Movilización de CGT contra la política de personal de la Junta a las puertas de las Cortes. Foto: Gaspar Francés
Movilización de CGT contra la política de personal de la Junta a las puertas de las Cortes. Foto: Gaspar Francés

El sindicato CGT acusa a la Junta de Castilla y León de “burlarse” de la Justicia al entorpecer la repetición de un concurso de traslados convocado en 2014 como el pasado mes de mayo ordenó la juez titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Valladolid en un auto adelantado por últimoCero.

En concreto se trata del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados al Personal Funcionario de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 pertenecientes a los Cuerpos Superior, de Gestión, Administrativo y Auxiliar y de otros Cuerpos y Escalas de la Administración especial en el ámbito de la Administración general de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos que fue convocado en diciembre de 2014. El TSJ anuló parcialmente la convocatoria, manteniendo el resultado del concurso ya realizado, debiendo efectuarse en ejecución de sentencia un nuevo concurso con todas las vacantes existentes en la Administración de la Comunidad Autónoma en el mismo ámbito objetivo para el que se procedió a la cobertura anulada.

CGT denuncia ahora que “el maquiavélico señor José Antonio de Santiago-Juárez, Hasta hace unos días Vicepresidente y Consejero de la Presidencia, y su escudera más fiel Marta López, ex Viceconsejera de la Función Pública, pergeñaron, con la frialdad que les ha caracterizado, su último plan” y el día 12 de junio de 2019, tres días antes de irse de la Administración para recalar como concejales del Ayuntamiento de Valladolid, aprobaron tres Resoluciones en relación al cumplimiento forzoso de la citada sentencia.

“Ese plan lo ponen en escena y nos lo entregan como si se tratara de una mala serie televisiva, por capítulos”, explica CGT indicando que el viernes 14 de junio, se públicó en el BOCyL la Resolución de 12 de junio de 2019, de la Viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que se dispone el cumplimiento de la Sentencia Nº 223/2017, “que momentáneamente terminaba con la rebeldía de la Junta a cumplir la citada Sentencia firme” y que 4 días después en el BOCYL se publican otras dos resoluciones que habían sido tomadas con anterioridad.

En la resolución de 12 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, convoca “concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados al personal funcionario de los Subgrupos A1 y A2 perteneciente a los Cuerpos Superior y de Gestión de la Administración y de Gestión Económica-Financiera, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos, en ejecución de sentencia” lo que, se traduce, según CGT, en que “las más de 1.500 plazas no ofertadas en el concurso de diciembre de 2014, por arte de magia y cinismo, se han transformado en solamente 11 plazas ofertadas, pasando este concurso a los anales de la historia, y digno de figurar en el libro Guinness, como el concurso de méritos generales más pequeño del mundo”.

La tercera resolución, también de 12 de junio, aprueba listado de puestos que quedan excluidos de oferta en el concurso abierto y permanente convocado por Resolución de 11 de abril de 2019 con lo que, según CGT, “el fin del plan se consigue; el concurso abierto y permanente continúa al excluirse solamente 6 plazas del mismo, por estar ofertadas en el anterior mini microconcurso”.

“Llevamos peleando más 4 años para subsanar un derecho legítimo de los funcionarios, eso sí en ese tiempo la Administración, lejos de cumplir la legalidad, se ha dedicado a intentar entorpecer continuamente la ejecución de ese derecho, cegados ante la posibilidad de alcanzar el único triunfo posible tras años de humillantes recortes en nuestros bolsillos y en nuestros derechos: el concurso abierto (sin resultas) y permanente (como mucho anual)”, se queja el sindicato CGT que anuncia que pondrá en conocimiento de la justicia “esta burla” y seguirá, “en solitario”, intentando que se cumpla, en todos sus términos, la sentencia firme 223/2017.

“Esperemos que el tiempo ponga a cada uno en su sitio: A los responsables de la función pública de Castilla y León, delante de la justicia. Y a los sindicatos colaboradores necesarios con esta burla (CCOO, CSI-F y UGT), fuera de los órganos de representación de los funcionarios, por su colaboración y silencio cómplice”, concluye el sindicato.


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