La Viceconsejera de Función Pública, Marta López y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Foto: JCyL.
La Viceconsejera de Función Pública, Marta López y el consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. Foto: JCyL.

Nuevo revés judicial serio a la política de función pública del PP en la Administración Autonómica. La juez titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Valladolid ha dictado un auto en el que ordena a la Junta de Castilla y León a la ejecución forzosa de una sentencia de 2017 que le obliga a repetir un concurso de traslados convocado tres años antes.

En concreto se trata del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados al Personal Funcionario de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 pertenecientes a los Cuerpos Superior, de Gestión, Administrativo y Auxiliar y de otros Cuerpos y Escalas de la Administración especial en el ámbito de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos que fue convocado en diciembre de 2014.

Atendiendo a los recursos presentados por el sindicato CGT, el TSJ anuló parcialmente la convocatoria, manteniendo el resultado del concurso ya realizado, debiendo efectuarse en ejecución de sentencia un nuevo concurso con todas las vacantes existentes en la Administración de la Comunidad Autónoma en el mismo ámbito objetivo para el que se procedió a la cobertura anulada. Sin embargo, la Junta se ha negado durante todo este tiempo a convocarlo y ahora la juez de lo contencioso ordena su ejecución forzosa advirtiendo que de no hacerlo, se puede llegar a la imposición de multas de hasta 1.500 euros “a las autoridades, funcionarios o agentes” o a deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

En su fallo la juez vuelva a dar la razón al sindicato CGT y asegura que “no se puede deducir que se esté llevando a cabo el efectivo cumplimiento de la sentencia a través de la convocatoria del concurso abierto y permanente publicado el 15 de octubre de 2018, en primer lugar porque, como afirma la parte ejecutante, la resolución de 11 de octubre de 2018 de la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto por la que se convoca concurso abierto y permanente para la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos, ha sido anulada por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso administrativo 3 de Valladolid de fecha 20 de marzo de 2019”.

Además, la juez entiende que “el concurso que ha de ser convocado, conforme a la sentencia de cuya ejecución se trata, se ha de ajustar a las bases de la convocatoria de 2014, que son distintas de las del concurso abierto y permanente de 2018”, ya que “se trata de ampliar las plazas de la convocatoria originaria” y no puede la Administración, por tanto, aplicar bases y condiciones distintas de las que rigieron la convocatoria de 2014 que ahora se trata de ampliar”.

De esta forma, la Consejería de Presidencia que dirige José Antonio de Santiago Juárez (que ocupa el número dos de la lista del PP a la alcaldía de Valladolid y en la que también figura la Viceconsejera de Función Pública, Marta López) deberá efectuar una nueva convocatoria tomando como punto de partida las plazas existentes en el momento de la aprobación y publicación del concurso de méritos del año 2014, tal y como se desprende del Fallo de la sentencia de la Sala.

Además, la Junta deberá “detallar e individualizar cada plaza o puesto que saca a concurso respecto de aquellos que no fueron ofertados en el año 2014 y debieron serlo, justificando aquellas que no saca a concurso por haber sido amortizadas o modificadas”.


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