Portavoces de los distintos colectivos señalan en un plano algunas de sus alegaciones al nuevo PGOU. Foto: úC
Portavoces de los distintos colectivos señalan en un plano algunas de sus alegaciones al nuevo PGOU. Foto: úC

Siete colectivos de la ciudad que han participado activamente en los dos periodos de información pública en diciembre de 2017 y enero de 2019 proponiendo mejoras mediante alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana han mostrado hoy su descontento al analizar el documento y comprobar que la mayoría de sus aportaciones no han sido tenidas en cuenta.

La Asociación Cultural Ciudad Sostenible, la Asamblea Ciclista (ASCIVA), FACUA-Consumidores en Acción de Castilla y León, la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid “Antonio Machado”, la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Telecomunicaciones (AVAATE), el sindicato CGT Valladolid y Ecologistas en Acción de Valladolid entienden que “el segundo periodo de información pública era obligado legalmente como consecuencia de la reordenación sustancial de la forma de integración del ferrocarril en la ciudad y la desaparición del Plan Rogers” y lamentan que “haya servido únicamente para la corrección de errores materiales, tal y como se advirtió desde el principio desde la Concejalía de Urbanismo”. “La participación pública no puede ser un mero trámite formal. Hay que responder con argumentos y precisión a las propuestas alternativas presentadas. La democracia participativa a la que tanto se alude se ha olvidado en este trámite”, denuncian.

Indican que no les parecen adecuadas las contestaciones a la mayor parte de sus alegaciones en este segundo periodo de información pública que finalizó el 4 de enero al tratarse de respuestas realizadas "de forma rutinaria y con formulaciones genéricas en la mayor parte de las ocasiones". Y al menos en una, el caso de Ebro-Piensos CIA, existe, además, "contradicción formal entre el Informe de Alegaciones y la ordenación aprobada". 

Además, indican que “destaca la ausencia en el Plan de consideraciones jurídicas y el control de su legalidad por técnico competente”.

En relación con el suelo urbano, las siete organizaciones mantienen la necesidad de que el Plan justifique la delimitación del sector de la actuación ferroviaria y el cálculo de su aprovechamiento medio; regule los aprovechamientos urbanísticos del subsuelo; revise la ordenación propuesta en ámbitos judicializados como Cáritas y Piensos CIA y de otros espacios significativos como el Seminario.

Refiriéndose al suelo urbanizable señalan que “sigue pareciendo desmesurada la calificación de suelo para un total de 49.428 viviendas, cifra que no se corresponde con la evolución demográfica de la ciudad en los últimos años ni con los datos de formación de nuevos hogares y constituye una llamada para un urbanismo desmesurado”.

Hay, en el Plan, diversos sectores de suelo urbanizable (comprendidos básicamente en la zona Este, entre la vieja Ronda Interior y la nueva) que son totalmente prescindibles, ya que se encuentran alejadas de la ciudad e influirán negativamente en la sostenibilidad del modelo, generarán nuevas necesidades de desplazamiento, dejarán muy abierta y en manos de los promotores privados la ampliación desmedida de la ciudad, y, algunas de ellas, se encuentran en zonas claramente inundables. “A este respecto cabe destacar que, entre los nuevos sectores de suelo urbanizable (actualmente suelo rústico), el Sector 16-1 “Entre Esguevas” tiene casi un 20% de su superficie afectada por el periodo de retorno de 100 años fijado por la Confederación, el Sector 17-1 “Camino de las Culebras” el 33,3% de su superficie, y el Sector 17-2 “Carretera de Villabáñez” el 66,5% del total. Similar problema tienen sectores ya existentes, como Los Santos II donde el 95,7% del suelo está afectado por el periodo de retorno de 100 años. No están los tiempos para seguir urbanizando en terrenos inundables”, señalan los 7 colectivos.

Además, señalan como insuficiente la consideración dado en el Plan al problema de la vivienda. Apenas se tienen en cuenta las posibilidades de utilización de la gran cantidad de viviendas vacías existentes”. Además, señalan que “en el documento de Aprobación Provisional aparecen afirmaciones muy discutibles como la que dice que “Las necesidades de disponer de vivienda para los grupos de renta bajos pueden ser satisfechas si hay vivienda para los grupos de renta altos. Este proceso se conoce como filtering-down (o goteo)”.

Asimismo, los siete colectivos vallisoletanos siguen manteniendo la necesidad de acotar el número de aparcamientos que pueden construirse, transformar en aparcamientos para residentes -o comerciantes de la zona- los de rotación que se encuentran en el casco histórico o en su perímetro, y eliminar cualquier tipo de aparcamiento en centros educativos o plazas arboladas. Igualmente, consideran que debe mejorarse sustancialmente el diseño de los pasos bajo el ferrocarril.

Los siete colectivos vecinales, ecologistas, ciclistas, de consumidores, sindicales, ciudadanos reivindican  igualmente “que hay que lograr mayor coherencia entre todos los instrumentos municipales relacionados con la movilidad y sus repercusiones en la salud (PGOU, PIMUSSVA, Plan de Acción Contra el Ruido y Plan de Mejora de la Calidad del Aire)”. “Tiene poco sentido hablar del establecimiento de una “zona de bajas emisiones en la ciudad” sin que el Plan recoja y dote de sentido dicha propuesta”, añaden.

Por último, llaman la atención sobre “el aumento del riesgo ambiental derivado de la creciente domotización de las `ciudades inteligentes´ y lamentan que no se haya hecho realmente una evaluación del impacto en la salud de la proliferación de las infraestructuras de radiocomunicación. La realizada en la revisión del PGOU ni es completa ni se usado una metodología mínimamente aceptable y, además, el PGOU no prevé la posibilidad de una planificación dirigida desde el Ayuntamiento que permita minimizar con garantías las citadas inmisiones”.


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