Protesta contra el fracking en Castilla y León en la provincia de Burgos.
Protesta contra el fracking en Castilla y León en la provincia de Burgos.

La Plataforma de Funcionarios en Defensa de lo Público (Pladepu) denuncia que gracias a un cambio legal exprés el PP de Castilla y León, con la connivencia de Ciudadanos, abre la puerta al fracking en la Comunidad.

Según explican, la última modificación de la Ley de Urbanismo 5/1999 de Castilla y León tras ser publicada en el BOCyL el pasado 26 de marzo supone “eliminar de un plumazo las anteriores restricciones a la minería energética y no energética. Además de permitir proyectos mineros nada más que con una autorización excepcional de uso de suelo rústico (emitida por la propia Junta), en suelos protegidos donde hasta ahora no se podían desarrollar este tipo de proyectos”.

El Partido Popular con la connivencia de Ciudadanos parecen querer eliminar las trabas jurídicas y los controles democráticos y ambientales para desbloquear ciertos proyectos mineros especulativos de alto impacto, concretamente en las provincias de Ávila, Salamanca y Zamora. Da la sensación de que intentan saltarse los informes preceptivos del Consejo de Urbanismo, de los Ayuntamientos, de las Consejerías de la Comunidad Autónoma, del Consejo Consultivo, del Consejo Económico y Social, de los Servicios Jurídicos de la Junta, del Consejo de Cooperación Local o evitar la información pública y la participación de toda la ciudadanía. Se nos está evitando a la sociedad el poder opinar sobre algo de suma importancia, porque no ha habido periodo de exposición pública. Esta modificación legislativa, que en realidad es un cambio de gran calado en las normas, se ha llevado a cabo sin ningún periodo de información pública y en resumen lo que hace es abrir la veda, puesto que no garantiza la ausencia de extracciones mineras en espacios protegidos, en suelos de protección natural o en suelos de protección arqueológica”, denuncian los funcionarios.

La Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), que asegura que “conoce muy bien las imposiciones de la Junta de Castilla y León”, considera que la modificación de esta Ley de Urbanismo “es sumamente grave por cómo se ha hecho, a escondidas, y por todo el daño que puede implicar para el medio rural y natural de nuestra Comunidad”.

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