Edificio de la Junta conocido como 'Perla Negra', sede de la antigua ADE, cuya adquisición está siendo investigada. Foto: úC
Edificio de la Junta conocido como 'Perla Negra', sede de la antigua ADE. Foto: úC

El nepotismo en la antigua Agencia de Desarrollo Económico de la Junta de Castilla y León que trabajadores y sindicatos han venido denunciando durante años será finalmente juzgado. El Juzgado de lo Social 3 de Valladolid ha fijado fecha para la celebración de la vista oral el próximo 18 de marzo de 2020.

Este señalamiento se produce después de que La Sala de lo Social del Tribunal Supremo haya dictado sentencia en recurso de casación para la unificación de doctrina planteado por José Luis Rodríguez Molero, que en su condición letrado y en representación de los trabajadores, tanto la demanda como el citado recurso, dirigido contra la ADE, ahora denominada Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE).

El proceso se inició en 2013 con una demanda en la que se solicitaba la nulidad de la incorporación directa, sin oposición, de personal a la Administración regional, aunque tanto el Juzgado de lo Social de Valladolid como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, no se pronunciaron sobre el fondo de la cuestión planteada, sino que la desestimaron por excepción procesal de “litisconsorcio pasivo necesario” u obligación procesal de demandar, a todos los trabajadores incluidos en la resolución.

Finalmente el Tribunal Supremo en su sentencia estima en parte el recurso al apreciar falta de litisconsorcio pasivo necesario, declara la nulidad de dicha resolución retrotrayendo las actuaciones al momento de presentación de la demanda, para que pueda la parte ampliar la misma frente a las personas interesadas en el presente procedimiento, y prosiga por sus trámites”. Con ello se anulan, quedando sin efecto, las sentencias previas del Juzgado de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en las que se desestimaba la demanda.

El Juzgado de lo Social de Valladolid deberá volver a tramitar el proceso, pronunciándose sobre la materia objeto de demanda, mediante una sentencia de fondo que se pronuncie sobre las pretensiones incluidas en la demanda, es decir: sobre la nulidad de la “asignación de trabajadores que no hayan aprobado las convocatorias públicas de empleo”, la nulidad de la “asignación de plazas de libre designación a personal laboral no fijo”, “así como la nulidad de la asignación de complementos retributivos sin tener en cuenta los requisitos de mérito y capacidad” (…)“Declarando al mismo tiempo la inadmisibilidad legal de la incorporación a una administración, de manera automática y sin respetar los requisitos exigibles para el acceso al empleo público”.

La demanda ahora admitida, y a la que ha tenido acceso últimoCero, plantea que en la antigua ADE (actual Instituto para la Competitividad Empresarial) se convocaron cien plazas de oposición, de las cuales siguen en el ente público 83 trabajadores y, sin embargo, se han admitieron a 150 trabajadores, lo que implica que el resto, unos 67 trabajadores (45% de la plantilla total) habrían entrado de forma directa, sin haber aprobado una oposición. Este hecho supondría la vulneración del artículo 23.2 de la Constitución, que reconoce como derecho fundamental la igualdad en el acceso a las funciones públicas, según se denuncia.

Asimismo se pone de manifiesto en la demanda que el reparto de complementos retributivos se habría producido sin tener en cuenta los requisitos de mérito y capacidad, asignando complementos a trabajadores que carecen de titulación universitaria y que, sin embargo, se les ha considerado “asimilados a titulados superiores” a fin de reconocerles complementos, incluso superiores a los que se otorga a quienes sí cuentan con titulación universitaria superior.

Especialmente se denuncia que se han asignado los puestos de mayor retribución (puestos de libre designación) a trabajadores que no podrían ostentarlos, según la normativa aplicable, que reserva dichos puestos de manera exclusiva a los trabajadores fijos o funcionarios de carrera. Según la demanda admitida, de las 50 plazas de libre designación asignadas directamente, tan solo 21 estaría ocupadas por personal que hubiese superado una oposición y la mayoría (29 plazas) estarían ocupadas por personal que ha sido asignado de manera directa, sin haber aprobado una oposición.

Mediante la demanda se solicita al juzgado que declare la nulidad de pleno derecho de la asignación de trabajadores que no hayan aprobado convocatorias públicas de oposición, especialmente la asignación a puestos de libre designación de los mismos, así como la nulidad de la asignación de complementos retributivos sin tener en cuenta los requisitos de mérito y capacidad que exige la constitución.

También se solicita al juzgado que declare la inadmisibilidad legal de la incorporación de trabajadores a una Administración de manera automática y sin respetar los requisitos exigibles para el acceso al empleo público.

Según la información en poder de últimoCero existen muchos y variados ejemplos de nepotismo en la plantilla resultado de la fusión de las demás ‘Ades’. En la antigua ADE Financiación están documentados al menos 14 contratos directos (sin proceso público de selección), además de un “acceso irregular” ya que en la convocatoria pública con la que consiguió hacerse con la plaza “su número de orden era superior al de plazas convocadas”.

Algo parecido ha ocurrido en el resto de ADES. En la antigua ADE Internacional Excal el número de contratos directos (sin concurso oposición) asciende a 35, a 12 en la Fundación ADE Europa, en ADE Parques a 3 y a otros 22 en el ente público ADE CYL, donde además se documentan otros 10 “accesos irregulares” (el número de orden conseguido en la oposición que se convocó era superior al de número de plazas convocadas).

