Los promotores de esta denuncia Miguel Pérez y María Jesús Irurtia, en los estudios de RNE.
Los promotores de esta denuncia Miguel Pérez y María Jesús Irurtia, en los estudios de RNE.

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valladolid ha anulado las últimas elecciones celebradas en el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León que en la práctica fueron las primeras en 30 años mientras Eduardo Montes ocupó la presidencia.

Según el fallo al que ha tenido acceso últimoCero, el juez, que da la razón a los colegiados María Jesús Irurtia y Miguel Pérez, entiende que “concurre la causa de nulidad del procedimiento electoral invocada en la demanda, por infracción de la normativa de aplicación, tanto los Estatutos del COPCYL como la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre colegios profesionales, de tal manera que la notificación y publicidad defectuosa o tardía de la convocatoria de elecciones a los recurrentes ha restringido su derecho de libre acceso y participación en igualdad de condiciones en el proceso electoral que se ha llevado a cabo, lo que constituye el motivo de nulidad previsto en el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas”.

La vulneración apreciada por el juez invalida “no sólo el acto de publicidad o notificación tardío, sino la convocatoria de elecciones en sí misma, al dejar sin contenido la regulación que hace el proceso electoral de los plazos que han de cumplirse; en definitiva, vicia de nulidad todo el proceso electoral desde su convocatoria así como los actos posteriores del procedimiento, siendo necesaria la adopción de un nuevo acuerdo de convocatoria de elecciones y la tramitación de un nuevo procedimiento donde no se restrinjan los derechos de los colegiados”.

El fallo, que condena al pago de costas (500 euros) al Colegio de Psicólogos, no es firme y es susceptible de ser recurrido.

Los promotores de esta denuncia, María Jesús Irurtia y Miguel Pérez encabezaron en mayo de 2018 una candidatura alternativa a la respaldada entonces por Eduardo Montes, que había anunciado su despedida. En su presentación, denunciaron distintas irregularidades entre las que destacaba que “las cuentas del 2016 y el presupuesto de 2017 no fueron aprobadas en la Asamblea General, ya que el Consejo suspendió dicha Asamblea”, la falta de trasparencia “especialmente en todo lo que corresponde a las cantidades que perciben los miembros de Junta” directiva del Colegio, la práctica de “una política muy poco ortodoxa en personal” así como el “intento de cese y sanción arbitraria a los integrantes de la Comisión Deontológica del Colegio para evitar rivales en el proceso electoral” que ahora. A la vista de este pronunciamiento judicial, parece que tendrá que repetirse.


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