Antonio Gato Casado en el último pleno del Ayuntamiento. FOTO: ÚC
Antonio Gato Casado en un pleno del Ayuntamiento. FOTO: ÚC

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Valladolid, mediante sentencia nº 88/19 de veinte de junio de 2019, ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el ex concejal de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid Antonio Gato anulando el acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de enero de 2019 por el que se declaró el incumplimiento del deber de abstención en la firma del decreto de contratación laboral temporal de su cuñada y se sancionó al exconcejal con la publicación del acuerdo en el BOP.

El Juzgado condena asimismo al Ayto de Valladolid a publicar en el Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid la parte dispositiva o fallo de la sentencia dictada.

La sentencia tras realizar un pormenorizado relato de los hechos, analiza de forma exhaustiva qué tipo de participación o intervención tuvo el concejal en el proceso selectivo para determinar si concurría o no causa de abstención que determinara que el no hacerlo podría comprometer los requisitos impuestos por la ley vigente. En el fallo queda  probado que la iniciativa de las tres contrataciones (un economista y dos ingenieros para realizar tareas mediante contrato de obra o servicio tareas de apoyo al proceso de remunicipalización de la gestión del agua en la ciudad de Valladolid) parte de una Concejalía distinta a la que dirige en concreto la Concejalía de Medio Ambiente, que es la que también propone la duración prevista de los contratos, su modalidad y funciones, el perfil profesional requerido, la forma de selección de candidatos mediante oferta genérica de empleo al ECYL, la composición del Órgano de Selección y las pruebas selectivas a efectuar.

Realiza también la sentencia una valoración del proceso selectivo afirmando que fueron elegidos quienes de forma objetiva superaron las pruebas y obtuvieron mayor puntuación, respetándose siempre en todo el proceso los principios de mérito y capacidad.

Afirma asimismo que fue el Órgano de Selección, por unanimidad de sus miembros, el que determina quienes son los aspirantes que han superado el proceso de selección y efectúa la propuesta de contratación, proceso en el que el concejal Antonio Gato no tuvo ningún tipo de intervención ni participación ya que “su firma o ratificación fue meramente formal, sin ningún tipo de afectación al contenido de la decisión administrativa, que fue realmente tomada por el Órgano de Selección con propuesta del Subdirector del Departamento de Gestión de Personal. Es una mera validación sin afectación, por lo que considera la Magistrada-Juez que, "en este caso concreto, y valorando en conjunto todas las circunstancias concurrentes, el actor (concejal) no es merecedor de una sanción por incumplimiento del deber de abstención” y que “el actor por el mero hecho de firmar la citada Resolución o Decreto, no puede considerarse que incurrió de forma objetiva en una infracción tipificada en el art 29.2.b) de la Ley de Trasparencia”.

En su fundamento de derecho cuarto la sentencia establece que el deber de abstención va dirigido a garantizar que no se produzca la influencia de intereses personales y/o familiares de los altos cargos mencionados en su ámbito de aplicación, así como a la satisfacción del principio constitucional de objetividad e imparcialidad.

"Los Concejales integrantes de la Junta de Gobierno están rigurosamente sometidos al genérico deber de abstención, que deberá ser apreciado caso a caso en función del contexto concreto, y que garantiza que no se tomen decisiones que puedan beneficiar a determinados familiares o a determinados intereses solo por el hecho de ejercer las funciones públicas desde el puesta de concejal, quiere esto decir que ninguna persona por tener un vínculo familiar con un Concejal de un Ayuntamiento pueda recibir un beneficio o un trato de favor que no obtendría de no participar de esa familiaridad o que le coloque en una posición aún mínima de privilegio por encima del resto de la ciudadanía", se indica en el fallo antes de concluir que "esto no afecta ni concurre en el supuesto que aquí se está dirimiendo, pues la cuñada del concejal participó en proceso objetivo y de concurrencia competitiva, superó las pruebas selectivas por sus propios méritos sin que este proceso tuviera ninguna participación ni intervención ni influencia el concejal afectado, que se limitó a ratificar con su firma la decisión tomada, en puridad hubiera sido más saludable no haber firmado, pero se considera que analizando de manera pormenorizada este caso concreto, la firma no tiene entidad suficiente como para justificar la comisión de la infracción imputada”.

Antonio Gato ha manifestado su satisfacción por la sentencia puesto que "ésta recoge todos y cada uno de los argumentos que ha venido manteniendo en las muchas vicisitudes que ha tenido este asunto".

"Han quedado así acreditadas en sede judicial la limpieza y transparencia del proceso de contratación que se llevó a cabo con absoluto respeto y cumplimiento de todos los principios que rigen en este tipo de procesos, así como mi honestidad, la de la persona que seleccionada (mi cuñada) y la del Órgano de Selección", señala el concejal.

"En junio de 2016 cuando sale a la luz pública este proceso, el hasta hace poco Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayto de Valladolid Sr. Martinez Bermejo inicia una autentica 'cacería política' contra mí y contra el alcalde Oscar Puente, con el objeto de desacreditarme ante la opinión pública y poner en duda mi honorabilidad, llegando a pedir mi cese en varias ocasiones. La 'cacería' ha durado hasta enero de 2019 cuando la Junta de Gobierno del Ayuntamiento toma el acuerdo, ahora anulado por la Justicia, de declarar mi deber de abstención y ejecutar la 'pena' consistente en publicar el acuerdo en el BOP", recuerda Gato antes de denunciar: "A lo largo de estos años algunos medios de comunicación se han hecho eco de las múltiples incidencias de este proceso, generándose en la opinión pública cuando menos la sombra de duda sobre la limpieza del proceso y mi honestidad".

"Con un celo y persistencia inusitados, el Sr. Martinez Bermejo ha tenido acceso (a través de dos concejales del Grupo Popular) al expediente completo en dos ocasiones facilitándose copia del mismo, lo que agrava aun mas su actuación en este proceso pues ha sido conocedor desde el primer momento de la limpieza del mismo. En vía administrativa ha enviado cinco requerimientos y recurrido dos decretos del alcalde (todos contestados y/o resueltos), ha promovido ante el Procurador del Común requerimientos al alcalde en dos ocasiones, y ha recusado al Secretario General del Ayto. como instructor del expediente que finalmente aprobó la Junta de Gobierno. Y por último en vía judicial ha presentado en el Juzgado de Guardia una denuncia en vía penal contra el alcalde por un delito de prevaricación administrativa por omisión, denuncia que fue sobreseída por el Juzgado de Instrucción nº 4, y ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Valladolid contra el auto de sobreseimiento. Una ingente dedicación, como vemos, a este asunto de gran trascendencia en la política municipal. Al final el tiempo, y especialmente la Justicia, dan o quitan la razón, y ponen a cada uno en su sitio. Pero el daño ya está hecho, daño personal, a mi entorno familiar, profesional y político. Exijo por tanto una reparación pública por parte del Sr. Martínez Bermejo", reclama Antonio Gato que agradece al Alcalde Óscar Puente "el total apoyo que me ha prestado a lo largo de todo este 'agotador' proceso". "Él conocía al detalle como se había producido este y nunca tuvo duda de la limpieza y legalidad del mismo, y de mi honestidad. Únicamente ante la resolución de la Audiencia Provincial consecuencia de la querella penal interpuesta contra el por el Sr. Martinez Bermejo, se vio obligado a proponer el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno", lamenta el ya ex concejal de Hacienda, Antonio Gato.


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