Luis Alberto Samaniego y su hijo Luis Javier, esta mañana a su llegada al Palacio de Justicia donde se celebra el juicio. Foto: úC
Luis Alberto Samaniego y su hijo Luis Javier, esta mañana a su llegada al Palacio de Justicia donde se celebra el juicio. Foto: úC

Luis Alberto Samaniego Conde, el jefe de mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid que durante años se benefició de cientos de adjudicaciones de obras menores ha señalado a subordinados como responsables de que los contratos llegaran a sus empresas y ha desvelado que durante años su asesor fiscal fue el hermano del actual interventor municipal.

Estas han sido las principales novedades de la primera sesión del juicio que contra él, su hijo Luis Javier, su primo Antonio Bernardo y su contable Miguel Ángel Rodríguez Patín se sigue en la Audiencia Provincial y en la que todos ellos se enfrentan a una petición global de penas por parte de la Fiscalía de Valladolid que suman 35 años de prisión para los cuatro por delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad en documento mercantil, junto con estafa. La petición global de la acusación que ejerce el Ayuntamiento eleva a 45 la petición global de años de cárcel.

Los acusados, tras sus abogados, en el banquillo de los acusados. Foto: úC
Los acusados, tras sus abogados, en el banquillo de los acusados. Foto: úC

Una vez desestimadas todas las cuestiones previas planteadas por las defensas del los acusados, el primero en prestar declaración, negándose a contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal y la acusación que ejerce el Ayuntamiento, fue Luis Alberto Samaniego, que centró sus respuestas en señalar a dos subordinados suyos, encargados del mantenimiento de los edificios municipales, de los contratos de los que acababan beneficiándose su conglomerado de 13 empresas.

Samaniego justificó que algunos trabajos menores fueran subcontratados por el Ayuntamiento a empresas externas por la escasa plantilla municipal para poder acometerlas. Indicó que “sólo había un albañil en el Ayuntamiento y no tenía hecho el curso de prevención de riesgos, por lo que no se podía subir ni a un tejado”.

El ex jefe del Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid, a quien se imputan sobrecostes en las obras de las que se beneficiaron sus empresas de en torno a 800.000 euros según la Fiscalía, y 2,4 millones, según el Ayuntamiento, declinó toda responsabilidad en las adjudicaciones. “Los distintos servicios municipales eran los que aprobaban la obra. Eran ellos los que buscaban el dinero y mientras no se aprobaba el gasto, no se realizaba la obra, Todos los trabajos eran baratos y buenos. Yo era el primer interesado en quedar bien. Los servicios eran los que llamaban a mis empresas. Nunca jamás en la vida hubo quejas y nunca intervención devolvió una factura. No hay ni un parte en 14 años”, ha declarado Samaniego antes de reconocer que la creación de su entramado familiar de empresas (hasta 13) obedece a una recomendación de su asesor fiscal “que es el hermano del actual interventor municipal”.

Al igual que minutos antes había hecho su padre, Luis Javier, se negó a contestar a la Fiscalía y la acusación particular y reiteró lo que para su padre es “una trampa”. Se refirió de forma pormenorizada al informe municipal en el que se investigaron los supuestos sobrecostes, quejándose que en la valoración de los trabajos los técnicos no aplicaran los mismos criterios que él en sus facturas para analizar la existencia o no de sobrecostes. “No es lo mismo poner un ladrillo en un primer piso que en un quinto sin ascensor”, resumió gráficamente para quejarse de que en las valoraciones efectuadas por los técnicos no se tenía en cuenta el uso de determinada maquinaria, el coste de las medidas de seguridad, el margen de beneficio empresarial…

Aunque en su interrogatorio quiso dejar claro que en la sede compartida por varias empresas del entramado familiar “nunca se mantuvo ninguna conversación para fijar precios con antelación”, a preguntas de su propio abogado reconoció que además de los funcionarios señalados por su padre, él recibió por parte de su progenitor algún encargo “en muy contadas ocasiones”.

El primo del principal acusado, Antonio Bernardo Samaniego sí que ha respondido a las preguntas de todas las partes. El interrogatorio de la fiscalía ha servido para que reconociera que sus empresas no tenían trabajadores y que acababan subcontratando con otras del entramado familiar los trabajos que llegaban del Ayuntamiento.

El contable de los Samaniego, Miguel Ángel Rodríguez Patín, ha reconocido que las empresas del clan trabajaban en exclusiva para el Ayuntamiento donde el jefe de sus empresas era a su vez Jefe de Mantenimiento. Su interrogatorio ha servido para concretar que Luis Alberto Samaniego cobró de sus empresas 227.000 euros en concepto de “nóminas” que, según ha querido aclarar “eran por servicios prestados a su propia empresa”.

El juicio está previsto que continúe el próximo miércoles con la declaración de los testigos.


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