El marido de Silvia Clemente, Javier Meléndez, en una imagen de archivo tomada en Villalar. Foto: Gaspar Francés
El marido de Silvia Clemente, Javier Meléndez, en una imagen de archivo tomada en Villalar. Foto: Gaspar Francés

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, ha desestimado el recurso presentado por Patatas Meléndez, S.L. la empresa del marido de la ex presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, contra una resolución de la Consejería de Agricultura y Ganadería que denegaba el pago de una subvención de 598.000 euros anteriormente concedida por la Administración a dicha mercantil porque de las seis tareas cuya justificación y pago se pretenden en el expediente VA/0801222/S31, cuatro ya fueron justificadas y pagadas por la Junta en el año 2013 en el expediente VA/0801222/S21.

Tras apreciar indicios de una posible manipulación de documentos aportados en el expediente estudiado y después de ser requerida por la Fiscalía Provincial de Valladolid para entregar la documentación enviada por el ITACYL, la Sala ha decidido remitir testimonio de particulares de esta sentencia y de la documentación obrante en el presente recurso al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Instrucción nº3 de Valladolid a los efectos que se estimen oportunos.

Silvia Clemente y su marido, de espaldas, junto al actual portavoz del PP Raúl de la Hoz en una imagen de archivo en Villalar. Foto: Gaspar Francés
Silvia Clemente y su marido, de espaldas, junto al actual portavoz del PP Raúl de la Hoz en una imagen de archivo en Villalar. Foto: Gaspar Francés

Dicho Juzgado está instruyendo unas diligencias previas a raíz de la denuncia que interpuso la Fiscalía tras ser avisada por el ITACyL de la desaparición de documentación relacionada con el expediente en cuestión.

Según se recoge en el fallo del TSJ, el 14 de marzo de 2018, el ITACYL puso en conocimiento del Ministerio fiscal la inexistencia de documentación que solicita la Sala, “pues desde aquel momento a la fecha actual siguen sin aparecer los documentos esenciales en relación con dicho proyecto en los lugares protocolizados para su archivo en el ITACYL, que son: el informe final firmado, que es el documento que refleja la síntesis final y conclusiva de todos los trabajos realizados de manera autónoma por los investigadores del proyecto y el contrato, protocolo y el cuadro financiero del proyecto mencionado”. “Únicamente, dice, que al margen de esos lugares protocolizados se han podido localizar documentos aislados en relación con tareas técnicas realizadas por algunos investigadores adscritos al proyecto, documentos que se adjuntan sin que se pueda asegurar que reflejen con exactitud todos los trabajos desarrollados en ejecución de dicho proyecto; añade que se han localizado diferentes versiones del “informe final”, si bien no se pueden garantizar su autenticidad en la medida en que no se han podido confrontar con el original ni aparecen firmadas en la forma establecida en el procedimiento de servicios del sistema de gestión de calidad del ITACYL”. En el fallo se apunta además que “al parecer, se eliminó en abril de 2013 de las carpetas digitales por indicación del entonces Jefe del Área de Innovación y Optimización de procesos, responsable también de la Unidad de Transferencia Tecnológica, don Manuel Ariza Martín, que actualmente no es empleado del ITACYL”.

Este fallo se ha comunicado tan solo un día antes de que comiencen las votaciones para elegir en primarias al candidato de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León, puesto al que opta Silvia Clemente, con el apoyo de la dirección nacional del partido naranja, después de haber abandonado el PP entre críticas al partido y a su máximo dirigente, Alfonso Fernández Mañueco.

 

últimoCero desveló en abril de 2013 la existencia de un contrato de la Consejería de Agricultura que entonces dirigía Silvia Clemente que tenía por objeto “el encargo por la empresa Patatas Meléndez S.L. al Itacyl (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León) de un asesoramiento y asistencia técnica para la realización de un proyecto de ‘Innovación en el procesado de productos derivados de la patata: diseño y desarrollo de productos de IV gama, prefritos y chips, dirigidos a dar un alto valor añadido a productos de Castilla y León”.

Según el citado contrato, la empresa pública Itacyl, ponía a disposición de Patatas Meléndez un equipo técnico e investigador y, a cambio, la patatera suministraba “las materias primas necesarias para la realización del proyecto” y abonaba 623.293 euros (más IVA).

Distintas fuentes de la Consejería de Agricultura confirmaron entonces que los primeros contratos suscritos por el Itacyl para personal que acabó prestando sus servicios en las instalaciones de Patatas Meléndez o Agroinnova se referían a finales de 2008 y se cobijaban bajo el paraguas de las “actividades propias del proyecto ‘Innovación en el procesado de productos de IV gama de prefritos dirigidos a dar un alto valor añadido a productos de Castilla y León”.

