Una captadora de una ONG para a un viandante en plena calle.
Una captadora de una ONG para a un viandante en plena calle.

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado una sentencia pionera en España en la que se reconoce a los trabajadores que las asociaciones y ONGs emplean como captadores callejeros de socios la categoría de promotores comerciales en lugar de la de auxiliares administrativos que es la que venían utilizando en sus contratos.

El fallo al que ha tenido acceso últimoCero supone en la práctica un incremento salarial tremendamente sustancial para estos trabajadores: de unos 300€ mensuales para jornadas laborales de entre 4 y 5 horas y de hasta más de 1.000 € de diferencia para categorías superiores en jornadas laborales de 8 horas.

Este fallo, fechado el pasado 18 de marzo y que ya es firme al no haberse presentado recurso contra él, no es el único caso pendiente de resolución judicial ya que desde 2018 se interpusieron una serie de demandas en nombre de varios trabajadores que prestaban o habían prestado sus servicios para alguna de estas “asociaciones”.

Lara Gago Blanco, la abogada que está detrás de estas demandas, conoce bien lo que ocurre en el seno de estas organizaciones sin ánimo de lucro ya que, según explica, parte de la carrera se la pagó ejerciendo esas tareas de captación para alguna ONG. “Se venía diciendo y aplicando la categoría de ‘auxiliar administrativo’ a este tipo de trabajadores. Teniendo en cuenta que solamente se contrataba a gente con estudios universitarios, gente con cualidades personales muy específicas (asertividad, espontaneidad, elocuencia, carisma…), y que se requería de una formación y concienciación muy específicas, no cabe encuadrar estas características a las de un auxiliar administrativo”, explica la abogada que ha conseguido este primer fallo favorable.

“Las funciones o cometidos del auxiliar administrativo suponen un alto grado de dependencia, siguiendo un método de trabajo preciso, no precisan formación específica y por su propia denominación suponen incardinar la actuación en el ámbito administrativo de la empresa. Los cometidos realizados por el actor suponen más una actuación de venta del “producto” obteniendo la identificación del cliente, los datos bancarios, y ello se encuentra mucho más cerca de la promoción comercial que de las labores puramente administrativas”, se indica en el fallo del Tribunal Superior de Justicia en el que se desestima el recurso interpuesto por una ONG.

La abogada Lara Gago recuerda que “para poder reclamar esta categoría se debe interponer una demanda por el trabajador, y solamente se puede reclamar la diferencia salarial de un año para atrás”, por lo que aconseja “no posponerlo demasiado si ya no se prestan servicios para alguna de estas asociaciones”.

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