Instalaciones de una piscifactoría en Castilla y León. Foto: JCyL
Instalaciones de una piscifactoría en Castilla y León. Foto: JCyL

Nuevo varapalo judicial contra la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León: el TSJ ha anulado la ‘barra libre’ que había decretado para instalaciones industriales y de servicios de considerable impacto ambiental y que dejaba en prácticamente nada la regulación autonómica de las actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

En un fallo en el que se da la razón a Ecologistas en Acición, la sala anula los artículos 3, 4 y el Anexo del Decreto 8/2018, de 5 de abril, por el que se modifica el Anexo III del Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, en relación con determinadas industrias agroalimentarias de Castilla y León, se determinan las condiciones ambientales mínimas y se regula el régimen de comunicación ambiental, por considerar “evidente que una modificación de dicha norma (que tiene rango de ley), como la introducida por el artículo 3 del Decreto impugnado, ha de contar con una justificación técnica suficiente, ya que el nivel de exigencia para una norma de rango inferior no va a ser menor que la exigida para una norma de mayor rango”.

“Examinado el expediente administrativo no existe ningún informe que justifique esa modificación del Anexo III del Decreto legislativo y, por lo tanto, qué razones hay, desde el punto de vista de la incidencia en el medio ambiente, para modificar el régimen de intervención administrativa establecido en una disposición normativa con rango de ley”, se dice en el fallo en el que se insiste en que “esa falta de informes técnicos que avalen la modificación ahora impugnada se corrobora con la propia justificación del Decreto, ya que en su Preámbulo se alude a la necesidad de reducir cargas administrativas (remitiéndose al Acuerdo 21/2016, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial) y a la importancia económica del sector agroalimentario”.

El Tribunal recuerda que “ú́nicamente se alude a los aspectos medioambientales cuando se afirma: “Desde el punto de vista medioambiental el sector industrial agroalimentario se encuentra entre los sectores productivos menos contaminantes. Este hecho permite que para este tipo de actividades sea posible rebajar las exigencias establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y posibilitar su sometimiento al régimen de comunicación ambiental”, aunque, sin embargo, “no hay ningún informe, ni argumento alguno que respalde dicha afirmación”.

En su fallo el TSJ indica que el alcance de esta habilitación normativa ha sido ya analizada por esta Sala en la Sentencia de fecha 11 de abril de 2019, dictada en el recurso 497/2018, en el que se impugnaba el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas de Castilla y León “De esta forma ha de considerarse que la modificación efectuada excede con mucho a lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado, modifica normas con rango de Ley y, por otro, altera de forma sustancial el contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades”, señala.


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