Lo verdaderamente rocambolesco fue, según todas las fuentes del sector consultadas, que el contrato incluyera una leonina cláusula referida a los derechos en materia de propiedad industrial e intelectual para los intereses de la Administración. “Las partes convienen expresamente que la titularidad de los resultados parciales o finales del proyecto, así como de todos los derechos de propiedad industrial o derecho de patente sobre las invenciones o resultados de cualquier tipo que pudieran resultar de las investigaciones, actividades o trabajos desarrollados en el proyecto objeto del presente contrato, corresponderán en exclusiva a la empresa”, se recoge literalmente en el contrato en poder de últimoCero.

Un “cuadro financiero” con membrete de Itacyl y sello oficial de la Junta en el que estampó su visto bueno el 2 de junio de 2009 el por entonces director del Itacyl, Jesús María Gómez Sanz, es el que dio la conformidad para que se aprobara la operación. Gómez Sanz ocupó el cargo de Director General de Producción Agropecuaria y Desarrollo Rural en el organigrama oficial de la Junta.

Su firma abrió la puerta a un negocio del que pudo hacerse un resumen siguiendo la estela de los anuncios del Boletín Oficial de Castilla y León, las informaciones publicadas en prensa, los dossieres anónimos, las intervenciones parlamentarias y las indignadas declaraciones que realizaba por entonces cualquier agricultor del sector de la patata al que se le preguntara. “La consejera concede jugosas y desproporcionadas subvenciones a las empresas de su pareja sentimental. Éstas, contratan los servicios de una empresa pública para que les proporcione personal investigador cualificado, por un importe muy inferior al de las subvenciones recibidas y, por si esto fuera poco, en el caso de obtener alguna patente rentable en el transcurso de sus investigaciones, todo el beneficio sería para el empresario subvencionado: todo queda en casa”.

Y lo que ha quedado durante todos estos años no ha sido precisamente poco. Sobre todo, si se compara con otras empresas agroalimentarias del sector. De ahí que el procurador socialista en las Cortes, Manuel Fuentes, denunciara ya en julio de 2010, el “trato de favor” que recibían las empresas relacionadas con la consejera ‘popular’ Silvia Clemente. En ese año (2010), Patatas Meléndez y Agroinnova, que afrontaron inversiones por valor de 1,3 millones de euros, recibieron subvenciones de la Consejería de Agricultura y Ganadería por importe de 998.450 euros. Fuentes, incluso, apuntó que el porcentaje medio del 75% de subvención con respecto al importe global del proyecto llegó a ser del 100% en una inversión realizada por Patatas Meléndez que superó el medio millón de euros (598.000 euros). El procurador socialista no desvelaba ningún secreto. Las cuantías de estas subvenciones se habían hecho públicas a través del Boletín Oficial de la Comunidad del día 7 de julio de 2010 (páginas 53850 a 53873).

En la convocatoria a la que aludía Fuentes, la cuantía media de las subvenciones que recibieron las empresas agroalimentarias de la Comunidad se situó en el 26,5%. Las más cuantiosas alcanzaron el 40% y sólo Patatas Meléndez S.L. consiguió que la Consejería de Agricultura y Ganadería le subvencionara el 80% y hasta el 100% de alguno de sus proyectos.

La ardiente defensa del tubérculo patrio por parte de la entonces consejera de Agricultura y hoy aspirante a dirigir la Junta bajo el paraguas de Ciudadanos, Silvia Clemente, condujo al ‘aparato de comunicación’ de la consejería al borde del precipicio en más de una ocasión.

En octubre de 2011, la entonces titular de la cartera regional de Agricultura llegó a enfrentarse a la ‘todopoderosa’ Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), con quien un mes antes había firmado un “acuerdo para la promoción de la venta de patata de Castilla y León”.

A través de un comunicado oficial, la Junta denunció que ANGED se había saltado el acuerdo al “detectar que seis cadenas de distribución realizaban prácticas abusivas en el precio de la patata” y que se habían “encontrado cadenas que comercializan producto de Francia”. El comunicado, que citaba expresamente a los grupos de distribución, recordaba que éstos se habían comprometido a “velar por que no se comercializaran las patatas por debajo de los costes”. La respuesta de ANGED y su representante legal, Javier Millán-Astray, fue inmediata. Ese mismo día (7 de octubre de 2011) remitió una carta al Director General de Industrias Agrarias, Jorge Morro, en la que le recordaba que “ese compromiso no aparece en ninguna parte del acuerdo como puede comprobarse de una simple lectura del mismo”


Noticias relacionadas:

Clemente deja las Cortes y el PP y arremete contra Mañueco: “No tiene capacidad y carece de liderazgo”

Igea plantará cara en las primarias de Ciudadanos a Silvia Clemente, dedazo de Rivera para Castilla y León

No hay comentarios