atentar contra el derecho de lxs trabajadorxs, además de esperar en marzo otro juicio y para terminar y con el caso de la compañera multada el pasado año también aquí en Valladolid, de la asamblea del 8-M, mientras tomaba parte en un pikete informativo por el centro de la ciudad. No son los únicos casos, sólo tres ejemplos" dijeron.


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