Además de estas supuestas “irregularidades”, en todas las empresas que han acabado por conformar la Agencia de Innovación, Financiación e Innovación Empresarial de Castilla y León, aparecen nombres conocidos por ser familiares de políticos del PP o parientes o amigos de altos cargos de la administración regional y local.

3 Comentarios

  1. Hasta donde yo conozco, en todas las empresas PÚBLICAS que se fusionaron en la antigua ADE, ahora ICE, hubo protocolos de contratación con pruebas que respetaban los principios de acceso a la función pública que no son otros que Mérito y Capacidad.
    Si a lo que se refieren es a que los trabajadores de la ADE, superaron pruebas más difíciles, entonces tendríamos que cuestionarnos todas las realizadas a estos trabajadores, uno por uno, porque de ningún modo fue un proceso homogéneo para todos los empleados y aunque estos trabajadores piensen que hay trabajadores de dos clases (Provenientes de la Antigua ADE y Provenientes de las Empresas PÚBLICAS fusionadas con la Antigua ADE en el actual ICE). realmente sólo hay un tipo de trabajadores que son los que pertenecen al ICE, y aunque se aseguraron de discriminar en el Convenio a los trabajadores llegados de estas Empresas Públicas con procesos de acceso tan válidos como los de la antigua ADE, eso no cambia las cosas, hay una empresa y unos trabajadores que has superado cada uno las pruebas necesarias para ser trabajadores públicos.
    Quizás si que sea objeto de estudio lo que trabajan unos y otros, porque en todos los sitios hay incapaces y no se ciñen sólo a uno de estos dos colectivos.

  2. Hola, soy miembro del comité de empresa y de la sección sindical de UGT en el ICE.

    Tal y como indica esta noticia y otras que han aparecido en este y otros medios, existen unos hechos que son ciertos y que nadie pone en duda.

    Es un hecho incontrovertido que no existe oferta de empleo público en el ICE desde hace más de 19 años.

    Asimismo hay trabajadores que han entrado al ICE mediante una oposición pública en el BOCyL, superando en libre concurrencia con cientos de ciudadanos unas pruebas selectivas con mejor nota que los demás; es decir, con procedimientos objetivos y transparentes, cumpliendo los requisitos constitucionales y legales que se exigen en nuestro país para ocupar un puesto de trabajo de carácter fijo en la Administración.

    Como muestra te reseño las ofertas de empleo público que se han superado en esta entidad y a las que se refiere la Sentencia del Tribunal Supremo que menciona la noticia:

    FECHA BOCYL Nº BOCYL PLAZAS CATEGORÍA
    30/12/1997 250/1997 26 25 PLAZAS DE TECNICO Y 1 DE LETRADO ASESOR JURÍDICO
    01/04/1998 62/1998 30 30 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
    03/07/1998 125/1998 2 2 CONDUCTOR ORDENANZA
    03/07/1998 125/1998 22 22 TÉCNICO
    18/01/2000 11/2000 1 1 CONDUCTOR ORDENANZA
    06/10/2000 195/2000 11 11 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
    06/10/2000 195/2000 8 8 TÉCNICO
    100

    Posteriormente, en años posteriores no se realizó ninguna Oferta Pública de Empleo sino que fueron transferidos directamente al ICE trabajadores de fundaciones y empresas de la Junta que desaparecieron. Alguna de esas empresas ni siquiera era pública pues la participación de la Junta en su accionariado era inferior al 50 %. Las empresas de procedencia se encontraban en quiebra técnica (caso de EXCAL, S.A) o acumulaban cuantiosísimas deudas (caso de ADE PARQUES, S.A. con una deuda de 400 millones de euros)

    Evidentemente esos trabajadores realizaban unas actividades y funciones en sus empresas de origen que siguieron realizando en el ICE pero con la diferencia de que estos trabajadores no han superado una oposición que legalmente les confiera la condición de fijo.

    Es más, algunos de ellos ni siquiera tienen la titulación académica necesaria para ocupar el puesto de trabajo que ocupan, de ahí la figura de los “asimilados”.

    Lo más grave del caso es que desde el departamento presidido por Pilar del Olmo se está pretendiendo hacer fijos a dichos trabajadores, permitiéndoles la participación en procesos de promoción interna y en convocatorias de libre designación que están exclusivamente reservados al personal laboral fijo (el que ha superado una oposición).

    En el ICE se desempeñan muchas actividades, algunas ya se realizaban antes del trasferir estos trabajadores y otras son más nuevas, pero el problema no radica en el desempeño del puesto de trabajo, sino en la forma de entrada.

    Los ciudadanos tienen que saber, y más con el desempleo que padecemos, que en el ICE existen puestos de trabajo que están ocupados por personas que no han superado una oposición y algunas de ellas sin la correspondiente titulación. Esto es un hecho constatable y una manifiesta injusticia. Injusticia tanto para los propios trabajadores que sí han superado una oposición, como con respecto a los miles de jóvenes que tienen que abandonar Castilla y León por no encontrar un puesto de trabajo en nuestra comunidad.

    Evidentemente la culpa de todo lo anterior no la tenemos los trabajadores, ni los procedentes de la antigua Ade, ni los procedentes de otras entidades, ni los fijos, ni los no fijos, sino los gestores políticos que son los que han causado esta situación.