Parque eólico en la provincia de Ávila.
Parque eólico en la provincia de Ávila.

La Sala de Gobierno del TSJCyL ha acordado remitir a la Unidad de Apoyo a las Causas Complejas por Corrupción del CGPJ el informe elaborado por el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid sobre las Diligencias Previas 658/2017, causa penal conocida como ‘caso de la trama eólica’. La Sala ha elevado las medidas formuladas por el magistrado instructor al Consejo para comenzar su tramitación como causa de especial complejidad por corrupción al entender que el citado proceso merece tal calificación atendiendo a la clase de delitos por los que se sigue.

En concreto, en las diligencias previas se investiga la comisión de los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, prevaricación y cohecho. Además, el instructor ha resaltado la pluralidad de personas investigadas así como la complejidad y la duración de la investigación debido al notable volumen alcanzado por las actuaciones.

La Sala ha informado favorablemente del refuerzo de personal especificado por el titular del Instrucción 4. En concreto, se ha considerado necesaria la integración en la actividad del órgano judicial de un equipo compuesto por un Inspector y un Subinspector del Ministerio de Hacienda, u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, para facilitar así el análisis contable, fiscal y mercantil de la documentación intervenida.

El TSJCyL ha visto conveniente también solicitar el apoyo al magistrado instructor mediante el nombramiento de otro juez en comisión de servicio sin relevación de funciones que se haga cargo del enjuiciamiento de los delitos leves para permitir así al titular del órgano una mayor dedicación a la causa compleja.

La querella que Anticorrupción presentó en su día en Valladolid con el aval del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, llegó dos años después de que la Agencia Tributaria denunciara un sistema de comisiones que cifraba en 100 millones de euros en esa comunidad. Según Anticorrupción, Rafael Delgado "exigía" a los promotores que desarrollaban parques eólicos "ceder o permitir la participación de empresas locales en el proyecto bajo amenaza de no obtener la necesaria autorización, participación que exigía que fuera próxima al 40%".

Los favorecidos con ese 40% eran "empresas pertenecientes a personas con las que [Delgado] tenía una especial relación". Entre estos están Alberto Esgueva, un antiguo alto cargo de la consejería de Economía que junto a su hermano creó Industrias San Cayetano y que ahora construye edificios en Varsovia; Germán José Martín Giraldo, socio de Esgueva en Polonia; y los hermanos Llorente Muñoz, dueños de una de las mayores constructoras de la comunidad, el Grupo Collosa.

En la querella se explica que para conseguir controlar la aprobación de todos los parques eólicos, en 2004 Delgado ordenó publicar una instrucción para que las autorizaciones administrativas ya no fuesen competencia de las delegaciones provinciales de la Junta sino que dependiesen de él. "La ilegalidad de esta instrucción queda resaltada en el informe de la Intervención General del Estado de 16 de enero de 2017, emitido a petición de esta fiscalía". De las 209 autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León entre 2005 y 2015, 197 fueron resueltas por esa "avocación" a los viceconsejeros. El 71% las resolvió Rafael Delgado y el 23% su sustituta, Begoña Hernández. Esa instrucción "permitió al viceconsejero manipular la tramitación de los expedientes de parques eólicos al controlar el momento en el que se debían tramitar los expedientes para otorgar las autorizaciones, con independencia de que los mismos cumpliesen o no los requisitos para obtener la autorización administrativa".


Noticias relacionadas:

Los correos que encienden el ventilador en la 'trama eólica'

Anticorrupción cifra en 80 M€ las comisiones de la trama eólica de Castilla y León

No hay comentarios